En este tema es preciso no llover sobre lo mojado, no repetir lugares comunes y caer en lo que precisamente quieren y desean los enemigos del proceso. La generalidad en el uso de la denuncia apunta hacia el desasosiego y la desesperanza, a mi modo de ver, la importancia de tener un presidente sin un ápice o arista por donde atacarlo en esta dirección es demostrativo de garantía para que las instituciones ejerzan su trabajo y se cumplan las leyes de la materia, aunque esta puede que sea una posición conservadora es la mejor alternativa ante la moraleja del combate a la corrupción, el asunto está entonces, en el fortalecimiento de las instituciones, lo que debe girar sobre la conveniencia pragmática del estatuto que rige a las mismas, quiero decir, que aquellas deben ser puestas a tono con la realidad del país, al fin y al cabo las personas pasan y las instituciones quedan, en reciente artículo sobre la ética revolucionaria dirigido en forma pública al comandante William Izarra, se hace mención a la necesidad de reforzar tanto a las instituciones como exigir de los partidos que apoyan el proceso y a los funcionarios de jerarquía mayor, a que no descuiden lo que pasa con sus subalternos, comenzando por las designaciones sin exigencias hacia el entorno de cada una de las instituciones.
Uno de los mayores hechos que están ocurriendo en la Administración Pública no es precisamente el atentado al patrimonio, en este caso particular, las instituciones a quienes corresponden deben controlar y vigilar, ahora bien, cuando no se trata de daño patrimonial directo, el asunto tiene otras lecturas entre ellas la actuación por omisión o negligencia de las líneas generales de la gestión gubernamental, bien entendemos que hay opositores vestidos con boína roja y son los que están haciendo mayor daño, cuando son indiferentes a hechos irregulares, cuando los proyectos elaborados y aprobados por el Ministerio de Planificación y Desarrollo estuvieron en su contenido con una alta dosis de filosofía de la cuarta república, porque la mayoría fueron elaborados sin considerar el entorno externo e interno de cada ente a la mejor usanza de la cuarta república, sólo para cumplir con el requisito del presupuesto por proyectos, de esta manera es altamente improbable que se cumplan los objetivos trazados.
Sabemos que en muchas oportunidades nos mordemos la lengua ante las evidencias de lo que está ocurriendo, en nuestro concepto la contraloría social no ha sido permisada en la mayoría de organismos públicos, lo consideran entidad extraña a sus cometidos originales y es fruto de esa visión con gríngolas que tienen funcionarios formados en épocas anteriores, el caso más patético está en los cargos de Planificación de cada ente y que no ha sido corregido en el MPD porque allí existen de igual manera. La ausencia casi absoluta del uso de la Planificación Estratégica y toda su conformación teórica práctica, es uno de los elementos a revisar con urgencia.
Por otra parte, el adolecimiento regular del uso de la Visión y Misión de una entidad pública es la que permite las desviaciones de carácter presupuestario, siendo que por esta vía los recursos no son utilizados con la optimización requerida y son caldo de cultivo a través de los procesos licitatorios para aprobar gastos fuera del contexto real y necesario, en el segundo año de la formulación presupuestaria por proyectos debe mejorar la elaboración de los mismos sin excusa de la improvisación, siempre y cuando estos obedezcan a los planes y estrategias comunes al ejercicio de la gestión.
Todo lo anterior esta íntimamente relacionado con la corrupción y las denuncias, objeto del presente artículo, es por ello, que debemos conocer la administración por dentro para saber que es lo que se hace bajo argumentos leguleyos y administrativos para beneficiarse de un cargo público, no siempre un ministro o viceministro e inclusive directores conocen todo el panorama de actuación posible, es por ello, que recurren a funcionarios de menor jerarquía del como hacer las cosas y allí en nuestro concepto comienzan muchos de los desaciertos en materia por ejemplo de tierras y alimentación, y contraloría sanitaria, entre otras actividades.
Desde el punto de vista político se está haciendo uso consuetudinario de las denuncias por corrupción, inclusive en los últimos meses muchas de ellas no vienen del sector opositor, sino de lo que creemos son compatriotas que acompañan el proceso y que han caído en esa especie mediática de repetir o aceptar que tal o cual denuncia es cierta, en particular considero que se debe reflexionar al respecto, no por el carácter prohibitivo de hacerlo, sino más bien para no caer en el juego que no queremos jugar y repito la presencia del presidente desde el punto de vista del ejemplo y la enseñanza es una garantía que no debemos perder de vista. En todo caso, el “deber ser” es convertirse en contraloría social organizada y no caer en la crítica y la denuncia desde el lugar pasivo sentado frente a una computadora.
Por último, es bueno señalar que durante estos últimos años se han dado muestras suficientes de combate a la corrupción, flagelo no siempre fácil de detectar y mucho menos desde la casa u oficina, es por ello, que en este proceso revolucionario las cosas se están haciendo paulatinamente y no podemos esperar que se solucionen cuando en un momento determinado fueron consideradas como parte del folclore nacional y democratizadas por la cuarta república, esencialmente porque no había un presidente que fuera referencia inmediata para corregir entuertos y desviaciones de esta naturaleza. Debemos fortalecer la contraloría social ahora con más ímpetu que nunca por la cada vez mayor presencia de la gente en la marcha de la gestión pública no como simples espectadores, la Ley de Consejos Comunales es una buena oportunidad para adelantar el mejoramiento y modernización del Estado venezolano. La legislación en materia de penalidad debe ser actualizada a los tiempos y desde ya comenzar la labor educativa de formación para la vida y la ciudadanía.
