Acabo de leer que el camarada presidente Nicolás Maduro ha anunciado la creación de un denominado “cuerpo secreto anticorrupción” para combatir los delitos en el manejo de las finanzas públicas. Creo que es una enorme equivocación dejar el combate a la corrupción en manos de cuerpos secretos. Con ello simplemente se profundizará la corrupción pues para la población será imposible determinar si los propios investigadores no son al mismo tiempo parte de mafias dentro de las instituciones del estado.

Un cuerpo secreto anticorrupción propicia que sus integrantes negocien por debajo de cuerda con los probables corruptos, para evitar su denuncia en instancias judiciales y públicas. Lo secreto facilita las negociaciones ocultas, que son básicamente los mecanismos determinantes de la corrupción administrativa dentro de las instituciones públicas.

La verdadera contraloría popular se debe realizar de la manera más transparente posible, de forma pública, ante los medios de comunicación, en asambleas populares, contando con el concurso de TODOS los trabajadores y de las comunidades involucradas en la gestión institucional.

El carácter burgués de las instituciones del Estado no proviene de las personas que las dirigen. Proviene de su esencia como instituciones que no están bajo el control popular, sino que son manejadas por elites políticas subordinadas a las instancias del poder económico mundial. La esencia del estado burgués es el carácter delegativo del mismo, como suplantador de la soberanía popular. Los políticos profesionales son parte esencial de todo estado burgués (aunque dicho estado se denomine “socialista”). Un cuerpo secreto anticorrupción no puede suplantar la soberanía del pueblo para que combata directamente las expresiones perversas referidas al manejo de los fondos públicos.

Todos los funcionarios del Estado Bolivariano deben rendir cuentas de manera pública de su gestión. La misma constitución establece el principio de la revocatoria del mandato para los funcionarios que no cumplan sus obligaciones. Esta revocatoria debe ejecutarse no sólo para los funcionarios por elección, sino contra los funcionarios puestos a dedo por ministros, gobernadores, alcaldes y demás dirigentes del estado. Es totalmente válido que una asamblea de trabajadores destituya por incompetente a un gerente de una empresa como PDVSA, por ejemplo. Esa función de contraloría social está presente en el espíritu de nuestra constitución bolivariana y en las leyes del poder popular, aunque no aparezca en los estatutos y normas de las empresas del estado.

La esencia de un Estado Socialista es el poder popular, es el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo. La soberanía ciudadana no se delega en una democracia participativa y protagónica. En todo caso, un cuerpo anticorrupción debe fundamentar su trabajo en la contraloría social, en la realización de asambleas con organizaciones populares en todos los ámbitos de la sociedad: trabajadores, campesinos, comunidades, estudiantes, indígenas, profesionales, etc.

No profundizar el poder popular y crear en cambio cuerpos secretos anticorrupción nos llevaría por el camino de los viejos estados policíacos que construyó el socialismo soviético, los cuales en vez de profundizar la democracia popular los condujo por el camino de la dictadura unipartidista, que terminó colapsando por sí misma en 1989-1991.

Nuestro llamado al camarada Nicolás Maduro es a la rectificación urgente en este aspecto. Designe comisiones anticorrupción para que las mismas se relacionen con el pueblo y sus organizaciones, que trabajen de la manera más pública y transparente. Un buen mecanismo es comenzar porque todos los ministros, jueces del TSJ, miembros de la cúpula del PSUV, diputados, gerentes de empresas estatales, gobernadores, alcaldes, jefes militares, realicen una rendición pública de sus ingresos y bienes, para verificar si ha existido algún tipo de enriquecimiento ilícito durante estos 14 años. A partir de allí, bajar a todas las instancias de la administración pública, escuchando e investigando  todas las denuncias que provengan de la base popular.

Esto debe quedar claro. La corrupción se combate desde la cabeza del Estado, o simplemente será una farsa. El pueblo se sentirá burlado si esta cruzada anticorrupción se dirige hacia funcionarios subalternos, hacia dirigentes segundones que sólo son repetidores de la corrupción que impera en muchos sitios de las altas esferas del estado venezolano.

Finalmente, como el mismo presidente Maduro ha propuesto, promover una reorganización general del aparato de justicia, escuchando también todas las denuncias que provengan de los movimientos sociales y organizaciones del poder popular. De esta forma se combatirá la impunidad y se comenzarán a castigar y corregir los actos de corrupción dentro de la administración pública.

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