El 12 de junio de 2013, cuando el Presidente Nicolás Maduro anunció la detención del ex presidente de Ferrominera del Orinoco (Radwan Sabbagh) por estar implicado en hechos de corrupción, en Guayana revivió el entusiasmo y la confianza en el proceso de cambios y transformación social. El silencio posterior, levantó suspicacias. Un mes después, cuando se anuncia la imputación de 5 delitos y se le impone una medida que lo priva de libertad, vuelve a revivir la confianza popular y la esperanza en la lucha contra la corrupción.
Son muchos los análisis, conjeturas y especulaciones que pueden hacerse sobre este caso y sus implicaciones. Ardorosos analistas de oposición se rebanan y devanan los sesos tratando de hilvanar explicaciones que le reporten algún beneficio político-partidista-electoral y no explican el sospechoso silencio de la jerarquía opositora. Otros más apurados, como Andrés Velásquez, pretenden erigirse en ilustres paladines de la lucha contra la corrupción cuando realmente carga sobre sus espaldas una historia llena de delitos contra la cosa pública y traiciones a la voluntad popular.
A nuestro entender, la consecuencia más grave de la corrupción en Guayana es el freno y el estancamiento de la Revolución Bolivariana que ésta ha provocado. Dejando como saldo unas Empresas Básicas en pésimas condiciones financieras, una CVG sin fuerza institucional, la ausencia de un Plan de Desarrollo Regional que involucre la acción mancomunada de todas las instituciones bajo la coordinación de la CVG y con ello se estimuló la inusitada desconfianza de un pueblo noble y trabajador.
En los últimos días, Guayana, ha contemplado un torneo de acusaciones. Algo así como el “round robin” de la corrupción. Parece que no hubiera una batalla contra la corrupción, sino una batalla entre corruptos. La descalificación mutua se ha convertido en estrepitoso argumento que a nadie convence y estimula la desconfianza colectiva. Este tremedal politiquero le quita valor hasta la denuncia como instrumento democrático y disminuye la esencia de un proceso de cambios y transformación social que exige interpretar la política como un hecho complejo y no como el disminuido pragmatismo del lodazal.
Seguros estamos, que en el caso Ferrominera hay mucha gente involucrada. Este caso envuelve a dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios privados, funcionarios de alto nivel, asesores de empresas y muchos que todavía no han sido mencionados. El ventilador del asco está encendido y a muchos salpicará. No defiendo, ni acuso. Escucho el sabio ruido de la calle que se convierte en opinión pública. Confío plenamente en la batalla que ha emprendido el Presidente Nicolás Maduro, no hay razones para desconfiar.
Andrés Velásquez y quienes están tras bastidores no tienen audiencia, ni fuerza moral para señalar a nadie y su interés no está vinculado a la defensa de Guayana solo quieren utilizar este caso para ganar indulgencias electoreras pensando en un eventual retorno a la gobernación del estado Bolívar para restaurar una historia preñada de corrupción y traición a la patria. Quienes le han respondido carecen de argumentos serios para defenderse y terminan en una innecesaria descalificación porque Andrés está, históricamente, descalificado por el pueblo. Los “acusados” deberían buscar explicaciones más creíbles para un pueblo que aprendió a interpretar el hecho político de la mano del Comandante Chávez. Guayana sigue esperando explicaciones más serias.
El chavismo necesita recomponer el cuadro político en Guyana. No podemos quedar atrapados en el escenario de la corrupción. La dirigencia política regional debe asumir su responsabilidad histórica y convocar la reunificación de las fuerzas del chavismo. El PSUV del estado Bolívar está obligado a romper esquemas y trabajar por el reencuentro del chavismo más allá de los partidos políticos y el hecho electoral. Dejar a un lado la ramplona diatriba electoral por la Alcaldía del Municipio Caroní y convertir las elecciones municipales en un proceso para el debate libre, diáfano, democrático que estimule el reencuentro con amplios sectores populares, trabajadores, profesionales y pequeños empresarios que siguen confiando en la Revolución Bolivariana como la esencia de un irreversible proceso de cambios y transformación social. El momento histórico exige devolverle a la política su complejidad y desterrar la prepotencia que se convierte en mecanismo de exclusión.