George Gordon Byron…
Venezuela parece tener un cáncer en estado terminal. La corrupción parece correr en la sangre de los funcionarios públicos, muchas veces desde un humilde agente del orden público, hasta las grandes cúpulas del poder.
Por más discursos que diga el Presidente Hugo Chávez en la lucha contra la inseguridad y la corrupción, por más que se pronuncien discursos de corte revolucionarios, por más que se hagan promesas, el mal seguirá, hasta que el mismo estado impune estalle desde su misma cloaca.
De seguir esto así, y a tan sólo dos meses celebrarse el bicentenario de la independencia de 1810 que puso fin al yugo español, y a once años de los 40 años del final del puntofijismo; el pueblo venezolano muy pronto tendrá que hacer justicia, y las consecuencias electorales del 26S podrían ser desastrosas.
Olas de secuestros, atracos, asesinatos, tráfico de armas, de drogas, prostitución; están a la orden del día. Ya parece no ser noticia el reporte o la información a través de los medios. La noticia será el día que no se reporten más incidentes de esta naturaleza.
Los organismos encargados de administrar justicia, de investigar los delitos que la ciudadanía denuncia, no hacen su trabajo muchos de ellos debido a que, aunque no todos, pero si la mayoría de ellos, están en sintonía con el crimen organizado. Es una telaraña difícil de exterminar, un pulpo con múltiples tentáculos, donde se ha sembrado muchos intereses.
Resolver el problema de raíz es de la más alta responsabilidad de todos los poderes del estado venezolano. Hay que depurar a las policías en todos sus niveles, esto puede ser una solución viable. Pero muchos de los despedidos difícilmente buscaran trabajo en algún oficio honesto. Dónde se puedan ganar los emolumentos que percibían por su complicidad con la delincuencia organizada o no. De seguro muchos llegarán a ser nomina de los grandes carteles. Otros formarían sus propias bandas delictivas, empeorando aun más la situación del país.
La implantación de un estado de excepción con un severo control legislativo, podría ser la solución para combatir a la delincuencia organizada. Pudiéndose llegar a los extremos ‘descabellados’ de militarizar el sistema judicial en su totalidad; es decir jueces, fiscales y hasta los policías estaría bajo su control. De esto no ocurrir, se podría decir que los días de estos poderes públicos principales en Venezuela están contados.
El pueblo venezolano, por mandato constitucional hablando en términos jurídicos tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Habrá que seguir esperar ando, pero la espera ya no puede ser de otros doscientos años más.
Percasita11@yahoo.es