No podemos menos que indignarnos por la muerte del Teniente Coronel de los bomberos del Distrito Capital Carlos Alberto Rodríguez el 6 de julio de 2013, como consecuencia de no haber sido atendido a tiempo de manera integral en la clínica privada La Arboleda. Rodríguez, producto de un accidente de tránsito tenía cuatro fracturas sangrantes en huesos largos y fractura de pelvis, y por no haber obtenido la clave del seguro sólo fue asistido con los primeros auxilios, siendo negadas las intervenciones necesarias para salvarle la vida. Este caso como otros lo que demuestra es la condición miserable en la que algunos mercaderes conciben la garantía de la vida y la atención a la salud en el sector médico privatizado, que lo único que tiene como interés es la explotación de la vida.
Es lamentable que médicos tan bien formados, que gozan de prestigio internacional como los médicos venezolanos, al final son víctimas en algunos casos y cómplices en otros, del interés de algunos dueños de las clínicas privadas cuyo único interés es lucrarse a través del vampirismo de las pólizas de salud, donde por cierto, el Estado tiene el mayor aporte en nuestro país. Algunos expertos calculan que el equivalente al 75% de los ingresos de las clínicas privadas son producto del pago del Estado a dichas pólizas.
Sin embargo, el desangramiento de los recursos de salud pública de nuestro país no es suficiente para diputados de la oposición como Óscar Rondero (AD) que afirmó el 13 de julio a los medios sobre este caso que:
“La negligencia del Distrito Capital por no pagar el fondo administrado directamente por esta entidad para la cancelación del seguro médico de sus trabajadores a distintas clínicas de la ciudad, ha producido la muerte de tres funcionarios bomberiles en los últimos 9 meses”.
Si los médicos de La Arboleda atendieron los primeros auxilios, acaso Rondero: ¿No sabían los riesgos que corría Rodríguez al no ser operado de inmediato? El retardo en un pago o el acceso a una clave para garantizar seguir desangrando aún más los recursos que deberían ser utilizados para la salud pública es excusa para sacrificar la vida de álguien que tiene el derecho a la vida y la atención de salud de cualquier médico que se digne colgar su título en la pared.
Sé que algunos pretendidos suspicaces y a ultranza defensores de los que se hacen ricos a través de las miserias humanas, inmediatamente se preguntarán ¿Por qué entonces no se fue Rodríguez a un CDI? A tan semejante estupidez le preguntó a ellos: ¿acasó cuándo usted está inconsciente y a punto de morir se despierta y le aclara a quien lo auxilia que sólo quiere ser atendido en la clínica o centro de salud de su preferencia?, ¿Si usted sufre un accidente grave al lado de una clínica privada, es su deber arriesgarse a morir en el camino al hospital porque no tiene seguro o no obtendrá la clave para que el servicio que usted paga se haga efectivo?
Sin embargo, en razón de la verdad, debo abordar algunos aspectos adicionales al caso, donde el Estado si tiene responsabilidad. En el 2010, la Asamblea Nacional aprueba la nueva Ley de la actividad aseguradora, en dicha ley se establece expresamente terminar con la funesta práctica de las clínicas privadas de frenar el ingreso de pacientes urgidos de atención médica a la espera de la clave de la empresa aseguradora, con lo que quedaría garantizada la atención médica privada inmediata en casos de emergencias cubiertos por pólizas HCM.
En este sentido, el diputado Tirso Silva en noviembre del 2010, a través de VTV afirmó que: "No solamente hay complicidad de parte del médico sino de la clínica y empleados. Empleados que sean utilizados para pedir claves del paciente y que no se le atienda, que asuman su responsabilidad, porque en estos casos hay responsabilidades penales”.
De manera más reciente la Ministra Iturria, el 3 de julio de 2013, tres días antes del caso del Teniente Coronel de los bomberos Carlos Alberto Rodríguez, afirmó que: "Está prohibido por las leyes exigir claves de ingreso a la población venezolana para entrar en clínicas", y además comentó que: "Hemos venido observando con preocupación que diversas clínicas, de manera unilateral, empezaron a bloquear el acceso a trabajadores del Estado a la prestación de sus servicios que le compra el Estado, que les paga el Estado, que no es un favor, que es una relación contractual que se establece entre el Estado y esas clínicas."
Sin embargo, sabiendo el Estado lo que pasaba Rodríguez murió. ¿Dónde está la responsabilidad del que debe imponer la ley? ¿Dónde está el Estado revolucionario con la mano de hierro dejada por Chávez para hacer cumplir el proyecto humanista heredado?
El 13 de junio de 2011, el presidente de INDEPABIS para la época Augusto Montiel afirmó: "el organismo cerrará las clínicas privadas que soliciten clave de emergencia para atender a los pacientes." Hoy muchas "Arboleda" están abiertas, y aún estamos esperando que se cumpla dicha afirmación. Debemos nacionalizar el derecho a la salud en contra de la mercantilización de la vida.
