Es un tema para la reiteración permanente y más allá de que pudiera resultar tedioso seguir con la misma cantaleta, vemos como una obligación irrenunciable dejar de ver con indiferencia la proliferación de los ilícitos dentro de la burocracia estatal en casi todos los entes del Estado, estén éstos en manos o no de chavistas, cuando observamos con el mayor estupor las cifras y los datos sobre corrupción que ha suministrado al país la Fiscal General de la República, tanto a los medios de comunicación como en los informes de su gestión a la AN, correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015*.
Cada día debe ser propicio para reiterar que la lucha contra la corrupción no se combate con la retórica, con ese discurso persistente y emocional, cargado casi siempre con una rabia que se parece más a una puesta teatral que a un genuino interés por desterrarla definitivamente de las esferas del Estado.
La mejor prueba de ello nos la han venido dando y de manera abierta las conductas indebidas y corruptas de sujetos indistintamente vestidos con cualquiera de los colores que identifican a las toldas políticas que hacen vida en el país, los que al ser señalados por ello, de inmediato salen en su defensa las solidaridades automáticas de sus compañeritos de partido. Ejemplos de esos casos los hay a montones y la casi totalidad de sus protagonistas terminan saliendo del país para huir de la justicia y todos, sin excepción alguna, dependiendo de cuál sea el aparato político que los defiende, se convierten en víctimas de un régimen que los persigue por "pensar distinto" o, también, en delatores de todo lo que se les ocurra, intentando con ello lavarse sus iniquidades a cambio de que se les considere también como perseguidos políticos y, además, como engañados de "buena fe" por una ideología socialista -agregan para que se les crea- que se les vendió como la única salvación de la patria.
De todos esos zánganos, repetimos, abundan los nombres, pero vale que, a título de ejemplo, demos algunos pocos de ellos: De los primeros, sobresalen los ex gobernadores Eduardo Lapi y Manuel Rosales, así como el ex banquero Eligio Cedeño, quien está acusado de estafarle a Cadivi la cuantiosa suma de 25 millones dólares y de los segundos, los ex magistrado Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, así como el ex gobernador y ex ministro Rafael Isea, los cuales incurrieron en mil y un ilícitos amparados bajo franelas rojas, rojitas…
De manera que no hay duda alguna de que en tanto tan asquerosa práctica de defender corruptos de lado y lado no la erradiquemos de la lucha política, no habrá posibilidad alguna de acordar planes y proyectos que pudieran ser eficaces para reducir al mínimo los ilícitos en los entes públicos.
En toda organización política que haga vida en el país, el primer mandamiento de sus normas o estatutos debe ser la condena al cohecho y la exigencia a sus miembros que de llegar a ocupar posiciones públicas, demanden a los entes del control que correspondan, la auditoría periódica de sus actuaciones, de manera de comprobar así que han sido transparentes y en caso de que se detecten ilegalidades en sus áreas de competencia por denuncias públicas o porque se descubrieron infraganti a sus directos responsables, que igualmente presten la mayor cooperación para que no sólo sean investigados y prontamente llevados a juicio los directos responsables, sino que motu proprio ofrecerse para que se les investigue la procedencia de sus bienes patrimoniales, de manera de disipar cualquier duda que pueda estar apuntándoles.
Con el caso reciente de la podredumbre puesta al descubierto en la red de abastos Bicentenario y dentro del clamor general que hemos podido captar en el pueblo cuando hacemos cola por horas y horas para adquirir los alimentos para el hogar, es que las más altas instancias de gerencia del Ministerio de Alimentación, empezando por quienes fueron sus ministros, deben pedir que se les investigue y si no lo hacen, que de oficio los entes del control y/o la Fiscalía procedan a hacerlo. Eso, causaría -sin la menor duda- un excelente impacto en la población.
De allí que para el abordaje de este tema se deben arriar, cuanto antes, las banderas de la confrontación y quienes de un lado y del otro, mantengan en sus cabezas sólidos y elementales principios de racionalidad y de ética, como condicionantes insustituibles para poder construir el país decoroso y de progreso que todos anhelamos, que den un paso al frente y con coraje asuman, sin dilación alguna, la muy difícil tarea de acercar posturas que pudieran ser irreconciliables en lo político, pero que por razones de principios elementales de decencia, no dudamos que estarían contestes en acordar rutas en la dirección de establecer líneas de acción que hagan posible y satisfactoria una gestión contralora efectiva y eficaz para reducir al mínimo los ilícitos administrativos que tanto daño le ocasionan al país.
En ese sentido y dentro de nuestro ya añejo empeño porque se logre ese objetivo, volvemos a reiterar algunas de nuestras propuestas para el rediseño de una audaz e implacable gestión de contraloría que garantice en el día a día la más absoluta transparencia en el manejo de los fondos y bienes públicos, las que, en su mayoría, demandan cambios y modificaciones de leyes y normas vigentes en el área del control y en la lucha contra la corrupción.
1) Restablecer el Control Previo al gasto y al pago, por órgano de la Contraloría General de la República a los entes de la administración central, el cual fue eliminado de nuestra legislación durante el gobierno de Caldera II, en 1996, así como asegurar el funcionamiento riguroso de iguales controles en los institutos autónomos y empresas estatales que le son adscritos y en el resto de los órganos el Estado, tal cual lo dispone la vigente Ley Orgánica de la Contraloría de la República en su Capítulo II, Del Control Interno, específicamente en su artículo 38 y que la Contraloría le haga seguimiento y control regularmente a esos controles internos, sin previo aviso, como medida preventiva e insustituible para garantizar el acatamiento de la Ley **.
2) Revisar exhaustivamente y con el mayor rigor las Declaraciones Juradas de Patrimonio, es decir profundizar ese proceso de tal modo que esa exploración llegue hasta el patrimonio de los familiares más cercanos (cónyuge o concubina (s), hijos, hijastros, hermanos, padres, tios, primos, etcétera) y de ser necesario, como resultado de previas tareas de inteligencia que hayan sido adelantadas o por delación, hasta aquellas personas que sean sus más entrañables amigos. Esto último pudiera ser considerado como una exagerada propuesta, pero no olvidemos que es una realidad en este mundo repudiable y creciente de la corrupción, la figura muy activa de las interpuestas personas o también conocidas como testaferros.
3) Hacer públicas las declaraciones juradas de patrimonio en la página de la Institución Contralora, lo cual se corresponde con el acuerdo que nuestro país suscribió en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, celebrada en Caracas en 1996 y que, como ejemplo vale resaltarlo, la República Argentina impuso esa obligación por ley de 1999 y,
4) Abrir en todo el país cientos de oficinas para interponer denuncias sobre hechos bien concretos de corrupción reales o sospechosos, sobre la base de que no se pretenda exigirle a los denunciantes que consignen las respectivas pruebas, pues para nadie es un secreto que quien estafa dineros y bienes públicos, o recibe coimas por la entrega de contratos de obras o servicios, ya sea de forma directa o en combinación con otros funcionarios o a través de una red burocrática mafiosa, hacen hasta lo indecible por no dejar rastro alguno de sus fechorías. Igualmente, sobre este tema, se hace urgente que se incluya en la Ley Contra la Corrupción, todo un capítulo que, en términos claros y precisos, proteja a denunciantes y testigos sobre hechos de corrupción.
Sobre esta última propuesta de la denuncia sin pruebas, vale observar que en el mundo de la lucha en serio y responsable contra la delincuencia, incluyendo la de cuello blanco, no hay organismo policial alguno que la deje pasar por debajo de la mesa, pues los expertos investigadores saben que sólo un pequeño indicio puede conducir al acopio de pruebas contundentes e irrebatibles. Personalmente y por la experiencia que tuvimos en la Contraloría General durante casi 25 años en el ejercicio del cargo de Auditor Fiscal, en todas sus categorías, y luego gerente de áreas tan importantes como la de Inspección de Obras Públicas y la de Control Previo de Gastos, damos fe con abundantes ejemplos que esos pitazos sólo de boca y sin una prueba objetiva de respaldo, nos llevaron a descubrir innumerables de ilícitos.
Para cerrar la nota, nada más apropiado que hacerlo con esta sabia reflexión de nuestro Libertador Simón Bolívar en carta al General Bartolomé Salom, de fecha 24 de enero de 1824: "La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con más frecuencia, y al fin llega el caso de que el castigo no basta para reprimirlos"
(*) •Informe Anual 2015 / •Informe Anual 2014 / •Informe Anual 2013
