Jueves, 23 de enero 2014.- Parece que el gobierno cree que delegando la lucha contra la corrupción en altos funcionarios y cuerpos policiales es suficiente para tener éxito en esa materia. Pienso que se equivoca. En su estrategia va a tener que abrirse a la incorporación de titirimundache, sobre todo a la gente de a pie, en una red infinita de correveidiles o, como decíamos en un artículo anterior, en un vasto movimiento de “sapos”: ciudadanos valientes que dentro y fuera de las instituciones públicas (y también privadas), manejan información de primera mano sobre ilícitos en el uso de los recursos del Estado. ¿Y quiénes mejores que los empleados públicos (en especial los de niveles medios y bajos) por un lado, y los ciudadanos y las comunidades por el otro, para hacer aportes en esa dirección?

La figura del empleado público, es cierto, no es muy prestigiosa en Venezuela. Los señalamientos de desidia, indolencia, incluso de prestarse a las marramuncias de los chivos, son frecuentes. Si, la verdad es que eso ocurre muchas veces lamentablemente.

El origen del problema es que en nuestro país (como en la mayoría de las naciones en vías de desarrollo), el Estado se estructura en base a clientelas de partidos y/o el compadrazgo: decenas de miles de personas que obtienen empleos a cambio de la lealtad o incondicionalidad ante dirigentes de esas organizaciones, amigos o parientes. Ello obedece a que el sistema económico (nuestro capitalismo rentista - importador, subdesarrollado y dependiente), no tiene capacidad para generar los cientos de miles de puestos de trabajo que la población requiere, por lo que una parte importante de ella pasa a formar parte de la nómina del Estado( aparte de aquella que ingresa en la economía informal) para sobrevivir.

Las Administraciones Públicas (Nacional, Regional, Municipal) se congestionan y saturan; son comunes el padrinazgo, el agradecimiento de favores, el entrecruzamiento de vínculos laborales y familiares. Lo peor de todo: como expresión también del Estado clientelar se crean en los más altos niveles gerenciales redes privadas que funcionan como auténticos mafias, con amplias conexiones, dirigidas a la caza de la jugosa renta petrolera. Una situación que entraba y pervierte tanta la eficiencia como la transparencia de una gestión y por supuesto, las posibilidades de cualquier proceso de transformación social.

No obstante, hay tres factores que (mientras se trabaja para cambiar la base material de la sociedad, el modelo de desarrollo), pueden contrarrestar esa situación e incidir a favor de una incorporación de los funcionarios públicos a la lucha por un mejor desempeño del Estado.

En las Administraciones Públicas coexisten generaciones de diversas procedencias políticas que, en tanto que trabajadores, tienen preocupaciones y expectativas similares, lo que termina por crear “sentido de pertenencia” como grupo o clase social (tal como suelen decir los propios empleados a los jefes: “ustedes se van/nosotros nos quedamos”). Un segundo elemento es que, a pesar de la decisiva influencia político-partidista clientelar, una parte de los empleados del Estado deben ser reclutados en razón a criterios de idoneidad y de perfil más específicos, lo que les confiere condiciones de orgullo profesional parecidas a la del asalariado del sector capitalista moderno de la economía. Por último, una creciente conciencia política y ciudadana reclama con mayor claridad que el Estado preste mejores servicios a las personas y a las comunidades, mismas en las cuales se encuentran y viven los empleados públicos, lo que favorece el surgimiento de identidades compartidas entre diversos componentes de los sectores populares.

Somos legiones de docentes, secretarias, enfermeras, médicos, abogados, promotores, inspectores, contadores, cultores, trabajadores sociales, policías, en estos y muchos oficios más. Dos millones y medio de personas aproximadamente junto al personal obrero del Estado.

Para incorporarnos a esa lucha a favor de la eficiencia y la transparencia existe, hoy por hoy, un factor político a favor: el Presidente Maduro, empujado sin duda por la presión política y social, se ha comprometido públicamente a avanzar en esa dirección, de modo que hay que tomarle la palabra. Forzar una exigencia que lleve a honrar ese compromiso. Al mismo tiempo sin embargo, en paralelo, los funcionarios públicos podemos y debemos asumir un compromiso propio, autónomo, con esa lucha.

Los gobiernos responden con frecuencia a una lógica específica, particular, con aceleraciones y demoras que muchas veces obedecen a la necesidad de generar efectos de opinión. La lógica desde abajo puede ser más consecuente aunque en principio aparente ser más débil. La posibilidad de contar con una ley de consejos de trabajadores o de cogestión que incluya al sector público podría allanar el camino para impulsar esta propuesta de lucha, aunque no hay que esperar a que se den todas las condiciones favorables para empezar a actuar.

No se trata, por otra parte, lo que debe quedar muy claro, que las iniciativas de los empleados públicos (como por ejemplo: comités de vigilancia de la gestión pública, control trabajador u otras) operen como una pantalla para debilitar a los sindicatos. Para nada. Esos comités tendrían una función muy especifica: contribuir a rescatar la eficiencia y la transparencia en los aparatos del Estado y colocarlos al servicio de toda la sociedad, en especial de las mayorías populares. La idea es que esos comités sean electos con el voto de los trabajadores, sindicalizados o no, con garantías de estabilidad laboral para sus integrantes.

Se trata de una propuesta de participación que no va a ser del agrado de muchos, en especial de aquellos a quienes les gusta dirigir en solitario y contar con la posibilidad de fraguar complicidades.

Gente partidaria de la democracia mínima la hay de derecha y de izquierda. Un gran estudioso de la Política, Norberto Bobbio, decía que la democracia no podía reducirse al gobierno de los poderes públicos, sino que debía ser el gobierno en público, una manera de decir que el mandatado debe ejercer sus responsabilidades en una casa de cristal.

Muchos gobernantes (ministros, gerentes de corporaciones del Estado, gobernadores, alcaldes, concejales), rechazan la participación popular o la reconducen a formas dóciles de participación que entran en el cálculo de sus conveniencias.

Gobernar en secreto es la garantía en la que se refugian muchos directivos para invertir prioridades , disfrazar los fracasos, marear a la gente con alguna golosina y cogerse lo ajeno.

Igual, por cierto, no nos sirve depender de gerentes autoritarios y honestos, porque el que sólo confía en su propio criterio y menosprecia el de los demás, puede hundirnos en el pantano de errores garrafales.

Pensemos por el contrario en un Estado lleno de pueblo. Que sea él mismo pueblo.

Vigilado, controlado, inspeccionado: desde adentro por los trabajadores públicos y desde fuera por los ciudadanos y las comunidades.


César Henríquez Fernández
Iniciativa Transparencia Socialista