Nuestro gobierno revolucionario siempre se ha caracterizado por responder con contundencia a las agresiones de la derecha. Con justa razón Fidel caracterizaba a Chávez como un excelente contragolpeador. Ante un ataque de la oligarquía y el imperialismo, una respuesta inmediata y categórica.
En estos momentos, en que los enemigos de la revolución intentan una suerte de “golpe económico” es recomendable ir nuevamente a la ofensiva. Las inspecciones contra los acaparadores deberán incrementarse –el gobierno está desplegado en esa dirección–. Pero conjuntamente con ese accionar es necesario actuar con toda la fuerza de la ley y con mano de hierro, como bien recomendó en su oportunidad Chávez a Nicolás Maduro.
Todo aquel acaparador deberá ir preso, haciendo conocer los nombres y apellidos de los responsables del ilícito, como asimismo la empresa y sus dueños. La confiscación de los bienes de los delincuentes contrarrevolucionarios es una medida ejemplificadora que debe implementarse en todos estos casos. No es suficiente informar la cantidad de toneladas de alimentos incautadas a través del Plan Nacional de Inspección y Fiscalización; sino llevar al escarnio público a sus responsables.
La guerra contra la inflación es un tema político de singular importancia y no está en las variables macroeconómicas su solución, sino en un despliegue de las fuerzas institucionales del gobierno y el poder popular, involucrando a todos los agentes de la revolución.
Es notorio el manejo inescrupuloso que hacen infinidad de empresas con los dólares que otorga CADIVI, adquiriéndolos a precio oficial para luego incorporarlo en el valor final de los productos de acuerdo al dólar paralelo. La revolución deberá ir pensando y trabajando sobre la posibilidad de la nacionalización del comercio exterior, medida que deberá ser acompañada de la movilización popular, concientizando al pueblo que dicha resolución ataca al sector más parásito y especulador de la sociedad: la burguesía importadora aliada del capital imperialista.
La Superintendencia Nacional de Costos y Precios deberá incrementar su accionar. Luego de su creación a partir de la Ley, esta institución parece desdibujada; con escasos reflejos ante la ofensiva empresarial. Tras trabajar sobre el rubro artículos de limpieza y perfumería, anunciando desde hace tiempo ya que está revisando los costos de medicamentos, la institución no se presenta con la fuerza necesaria ante tanto manejo inescrupuloso de la gran burguesía. Y esto también vale para los organismos que deben coordinar sus actividades según la Ley de Costos y Precios Justos, el Instituto para la Protección de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS), la Comisión Administración de Divisas (CADIVI), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ministerio Público.
No es suficiente las inspecciones que se vienen desarrollando en todo el país –si bien son necesarias y en buenahora que se realicen–, sino que es urgente la regulación de precios máximos en todos los rubros fundamentales de la canasta familiar, difundiéndolos permanentemente a través del sistema de medios públicos y obligando a los comerciantes a publicarlos de manera bien visibles en sus establecimientos.
Claro que el problema de la inflación no es nada más que un tema de persecución de los acaparadores y especuladores; es más profundo que eso. Pero ahí está el Programa de la Patria, un proyecto productivo y soberano, nacional y popular, que ataca los males profundos que aún padece la estructura económica de nuestro país.
En síntesis: 1) Precios máximos en todos los rubros de la canasta familiar; 2) Guerra a la especulación y al acaparamiento; 3) Categorización de “enemigos del pueblo” a todos aquellos que inflijan las disposiciones gubernamentales, aplicando severas sanciones que incluya la expropiación –sin indemnización– a las grandes empresas infractoras; 4) movilización de todas las fuerzas revolucionarias a fin de terminar con los “formadores de precios” y la burguesía especuladora.
Claro que los voceros de las grandes empresas saldrán a argumentar que medidas de tal naturaleza atentan contra la libre competencia, la propiedad privada y las leyes del mercado; amenazarán con cerrar sus firmas y dejar trabajadores en la calle, etcétera, etcétera. ¡Pues que lo hagan! Ante esa situación las fuerzas revolucionarias tendrán que actuar con una nueva contraofensiva: la nacionalización del comercio exterior y la expropiación de los grandes medios de producción para ponerlos en manos del pueblo y los trabajadores.
fernando.bossi.rojas@gmail.com
