Hace unos meses el hijo del dirigente de acción democrática Claudio Fermín fue asesinado en Caracas, en un evento donde intentaron robarle el carro. Este asesinato ha sido noticia y las reacciones de los mas altos jefes policiales y gubernamentales no se han hecho esperar: condenan la situación y se comprometen a investigar el asunto hasta las ultimas consecuencias. El mismo presidente Chávez envío las condolencias a la familia del muchacho, cuyo nombre es: Alejandro Fermín.
Debo decir que la muerte de cualquier venezolano es lamentable, por un principio básico de solidaridad humana. Aún es más triste cuando ésta es producto de un acto violento, tal como lo es el caso que nos ocupa. Sin embargo, no puedo deslastrarme de lo que me produjo la atención especial a este caso, en relación a los demás casos donde también mueren venezolanos y venezolanas. No son tan comunes los pronunciamientos de los jefes policiales y los compromisos de investigación, y peor aún, las investigaciones en sí mismas. En este sentido considero que no hemos avanzado mucho desde hace décadas y me pregunto ¿De quién hay que ser hijo para importar?, en mi caso que soy hijo de una mujer obrera, será que si corro la misma suerte, (que espero no tener) ¿importara tanto para la policía, para el ministro y para la fiscalía?.
En este proceso revolucionario grandes e innegables son los avances en muchas áreas, como hartos estamos de afirmarlo, y estos avances forman parte del proceso de restitución de la justicia social. Así como también es cierto que múltiples son los desafíos pendientes, pues no todo está logrado. Es un proceso inacabado de construcción de este estado de justicia social consagrado en nuestra Carta Magna de 1.999. En esta situación es una muestra una deuda creciente con todos aquellos y aquellas que son víctimas de violencia y de los victimarios y las victimarias. De estos últimos, es suficiente hacer referencia al caso de los fallecidos en la Cárcel de Uribana.
Esta deuda se invisibiliza en términos generales, se restringe al ámbito privado donde empieza a habitar el dolor de los parientes y amigos. Se visibiliza cuando sirve al oportunismo.
El origen de esta deuda se dice que radica en el Estado actual y en sus poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ciudadano; cuestión dudosa, en tanto esta es una herencia de siglos de desidia en la administración de justicia en nuestra nación. En consecuencia esta administración de los últimos catorce años lidia con lo propio de este tiempo y lo heredado. Poco son los aciertos. El más relevante, a mi juicio, ha sido la creación de la Policía Nacional dentro del marco de la Misión A toda Vida Venezuela; y, dentro de ésta, la UNES apunta a un enfoque más comprehensivo de tema de la violencia y la seguridad. El Estado es parte de la resolución de este asunto.
En origen a mi juicio está en nuestra visión que como venezolanos y venezolanas, como sociedad tenemos de la dignidad humana, en la cual existe una profunda indiferencia hacia la violencia de unos a los otros. Esta indiferencia ha sido inoculada por el sistema capitalista dominante, que legitima el interés propio, frente al interés colectivo. Mientras no exista una afectación de esta visión, por más que funcione el Estado, no será posible la justicia. Es más, no habrá Estado social de justicia posible.
Hacer cambios en esta visión societal, significa asumir la participación como herramienta fundamental, en primera instancia en los asuntos públicos, con énfasis en los relacionados con la mecanismos de educación y formación (formales e informales) y administración de justicia. La justicia siempre ha sido una conquista de los pueblos y esta solo es posible fortaleciendo la conciencia y esta no se logrará sin la participación.
