Las actuales instituciones del país son, en esencia, contradictorias a los postulados del Socialismo del Siglo XXI. El viejo Estado burocrático e ineficiente conserva casi intacta su estructura. Se resiste a desaparecer. Seguimos en una transición cargada de contradicciones. La resistencia al cambio se mimetiza, se vuelve “roja, rojita” y reproduce los vicios del pasado. Corrupción, ineficiencia burocrática e impunidad ponen en riesgo la Revolución Bolivariana y frenan la transformación estructural.
La Revolución Bolivariana encierra, en su dinámica, la obligación de estimular un debate permanente que debe proyectar hacía la opinión pública vicios y defectos funcionales, pero al mismo tiempo sus problemas para avanzar en una verdadera transformación estructural, tal es el caso de la corrupción administrativa, política, ética y moral que se presenta como un obstáculo muy complejo porque involucra conductas del pasado con funcionarios del presente.
La Revolución Bolivariana tiene, por su propia naturaleza, la obligación de combatir la corrupción en todos sus aspectos, haciendo uso de sus mecanismos institucionales, entre los cuales el más eficaz es la sanción legal con todas sus implicaciones. La solicitud de una Ley Habilitante, presentada por el Presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional constituye una respuesta contundente al reclamo que se está formulando con indignación en la calle, empresas, universidades, alcaldías, gobernaciones, institutos autónomos, organizaciones sociales, etc. Es una respuesta ante las novedosas formas de corrupción que involucran, como en el pasado, a instituciones y organizaciones políticas que han devenido en instrumentos para la acumulación de capital sin producir; tal es el caso de Primero Justicia.
La anacrónica democracia representativa, con su burocracia, incubó un estado de conciencia con un promedio de ética totalmente sancionable, llegando a su clímax con la abundancia petrolera, la postiza cultura mayamera y el derroche saudita para alcanzar su máximo “orgasmo social” con el caso RECADI, donde la racionalidad de los otrora gobernantes (adecos y copeyanos) convirtió a los corruptos en admirados servidores públicos. Nunca hubo sanción. Solo hubo impunidad, al extremo que un conspicuo dirigente adeco llegó a afirmar públicamente que “en Venezuela no había razones para no robar”.
Esa vieja estructura del Estado venezolano fue concebida para legitimar la corrupción, convirtiéndola en una Política de Estado que se ejerció a través de una burocracia insaciable, incoherente, ostentosa, dispendiosa e ineficiente que se constituyó en el “caldo de cultivo” ideal para raterías, marramucias, corruptelas de toda ralea y complicidades institucionales. Por esta razón, hoy debemos entender que la corrupción constituye un problema inherente a la vieja estructura del Estado puntofijista.
La responsabilidad de la Revolución Bolivariana en esta materia es ineludible. Cualquier gesto de complicidad y/o impunidad solo servirá para alimentar la desconfianza. Recordemos que una de las grandes banderas en la etapa inicial de este proceso fue la batalla contra la corrupción y la sanción ejemplar a los responsables. Eran los tiempos de los “caza corruptos”. De manera que la Revolución Bolivariana tiene la obligación histórica de asumir sin excusas, ni aplazamientos las sanciones necesarias a los corruptos y sus cómplices.
Lo importante e inmediato son los mecanismos específicos para cumplir con dicha obligación. Es allí donde se redimensiona la solicitud de la Ley Habilitante para acelerar el diseño y promulgación de instrumentos jurídicos que ayuden a superar las debilidades legales y abrir paso a un quehacer judicial que garantice las sanciones pertinentes de manera eficaz.
El Presidente Nicolás Maduro asumió su responsabilidad y ha iniciado una batalla que requiere el apoyo de todos los sectores de la sociedad porque la corrupción se ha convertido en una verdadera amenaza para la transformación estructural de la sociedad venezolana. Nadie tiene el derecho a permanecer indiferente ante esta realidad. La Ley Habilitante que le concede al Ejecutivo Nacional la facultad, transitoria, para legislar (en esta materia) es una necesidad que no admite aplazamientos. De lo contrario será necesario propiciar mecanismos de excepción para derrotar la corrupción.
