Pedro José Talavera Sarquis resulta ser el funcionario de la Asamblea Nacional, (exactamente asistente administrativo adscrito a la Comisión Permanente de Energía y Petróleo) que más le ha costado al erario público nacional para destituirlo de su cargo, por estar incurso en el causal de destitución prevista en el numeral 5 del artículo 92 del Estatuto Funcionarial de la Asamblea Nacional, es decir, “Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro de un plazo de treinta días continuos”
El funcionario de marras faltó a su trabajo de manera injustificada todos los días laborales de los meses de Marzo, Abril y Mayo del 2014 o sea 59 días hábiles y para poderlo destituir el Presidente de la Asamblea Nacional tiene que levantarle un expediente administrativo que debe publicar en un diario nacional (Ultimas Noticias: Domingo 1º. De Febrero. Pag.37) que por lo menos le cuesta a las finanzas públicas unos Bs. 30.000 (página completa par).
A lo mejor me estoy metiendo en camisas de once varas pero a mí me resulta medio absurdo, que para destituir a un funcionario de cuarta categoría dentro de la administración pública, haya que invertir tanto dinero para hacer público el expediente y la resolución para ejecutar un simple acto administrativo. Algo hay aquí que no cuadra. De pronto para destituir a un funcionario de alto rango (Director de despacho, vice-presidentes, funcionarios 99) sea necesario levantar un expediente administrativo y hasta llevarlo a Fiscalía; pero que a un simple asistente administrativo merezca tanta consideración y produzca tantos gastos, después de haber violado los reglamentos internos que rigen su actividad laboral, me parece una exageración y de allí el título de este artículo.
Acepto que debe protegerse la estabilidad laboral de los trabajadores y más de los funcionarios públicos (deberían ser servidores públicos) que le sirven al país, pero de allí que no proceder ejecutivamente, si un funcionario de un despacho público falta a su trabajo durante 59 días sin justificación, cuando lo máximo que le permite la Ley o Reglamento Interno son (3) tres días, quien debe ser sancionado con destitución es el funcionario responsable administrativamente de ese Despacho. ¿Me explico?. Quien además debe ser sustituido es el jefe de Recursos Humanos de la institución y además deben serle descontados de su sueldo a él, los dios que falto al trabajo la persona que debía supervisar. Así de sencillo. Y si la máxima autoridad del despacho respectivo no procede, entonces debe ser él el suspendido o botado por ineficiente.
“La mayor de las miserias es obtener el poder y no ejercerlo”. Esta cita me parece que se aplica a todos los funcionarios públicos que llegan a cargos, ya sea por elección popular o por delegación, y no cumplen o ejecutan las tareas que se les asignan. También es aplicable las sanciones del caso, a quienes malversen los fondos públicos; y éste gastos ocasionado, para destituir al ciudadanos Pedro José Talavera Sarquis de su cargo me parece que entra en la categoría de malversación. Con ese dinero por lo menos hubiéramos dado solución a diez problemas de salud, de esos que cada día sufren nuestros compatriotas. Que conste que no estoy atacando a nadie en particular, solamente llamo la atención sobre la forma inadecuada como se están invirtiendo los fondos públicos para ver si alguien “le pone el cascabel al gato”.
