El asunto minero
La minería es un importante asunto científico, técnico, social y político de gran trascendencia en cualquier país, por eso creo importante señalar algunas cuestiones que a mi juicio personal son errores de vieja data que el proceso bolivariano no puede darse el lujo de continuar reeditando.
La minería es una de las actividades humanas más antigua, de hecho representa una de las actividades que posibilitó la evolución de la humanidad hacia estadios superiores de desarrollo. Como revolucionario estoy convencido de la necesidad de la conservación del planeta, seria y objetivamente amenazado por el sistema capitalista y por los criminales ritmos de explotación a los que se somete a la naturaleza, allí está el quid del problema, como decía Marx, no en el que se produce sino en el cómo se produce.
En el estado Bolívar se practica la minería a gran escala por empresas del estado y por algunas empresas privadas incluyendo transnacionales; también se practica la minería a pequeña escala (para oro y diamante) desde el año 1.829, clara prueba de la vocación minera de la región.
La minería es una ciencia y existen suficientes experiencias que hablan de la posibilidad de realizar trabajos muy eficientes en esta materia a un bajo impacto ambiental. Una de esas experiencias, avalada por CVG, se vivió en los años noventa en el bajo Caroní, dónde una asociación de balseros logró superar la producción anual de oro de Minerven con casi cero impacto ambiental; esta experiencia ha sido implementada en países como Suráfrica. No creo que en pleno siglo XXI existan ingenuos que piensen que Ferrominera, Minerven o Bauxilum no producen impacto ambiental al explotar sus minas, para ello contratan profesionales cuya función es revertir dichos impactos, ¿por qué sería imposible esto en la minería a pequeña escala?, porque en ese aspecto el problema es político y no técnico, entonces hay que revisar quien se beneficia de la declaratoria de ilegalidad a la pequeña minería. Venezuela cuenta con los recursos técnicos y con profesionales capaces para implementar un ordenamiento territorial que contemple zonas para la explotación minera artesanal y a pequeña escala, pero hay que acabar con las roscas que permiten la explotación inclusive en zonas protegidas y luego aparecen como defensores del ambiente. Por ejemplo, para la instalación de una balsa (equipo de explotación minera en agua), hace falta un colosal traslado de maquinarias que presuntamente nunca es advertido por las autoridades competentes pero que siempre llegan a destino, las preguntas pertinentes son ¿por dónde pasan en su traslado?, ¿quién se beneficia de esto?, ¿qué pasó con la reconversión minera?.
En Venezuela no se manejan, ni se han manejado nunca, cifras precisas sobre la producción diamantífera (se cree que está por el orden de los 30 millones de dólares anuales), entre otras cosas porque nuestros diamantes son declarados en Guyana y Brasil, ya que nuestro país no emite certificado de origen. ¿A quién beneficia esto, a la nación o a los que hacen negocios a partir de la absurda ilegalidad de una actividad que debe estar al servicio del desarrollo nacional y controlada por el estado venezolano?. Sería mejor no pretender cerrar los ojos ante nuestras riquezas diamantíferas, y ejecutar mecanismos de producción a pequeña y gran escala.
La depredación ambiental es un grave delito, que debe recibir castigo para quien lo ejecuta y para quien lo permite. La minería, si se practica con criterio científico, no es sinónimo de depredación.
La maldición no es la minería, son las mafias que se constituyen alrededor de un negocio tan productivo. Afinemos la puntería política con criterio revolucionario.
(*)Militante del PCV
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