A finales del 2.013 tuve oportunidad de conocer un pueblo fronterizo llamado “El Cruce”, ubicado a quince (15) kilómetros de la frontera Colombo-Venezolana y a unos cincuenta (50) kilómetros de Casigua, capital del Municipio Jesús Maria Semprúm, del Estado Zulia. Quedarnos una noche en ese pueblo, por necesidad, fue darnos cuenta inmediatamente de que la mayoría de la población en esa localidad tiene orígenes colombianos, incluso unos militantes del PSUV con quienes compartimos una cena eran todos de origen colombiano. Explicaron que en ese pueblo algunos cruzaron buscando nuevas y mejores oportunidades y otros desplazados por el conflicto armado, en el lado colombiano y la violencia que ejercen tanto paramilitares como ejercito contra campesinos, a quienes acusan de colaboración con la guerrilla. El ambiente nocturno en ese pueblo me resultó bastante atípico para lo que he visto y podría esperar de un pueblo venezolano de esas dimensiones. Definitivamente, era como estar en lo que imagino debe ser un pueblo colombiano. Hay muchas motocicletas durante la noche y las razones tienen que ver con la facilidad de estos vehículos para el contrabando, el narcotráfico y otras prácticas ilícitas. En un reportaje de Pablo Hernández se describe lo siguiente: “Al igual que en el resto de la frontera, el comercio ilegal de gasolina o gasoil es una realidad. Los llamados “bachaqueros” obtienen gasolina subsidiada en territorio venezolano para trasladarla hacia el lado colombiano. Esta actividad puede llegar a generar ganancias al contrabandista de hasta el 700% del coste primario (…) También el contrabando de alimentos es el día a día: alimentos de la cesta básica con precios regulados por el gobierno nacional venezolano son llevados ilegalmente al vecino país sacándole una jugosa ganancia. No obstante, dichos productos son casi imposibles de encontrar, y de encontrarse, sus precios son excesivamente elevados.” En este caso, los contrabandistas de extracción emplean el Rio Catatumbo como medio fluvial para el transporte de sus mercancías desde Venezuela hasta Colombia (gasolina, gasoil, productos de la cesta básica, entre otros).

Las colas para poder poner gasolina a nuestro vehículo en esa zona, siempre fueron y siguen siendo interminables. Muchas personas en la cola están llenando “pipas” con gasoil y gasolina de forma descarada y frente a las autoridades. Adicionalmente, según el reportaje de Pablo Hernández, los pobladores sabes que grupos paramilitares y/o irregulares presentes en la zona son responsables del ajusticiamiento de rateros o pequeños delincuentes que aparecen asesinados en caños o caminos, a modo de “limpieza social”. Es decir, estuvimos y estamos en presencia de un pueblo de usos y costumbres colombianas, sembrado en nuestro territorio impunemente, podríamos decir que se ha corrido la frontera colombiana quince kilómetros adentro del territorio zuliano y ejerce plena soberanía en este poblado lúgubre de “El Cruce”.

Desde agosto de 2.009 la situación en esta zona fronteriza viene siendo irregular, siendo denunciada incluso por la alcaldesa del Municipio Jesús Maria Semprúm, con despacho en Casigua, en los siguientes términos: “El municipio (...) está muy tomado por los paramilitares y desde ese humilde pueblo estamos resistiendo. Este tipo de grupos opera en nuestro comercio, cobrando vacunas, presionando a la colectividad para ellos cada día tomar más posesión de nuestro municipio”. En aquel momento la gobernación del estado Zulia estaba en manos de la oposición al gobierno nacional, por lo que la alcaldesa denunció que: “Y si es necesario, por esta vía, echarle un parao (…) al propio gobernador del estado (Pablo Pérez), bueno eso hay que hacerlo. No podemos permitir que el gobernador esté facilitando la incursión de grupos paramilitares, de grupos armados, de narcotraficantes y cuanta alimaña pueda existir del otro lado de la frontera para que venga aquí a hacer de las suyas, a matar gente, a amenazar a alcaldes, a hacer lo que les dé la gana, eso no se puede tolerar”. Estimo que con el gobernador Arias Cárdenas la situación debe haber mejorado en cuanto a la Policía Regional.

La palma aceitera, el sur del lago y el contrabando de extracción

La Ley Plan de la Patria 2.013-2019 prevé el crecimiento del 65% en la producción de leguminosas (caraotas, frijol, arvejas y quinchoncho) y 73% en la producción de oleaginosas (girasol, soya y palma aceitera). La palma aceitera africana, su cultivo, cosecha y procesamiento constituye una de las mayores fuentes de empleo en el Municipio Jesús María Semprún donde el estado posee una planta de procesamiento a la que, en teoría, arriman los productores, cooperativas y particulares, para luego procesarla y dar como resultado el aceite crudo de palma; materia prima para la elaboración de productos como margarina, aceite vegetal y de soya, mantecas industriales, entre otros. Es ampliamente conocida las escasez de estos productos en los supermercados nacionales y particularmente del estado Zulia y gran parte tiene que ver con el contrabando de extracción del producto final, pero mucho más está vinculado con el contrabando de extracción directamente de la fruta de Palma. Según datos oficiales de esta misma empresa estatal, ubicada en Casigua, el arrime de fruta de los productores, cooperativas y particulares de la zona ha caído en un 88% este año debido a que capitalistas de la vecina república pagan la tonelada a precios muy superiores a los que puede pagar la empresa estatal para mantener su estructura de costos y el precio final al consumidor. De tal manera que es común ver en la carretera Machiques-Colón camiones cargados de fruta de palma en direcciones contrarias que la que han de llevar si se dirigiesen hacia la procesadora estatal que, debido a esta situación ha mermado su producción en aceite rojo y por lo tanto ha impactado en la producción nacional. El contrabando de extracción, en este caso, va más allá del simple tráfico de productos finales y alcanza incluso a la producción agrícola de la zona. La empresa estatal cuenta con 3.150 Hectáreas propias de terreno, que le permiten mantener un nivel base de producción, que se encuentra alrededor de un 50% de su capacidad.

En Santa Bárbara del Zulia era, hasta hace algunos años, común poder almorzar con pescado frito del río Escalante. Sin embargo, así como sucede con la extracción de la fruta de palma para el aceite ha sucedido con el pescado del rio Escalante. Colombianos vienen desde la frontera a comprar todo el pescado de cooperativas y pescadores particulares venezolanos para llevarlo y revenderlo en Colombia, obteniendo una ganancia importante y dejando a los habitantes de la zona sin pescado. Un detalle que se replica en muchos otros rubros de producción dentro de una frontera violenta y corrompida por la alta penetración de paramilitares colombianos y pérdida sensible de soberanía nacional.

Conclusión: El compromiso social bolivariano y patriotismo de nuestros aborígenes

Me encontraba en el pueblo de “El Cruce” debido a que iríamos a la inauguración de un conjunto de instalaciones de tecnología fotovoltaica en el poblado Barí de Bokshi, en la Sierra de Perijá a orillas del Río de Oro y por otras misiones de trabajo relativas a la supervisión del sistema eléctrico de generación de esa zona. Cabe destacar que en una práctica humanista y verdaderamente socialista, el gobierno bolivariano, a través de un programa de electrificación diseñado por el ex guerrillero y economista Jesús Marrero, ha sembrado de luz a más de 300 poblaciones indígenas y fronterizas del estado Zulia en un esfuerzo quijotesco y poco acompañado por sembrar soberanía en estas alejadas zonas, como la ya tristemente descrita, en los párrafos anteriores. El programa consiste en la instalación de módulos solares que brindan electricidad a poblados indígenas fronterizos y de esa manera se instalan además escuelas y módulos de salud con los servicios eléctricos básicos. El recorrido en el rio de oro hasta llegar a Bokshi fue de alrededor de cuatro (04) horas, durante las cuales la mayor parte del tiempo se tiene de nuestro lado izquierdo a Colombia y de nuestro lado derecho a la República Bolivariana de Venezuela. Durante las cuatro (04) horas de trayecto en lancha, sólo se observa patrullaje de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras que del lado colombiano, sencillamente, no hay ningún tipo de vigilancia. Es una zona que el gobierno colombiano ha dejado olvidada, como olvidados e invisibles han sido y siguen siendo los pobres de ese país para el gobierno oligárquico que le ha dirigido por más de doscientos años.

Llegar a Bokshi, luego de cuatro horas y ver ondeante en alto una hermosa bandera de La República Bolivariana de Venezuela para luego escuchar la música del himno nacional cantado, por niños indígenas venezolanos, en dialecto Barí es un ejemplo de patriotismo y compromiso inolvidables. Ver un pueblo indígena transformado por el compromiso social bolivariano de llegar hasta el último pueblo indígena de la frontera y brindarles electricidad, educación y salud, mientras del otro lado del rio solo se observan cultivos ilícitos y se perciben olores de éter para procesamiento y refino de drogas, nos deja una impresión de una frontera donde los valores de dos naciones se confrontan y diferencian radicalmente. Un gobierno colombiano que olvida a su clase más pobre y mide sus niveles de desarrollo en función de indicadores macroeconómicos fríos y ajenos al calor humano de la verdad de los pueblos y un gobierno bolivariano que es capaz de llevar electricidad, de alto costo y calidad, hasta el último pueblo indígena de la frontera colombo-venezolana, en la Sierra de Perijá nos debe invitar a reflexionar y actuar en defensa de nuestra soberanía en estas zonas, en retribución a la noble lealtad de los venezolanos que siguen habitando esas zonas, que siguen cantando nuestro himno (incluso en Barí) en zonas donde, a pocos metros, el gobierno colombiano a través de su ejército ha perseguido e incluso asesinado a campesinos, por la mera sospecha de que sean guerrilleros o cultivadores de coca. Los indígenas de Bokshi cuentan historias de diferentes oleadas de campesinos del otro lado pasando el rio, huyendo del terror de la violencia del lado colombiano, que son recibidos siempre con los brazos abiertos por nuestro pueblo y nuestras instituciones, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¿Quién verdaderamente viola los derechos humanos? ¿Quién se ocupa y trabaja por su pueblo realmente? ¿Quién se ocupa de los pobres de éstas hermanas repúblicas nacidas bajo la espada del Libertador Simón Bolívar?. El cierre de la frontera en los Municipios fronterizos del sur del estado Zulia para restaurar la institucionalidad democrática, para proteger a nuestras etnias indígenas, para retribuir la lealtad de los venezolanos que habitan esas zonas, para salvar de la extorsión a nuestros agricultores y ganaderos, casi completamente arrinconados por el paramilitarismo colombiano, es una misión ineludible para un estado verdaderamente bolivariano y observante de los derechos constitucionales del pueblo venezolano.