En este apartado, queremos hacer constar lo que a juicio nuestro a derivado el proceso de transición del Estado en Venezuela en los últimos 30 años; a saber: un primer proceso neoliberal, en la década de los 90', como respuesta acrítica a la globalización donde se planteaba el Estado mínimo necesario; una expresión autónoma posterior a la que podemos categorizar de posneoliberal, a partir del año 1999, cuyo discurso más radical se empezaría a mostrar a partir del proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI en el año 2006; y la versión más reciente, que se expresa con total claridad a partir del año 2016, de lo que consideramos es una versión que atrofia los principios del Socialismo del Siglo XXI, que le daremos el nombre de Estado Neoliberal Militar.

Antes que nada, con base en nuestro modelo dialéctico de investigación social (Damiani, 2014), recordamos que para nosotros, “la producción económica y la estructural social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época” (Engels, 1989: 15). Es decir, los cambios sociales y las características de las revoluciones políticas, han de encontrarse en las transformaciones operadas en el modo de producción y en la economía de la época que se trata (Engels, 2013: 65). Para exponer nuestra tesis acerca de la transición del Estado Liberal Burgués al Estado Neoliberal Militar, tendremos que explicar como se da el método de apropiación de capital y cuales son las relaciones de producción de ambos estadios.

Recordando que las relaciones de producción, según Damiani (2014) son:

Un sistema de posiciones destinadas a los agentes de producción con respecto a los principales medios de producción. Tales posiciones son los lugares desde donde se desempeñan las funciones relacionadas con el proceso de apropiación de la naturaleza, del proceso productivo y la distribución de sus resultados. [Éstas] relaciones de producción hallan su expresión jurídica en las relaciones de propiedad (p.19). (subrayado nuestro).

En el Estado Liberal, con su Revolución Burguesa, se pasaría de una etapa de producción individual y de una división espontánea del trabajo, sin plan de producción de la Edad Media, a un nuevo modo de producción, el capitalista, donde existe una división planificada del trabajo [más no así planificada su economía] y donde el proceso de producción pasa a ser social. (Engels, 2013: 68). La contradicción que le plantea el marxismo clásico al modelo capitalista de producción, génesis de toda su teoría económica, es que “estos medios de producción y sus productos sociales eran considerados como si siguiesen siendo lo que eran antes: medios de producción y productos individuales” (p. 69-70). No obstante, si en la edad media el productor se apropiaba de los productos, era básicamente porque estos productos eran suyos, de su propia creación, mientras que en el sistema capitalista el propietario de los medios de trabajo, continúa apropiándose del producto, aunque este ya no es un producto suyo, sino “fruto exclusivo del trabajo ajeno” (idem).

El desarrollo de la moderna economía productiva en Venezuela, a pesar de estar inscrita en el proceso capitalista global, se ha desarrollado de forma anómica por su carácter rentista petrolero. Lo que ha generado que la burguesía financiera irrumpiera con fuerza en un proceso de desarrollo histórico mucho menor que en los países del centro económico mundial y que además no lo hiciera a costa del desarrollo previo de las fuerzas productivas en términos industriales, sino a través del Estado venezolano como regulador de la renta petrolera.

A pesar de ser este elemento -el del rentismo- un eje transversal en la historia económica y socio-política de nuestro país, lo que ha variado en los tres periodos que mencionamos a priori en el apartado, es tal como lo indica el concepto de relaciones de producción expuesto por Damiani (2014), la expresión jurídica de estas relaciones de propiedad. Como ya la etapa del neoliberalismo y del posneoliberalismo la hemos explicado en otras entradasⁱ, pasaremos a exponer de manera concreta las nuevas relaciones de producción, y su consecuente forma de propiedad que se expresan en el Estado Neoliberal Militar:

Para ello, partiremos de lo que representa concretamente la renta petrolera y su forma de propiedad. En primera instancia, en el Estado venezolano los derechos de propiedad radican en el Estado nacional. Asimismo, es necesario comprender que la renta petrolera no es la totalidad del ingreso petrolero, sino la parte correspondiente estrictamente a la propiedad sobre el recurso (Baptista, 2016). Es decir, la diferencia cuantitativa entre el costo de producción y el costo de venta de la mercancía que se apropia el dueño de estos medios de producción.

Lo que sucede con el Estado Neoliberal Militar es que se desvirtúa el rol del Estado como ente soberano de los recursos naturales; y este pasa a reforzar la propiedad privada de forma directa a través de si mismo, lo que sin duda podría parecer un oxímoron -aunque no tendría nada que envidiarle en esta categoría a la creación del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (2016)- otorgándole la propiedad de la renta, en los términos expuestos por Baptista (2016), al menos de forma parcial, al estamento militar. De esta forma, se da un proceso fundamental de transición: mientras que en el Estado Liberal Burgués, el monopolio de la violencia es utilizado para legitimar la propiedad privada y sus relaciones jurídicas de los medios de producción por parte del capitalista; en el Estado Neoliberal Militar los entes encargados del monopolio de la violencia pasan a ser los propietarios directos de los medios de producción, reforzando la estructura del Estado, pero desviándolo de sus fines primarios. Así, el petróleo y los productos de la actividad minera, en cuanto tal, dejan de ser de “todos” los venezolanos, cuya representación jurídica es el Estado; y pasa a ser de un estamento específico, el militar, pero a través del Estado mismo. Este hecho en palabras de Baptista (2016) “parte en dos” la historia del país en relación al petróleo, y expone que:

En 100 años de historia petrolera, nunca había ocurrido que un estamento, un grupo, una parcialidad, de la vida venezolana, tuviera a título propio injerencia en el negocio. Siempre fue nacional, PDVSA nacional. Las compañías concesionarias [se registraban] ante el Ministerio de Energía y Minas, que representaba [jurídicamente] a la Nación. [Pero] en este momento, no”.

Este hecho lo vemos concretamente en la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), publicada en Gaceta Oficial N° 40.845 el 10 de febrero del 2016, compañía que se registra como perteneciente al Estado, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Según la Gaceta, CAMIMPEG es un empresa que debe garantizar un “modelo económico productivo ecosocialista” a la par de “incrementar el desarrollo de las tecnologías propias de nuestra industria militar” para así generar “las bases materiales para la profundización del socialismo bolivariano”. Asimismo, a pesar de esta empresa tener que estar domiciliada en Caracas en forma inicial, se le permitirá que abra sucursales en cualquier otro lugar del territorio nacional o fuera de la República Bolivariana de Venezuela según ésta lo crea conveniente. A su vez podrá tener injerencia, y en este aspecto es necesario citar en extenso el Artículo 3 de este Decreto, en:

Todo lo relativo a las actividades licitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna; se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo, y plantas compresoras en áreas terrestres y marinas; servicios de reparaciones de bombas; contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos. Prestará servicio de apoyo logístico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes. Efectuará la importación, exportación, distribución, comercialización, compra venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera (...). Servicio de transporte a nivel nacional e internacional, en las áreas de transporte lacustre, marítimo y terrestre a nivel nacional e internacional (...) Construcción de obras civiles en general (...) diseño, asesoría, consultoría, inspección, elaboración y ejecución de proyectos de arquitectura e ingeniería (...). (subrayado nuestro)

Así como un espectacular y extenso “entre muchas cosas más” que solo demuestran el total monopolio de las relaciones de producción en los términos expuestos por Damiani (2014); a saber: medios de producción, proceso de apropiación de la naturaleza, del proceso productivo y de la distribución de sus resultados; enmarcado en unas relaciones de propiedad, que pertenecen única y exclusivamente al estamento militar. Siendo éste uno de los componente de la nación, pero que hegemoniza de facto, para sí, la representación jurídica de toda la nación misma; ergo: el Estado.

Ya que a pesar de ser sobre el estamento militar, que recae todas las funciones referentes a la actividad minera, petrolera y gasífera, el capital social de esta sociedad mercantil “será íntegramente suscrito y pagado por la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”. No obstante, los aportes financieros, además de los ingresos propios generados por sus actividades, podrán venir de “donaciones de personas jurídicas de carácter público y privado”. De igual forma, la duración de esta sociedad, la cual podríamos caracterizar prácticamente de “concesión” del Estado para la totalidad de las actividades antes mencionadas, será de cincuenta (50) años. Por último, la conformación de la Junta Directiva de esta empresa, será designada y responderá de manera directa ante el Ministro del Poder Popular para la Defensa, en este caso el General en Jefe del ejercito, Vladimir Padrino López, quien es además el Comandante Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Lo que sucede con este hecho, que cabe decir no fue discutido públicamente, ni sometido al Soberano en el marco de la democracia participativa y protagónica, es una transmutación y deformación de los principios de los procesos posneoliberales y del Socialismo del Siglo XXI. Es decir, se pasa de buscar el rol hegemónico del Estado como dueño soberano de los recursos naturales ante las arremetidas neoliberalizadas y neoliberalizantes de los años 90', para la posterior distribución de la renta en términos sociales; a interpretarse, en el Estado Neoliberal Militar, como el rol hegemónico del estamento militar de forma directa, ya no solo como ente encargado del monopolio de la violencia del Estado Moderno, sino prácticamente como dominio de clase a través del Estado.

Ya hemos caracterizado de forma general el carácter Militar de esta nueva relación entre Estado y Sociedad. Falta determinar el carácter neoliberal de esta economía, que de nuevo, aunque pudiera parecer un oxímoron, de hecho, no lo es.

Ante el escenario dramático de la caída de los precios internacionales del petróleo, la respuesta que ha salido de la vocería oficial ha sido la de proclamar el fin del rentismo. No obstante, la alternativa que se promueve para la captación internacional de divisas es la explotación minera. Negando así por completo la tesis inicial del profesor Giordani (2014) acerca del agotamiento del modelo de desarrollo en el país. Se pretende cambiar de rubro como si el fin del <rentismo> como eje dinamizador de la economía nacional (Baptista, 2010), respondiera solamente a la actividad extractiva petrolera y pasara desapercibido en la actividad extractiva minera (Lander, 2016).

De esta forma, el 24 de febrero del año 2016, el mismo día de la creación del Motor Minero en el marco del Plan de la Agenda Productiva Bolivarianaⁱⁱ, sale publicado en la Gaceta Oficial N° 40.855, catorce (14) días después de la creación de CAMIMPEG, un nuevo Decreto donde se da la creación de una <Nueva Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”> que a partir de ahora calificaremos de AMO por sus siglas en español. Donde refugiándose en el “desarrollo pleno de la soberanía nacional” y la “necesidad de impulsar la transición del rentismo petrolero” se otorga a través de acuerdos privados, no públicos, con diversas empresas nacionales y transnacionales (al menos 150 de más de 30 países), el 12% del territorio nacional para el ejercicio de la gran minería; un territorio superior a la superficie de la mayoría de los países de Centro América. El marco concreto de estos acuerdos, sigue siendo desconocido para la población venezolana.

Este elemento es clave, porque focaliza el importante cambio de paradigma al que hacemos referencia entre el modelo posneoliberal o del Socialismo del Siglo XXI, al nuevo Estado Militar Neoliberal: de la transición venezolana al socialismo, donde se busca superar el rentismo petrolero a través de nuevas relaciones productivas de trabajo; se hace un salto cualitativo a la superación del rentismo petrolero a través del rentismo minero por medio del pacto formal y cerrado entre el Estado como representación jurídica de la nación entera, el estamento militar como uno de los elementos de la nación que reclama para sí la representación jurídica total del Estado y las grandes empresas del capital nacional e internacional.

En este sentido, aunque participarán de forma actividad en la iniciativa todos los Ministerios pertenecientes al tren ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, para los fines de la investigación es importante rescatar la competencia particular de dos de ellos:

Según el primer (1) apartado del Artículo 10 del mencionado Decreto, “el Ministerio con competencia Minera. Es el máximo responsable del plan sectorial así como de los elementos dinamizadores de la zona”. Mientras que en el apartado trece (13) se menciona que “los Ministerios con competencia en materia de Defensa, Interior y Justicia. Deberán generar el plan integral de seguridad y defensa”. Estos son elementos importantes para los fines de la caracterización del Estado Neoliberal Militar por dos motivos:

En primer lugar por las declaraciones que dió en Julio del 2016 en la 38va Asamblea de la Cámara Petrolera de Venezuela, Eulogio del Pino en su cargo de ministro de Petróleo y Minería [máximo responsable del plan de desarrollo del AMO], además de presidente de PDVSA donde aseguraba que las estatizaciones que habían sufrido en el 2009 algunas empresas de servicio en la costa oriental del lago de Maracaibo habían sido un error y que además debíamos “ir a un nuevo modelo con mayoría del sector privado” a la par de la mención acerca de que “en la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con 20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y PDVSA 20%” (Del Pino, 2016). Para lo cual, además, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Decreto acerca de la creación del AMO, generan una serie de incentivos enmarcados en la más profunda doctrina neoliberal que van desde la simplificación de tramites, pasando por facilidades de importación y una serie importante de exoneraciones parciales o totales del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, según sea necesario. Esto como parte de la iniciativa de la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, publicado en Gaceta Oficial N° 6.151 extraordinario el 18 de noviembre de 2014, donde se decreta la creación de unas Zonas Económicas Especiales que facilitan de manera parcial o total la desregulación de las normas aduaneras del país en los territorios considerados para tal fin.

En segunda instancia, porque los entes encargados del monopolio de la violencia del Estado, en este caso, los Ministerios con competencias en materias de defensa; han sido tergiversados en sus funciones primarias tras la creación de la CAMIMPEG. Y ahora, estos Ministerios no solamente ejecutarían planes para la defensa integral de los intereses de toda la nación, sino también planes de defensa para custodiar los intereses de clase particulares del estamento militar que rodean la creación de esta compañía con pleno poder monopólico en el sector minero, petrolero y gasífero. Más cuando esta empresa se ve beneficiada en un doble sentido de los incentivos expuestos en este Decreto: por un lado, goza de los mismos incentivos jurídicos y económicos que todas las empresas que liciten en el AMO; y por el otro, goza del privilegio de tener prioridad en el otorgamiento de estos beneficios por su carácter nacional. Por último, en el apartado denominado “Prevalencia del interés general sobre intereses particulares” (subrayado nuestro) en el artículo 25 del mencionado Decreto, el cual es necesario citar en su totalidad, se hace explicito que:

Ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto.

Los sujetos que ejecuten o promuevan actuaciones materiales tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades productivas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.

Los organismos de seguridad del estado [éste Estado no tiene mayúscula en el Decreto] llevarán a cabo las acciones inmediatas necesarias para salvaguardar el normal desenvolvimiento de las actividades previstas en los Planes de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, así como la ejecución de lo dispuesto en este artículo (Artículo 25).

Es así como de un solo plumazo se borra los derechos del Soberano en cuanto a democracia participativa, popular y protagónica se trata; así como los derechos laborales, de asociación gremial y de protesta en pro de unos “intereses generales” difusos representados en la compañía perteneciente al mismo ente encargado de llevar a cabo las “acciones inmediatas necesarias” en materia de seguridad y defensa, así como los intereses generales del capital privado en el AMO.

Sin duda alguna, estamos hablando del tipo ideal de lo que hemos pasado a denominar: Estado Neoliberal Militar. Donde se hipertrofió el rol del Estado que promulgara de manera inicial los planes posneoliberales y del Socialismo del Siglo XXI, como un avance soberano ante las políticas neoliberales en la América Latina.

Estos elementos expuestos, se harían oficiales el viernes 5 de agosto del 2016, cuando desde el salón “Gastón Parra Luzardo” en la sede del Banco Central de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ratificara la decisión de incursionar en la mega minería en el país a través del proyecto del AMO, por un monto de 4.5 millones de dólares (Maduro, 2016). Justificado en la crisis económica que atraviesa el país y agradeciendo públicamente a las empresas transnacionales del Gran Capital “por el voto de confianza que le han dado al país”.

A pesar de estar establecido en el Plan de la Patria las motivaciones ecológicas del Socialismo del Siglo XXI; Maduro no reparó en decir que se trataba del “plan más ambicioso de desarrollo minero en los últimos doscientos años”. Por último, el presidente no titubeó al exponer una de las capitulaciones más groseras y regresivas del Estado Neoliberal Militar.

Hablamos de la empresa transnacional Gold Reserve Inc., quien en el año 2008, bajo el gobierno del presidente Chávez se le había retirado la licencia de explotación aurífera en el Proyecto Brisas-Cristinas, del cual se beneficiaba desde el año 1992 tras la compra de la Compañía Aurífera Brisas del Cuyuní (Zavala, 2016), en el marco de las renacionalizaciones emprendidas como parte del modelo del Socialismo del Siglo XXI a partir del 1 de mayo del 2007.

En palabras del director y CEO de la la empresa transnacional, Rockne Timm, en una entrevista realizada por el portal web venezolano Contrapunto el 24 de febrero del 2016, explicaba que se trataba de un proyecto que supone reservas de 55 millones de oro y 4.200 millones de libre de cobre, con “un potencial considerable para la expansión” en un proyecto que se espera tenga como mínimo 25 años de vida. Timm, también explicó que durante el tiempo que había estado la empresa Gold Reserve Inc. en el proyecto Brisas-Cristina habían realizado 2.000 perforaciones y generado unas 7.000 horas de trabajo/ hombre analizando la data y formulando el plan de la mina. Este trabajo de investigación para la explotación podría llevar un estimado de 5 años si se comenzará otra vez de cero (Perdomo, 2016), elemento que se asume fue determinante en la firma de los acuerdos.

El Director y CEO de la empresa mencionada no dudó en asegurar que “el gobierno nos mostró una visión hacia el futuro, muy diferente a la del pasado, creemos que por el nuevo precio del petróleo. Así, el gobierno reconoce que debe crear un ambiente amigable para los inversionistas” (Timm, 2016) (subrayado nuestro).

¿A qué se refiere Rockne Timm cuando habla del cambio paradigmático del gobierno en cuanto a los planes de inversión? Para nosotros, al cambio del modelo soberano del proceso de transición del Socialismo del Siglo XXI al Estado Neoliberal Militar. En cuanto al ambiente amigable, “la empresa aspira contar, al trabajar en sociedad con el Estado, con ventajas fiscales, costos preferenciales en servicios y la conformación de una Zona Económica Especial” (Perdomo, 2016).

Estos acuerdos se han efectuado bajo la supervisión directa y la visión pragmática del presidente de PDVSA Eulogio Del Pino, quien de manera inicial habría sido el encargado de exponer algunos términos de la contratación. Asimismo, Maduro (2016) expresó que se trataba de un “gran convenio” donde “tuvimos un litigio, y después de darnos duro, nos sentamos”. No obstante, en el trasfondo de la negociación el Estado ha terminado por llegar a un acuerdo, donde se le termina pagando a la empresa más de lo que pedía inicialmente en la demanda registrada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) [unos 760 millones de dólares netos, además de 5 millones como parte de los gastos y costos legales] y el <gran convenio> consiste en que, el 55% de la inversión que tiene que realizar el Estado venezolano en la empresa mixta con la Gold Reserve Inc., lo cubrirá con un préstamo de dos millones de dólares contraído con la misma empresa transnacional, según declaró el mismo Del Pino a finales de febrero 2016. Es decir, en palabras de Coronil (2013) un “intercambio fáustico” entre el Gran Capital y el Estado, ilusionado por el mito del progreso extractivista.

No obstante, en términos de espacios políticos efectivos, la cuestión de la transición hacía el Estado Neoliberal Militar no radica únicamente en los procesos de apropiación de la naturaleza, del proceso productivo y la distribución de sus resultados, enmarcadas en el concepto de relaciones de producción del profesor Damiani (2014), aunque de hecho, parta de ahí.

Esta transición también se ve reflejada en la superestructuraⁱⁱⁱ política; de este modo el 11 de julio del 2016, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, había designado al Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López como jefe del Órgano Superior de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, que según el Decreto N° 2.367 del 07 de julio de 2016, publicado en Gaceta Oficial N° 40.941 de fecha 11 de julio de 2016, partiendo de la unión “civico-militar” se pretende aprovechar “la capacidad operativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio del país, su organización y disciplina, en actividades de apoyo al abastecimiento nacional de productos estratégicos”. Esta Gran Misión se encargará, en términos de estructura económica: de los procesos de distribución, comercialización y seguridad alimentaria; así como de los áreas de fármacos, higiene personal y aseo del hogar. De igual modo, de los procesos de investigación y desarrollo del área. Es decir, todos los ámbitos relacionados a la biopolítica en control del Estado.

Con la creación de esta Misión, donde la Vicepresidencia de la República y el Consejo de Ministros quedan bajo la supervisión del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se da un ejercicio absolutamente delegativo del poder, de nuevo, en complacencia del estamento militar, sin la consulta a través de la democracia participativa, popular y protagónica del Soberano.

Además, en la transición del modelo posneoliberal y del Socialismo del Siglo XXI hacía el Estado Neoliberal Militar, se desvirtúa también el concepto de las Misiones Sociales, creadas en una primera instancia como formas de justicia e inversión social en el marco de una distribución más equitativa de la renta para saldar la inmensa deuda social acumulada en la población; pasan a consolidar el control de la nueva clase dominante, en los términos ya expuestos a lo largo del apartado, a través del reforzamiento mismo de las funciones que asume el Estado en el marco de los procesos posneoliberales.

Este mismo proceso de transición del Estado lo vemos reflejado también en el Plan Agroproductivo Zamora Bicentenario (Plan Zamora 200) generado en febrero 2016 y que según el presidente Nicolás Maduro, abarca 470.569 hectáreas, 97 unidades de producción, 135 casas de cultivo, 2 fundos zamoranos, 114 granjas piscícolas y 66 granjas camaroneras con un total de 414 unidades productivas y que resulta de la fusión entre los motores agroalimentario y el de la industria militar enmarcados en la Agenda Económica Bolivariana (Maduro, 2016). Dicho Plan busca “el aumento de la producción agroalimentaria, acuícola y pesquera, de manera inmediata y oportuna, como estrategia que permita, planificar , ejecutar y asegurar corresponsablemente la Seguridad y la Soberanía Alimentaria” (Spano, 2016). Donde según las declaraciones dadas por el Vicealmirante José Gregorio Aguilera Contreras, Viceministro de Agricultura Productiva del (MPPAPT) y presidente de AGROFANB:

“Se unen esfuerzos y capacidades entre los ministerios del sector productivo para potenciar la producción primaria de alimentos en 470 mil hectáreas (...) [De igual forma] nos estamos proponiendo no menos de 113 mil toneladas de alimentos para surtir y abastecer los requerimientos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pero pensando que los excedentes deben direccionarse al pueblo venezolano” (Aguilera, 2016)

Así vemos como en la transición hacía el Estado Neoliberal Militar, la Agenda Económica Bolivariana, que como agenda del Estado representa los intereses de toda la nación, termina siendo hegemonizada en alguno de sus objetivos, por un estamento de la misma; es decir: el militar. Esto sumado a que en la creación de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, todos estos procesos productivos responden directamente al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

Esto va a acompañado de otros elementos fundamentales del organigrama político del país, que sirven para comprender a profundidad los alcances del Estado Neoliberal Militar:

En primera instancia hasta agosto del 2016, existían en Venezuela 31 ministerios de diversas índoles, de los cuales, los referidos a los ámbitos biopolíticos del control del Estado se encuentran en manos del estamento militar; a saber:

El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras a manos de Wilmar Castro Soteldo; el Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Agricultura bajo al responsabilidad de Ángel Belisario; el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda a cargo de Manuel Quevedo; el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación bajo la jefatura de Rodolfo Marco Torres; y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica a cargo de Luis Motta Domínguez. Esto sin contar los dos que <naturalmente> responden a sus funciones de ejercicio y jerarquía militar como el Ministerio del Poder Popular para la Defensa a cargo de Vladimir Padrino López y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a manos de Néstor Reverol.

Esto sucede porque mientras en el proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI se considera el rol del Estado como ente soberano que busca una distribución más equitativa de los recursos; en el Estado Neoliberal Militar es deformada esta visión y se sigue considerando el Estado como un ente soberano encargado de esta actividad, pero solo se observa posible ese ejercicio efectivo en las áreas estratégicas, a través del control, jerarquización y disciplina que imparte naturalmente la formación académica militar. Además de ser elementos directos del estamento que representa el monopolio de la violencia en el Estado Moderno. En este sentido, cabría hacernos la pregunta de ¿cómo se relacionan realmente en la práctica la jerarquía militar vertical con la participación popular protagónica y horizontal que promulga el Socialismo del Siglo XXI?

De igual forma podemos asegurar que otros dos elementos de vital importancia como lo son el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), compuesta por al menos 19 empresas del área industrial del aluminio, hierro y acero se encuentra a cargo también del cuerpo castrense.

De este modo, contrario a la visión de algunos analistas políticos que observan en estos hechos un “simple” incentivo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus distintos componentes, para frenar lo que representa una salida del Gobierno a través de un golpe clásico militar, fantasía que solo existe en sus sueños. O los que consideran que se trata de un golpe positivista, como sí una transición política de tal magnitud pudiera darse a través del “orden y progreso” pautado y programado de los ejercicios de poder del Ejecutivo al estamento militar por supuestas divisiones en el ceno del proyecto político Bolivariano. Nosotros consideramos que estamos asistiendo a algo mucho más profundo: a la transformación radical del Estado Moderno y el fin, o al menos la transmutación derivada de un fuerte estancamiento, del proceso de transición al Socialismo del Siglo XXI en Venezuela. Ergo: el nacimiento del Estado Neoliberal Militar.

Un hijo atrofiado del posneoliberalismo del tercer lustro del siglo XXI, cuyas expresiones se hacen sentir hasta en los países del centro mundial con el arribo de los populismos nacionalistas de derecha. Cuya deformación de la figura soberana del Estado ante las arremetidas neoliberales, los ha llevado a entender la administración pública como si los entes encargados del monopolio de la violencia, cuyo deber es velar por la seguridad de la misma, pudieran administrarla y apropiarse de sus excedentes directamente. Otorgando así la representación jurídica y simbólica de toda la nación, a un estamento en particular que la hegemoniza para así; ya no solamente de manera simbólica, sino en la estructura económica concreta. Reforzando la figura del Estado en la forma, pero generando nuevos régimen de propiedad y apropiación individual de fondo; cuyos elementos particulares se entienden en línea directa con el Gran Capital internacional.

Y los funcionarios militares, que en algún momento tuvieron cargos de representación pública o de vital importancia bajo las directrices del Ejecutivo, que hoy se manifiestan en contra del proceso político en boga; algunos abiertamente aliados con factores imperiales, radicados y protegidos en los EE.UU, parecen ser solo el canto de sirena de quien busca desesperadamente ver también representado sus intereses de clase en el nuevo proceso de transición del Estado venezolano.

Referencias bibliográficas

Libros y artículos arbitrados:

- Baptista, Asdrúbal (2010). Teoría económica del capitalismo rentístico. BCV

- Coronil, Fernando (2013). El Estado Mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela. Editorial Alfa

- Damiani, Luis (2014). El modelo dialéctico de la investigación social. Editorial Trinchera.

- Engels, Federico (2013). Del socialismo utópico al socialismo científico. Editorial Ocean Sur

- Giordani, Jorge (2014). La transición venezolana al socialismo. Vadell Hermanos

- Lander, Edgardo (2016). La implosión de la Venezuela rentista. Fundación Rosa Luxemburgo.

- Silva, Ludovico (2011). El estilo literario de Marx. Fondo Editorial Fundarte

Artículos de prensa:

- Maduro: Plan Agroproductivo Zamora Bicentenario arranca con 414 unidades de producción. Disponible en internet: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/311067/presidente-maduro-activara-plan-agroproductivo-zamora-bicentenario/

- FANB activa “Plan Zamora 200”. Disponible en internet: http://www.mindefensa.gob.ve/viceplandefensa/index.php/noticias-viceplan/78-activacion-del-sistema-de-produccion-agropecuario-del-sector-defensa-plan-zamora-200

- Gold Reserve otorgará dos mil millones de dólares en préstamos a Venezuela. Disponible en internet:

http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/124846/gold-reserve-otorgara-dos-mil-millones-de-dolares-en-prestamos-a-venezuela.html

- Venezuela Firma nuevos acuerdos por $4.500 millones para el desarrollo minero. Disponible en internet: http://contrapunto.com/noticia/venezuela-firma-nuevos-acuerdos-por-4500-millones-para-el-desarrollo-minero-91869/

- Gold Reserve: mayor dependencia y destrucción ambiental en Venezuela. Disponible en internet:

http://laizquierdadiario.com/Gold-Reserve-mayor-dependencia-y-destruccion-ambiental-en-Venezuela?_ga=1.147661175.1382539323.1466211633

Gaceta Oficial:

- Gaceta Oficial N° 6.151 Extraordinario. Disponible en internet: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_cda930a8d3ec807496d4f37c53069e53672c2bc4.pdf

- Gaceta Oficial N° 40.845. Disponible en internet:

http://www.juris-line.com.ve/data/files/3287.pdf

- Gaceta Oficial N° 40.855. Disponible en internet:

http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=2f65f31f-78ff-4881-979e-6fe17fdfe9f0&groupId=10136

- Gaceta Oficial N° 40.941. Disponible en internet: https://app.box.com/s/lv99pvixebfv6jnhg1bt3im8gs084tjv

Entrevistas:

- De arbiraje contra Venezuela a operar en el principal proyecto minero del país. Por Alessandra Perdomo. Disponible en internet: http://contrapunto.com/noticia/del-arbitraje-contra-venezuela-a-operar-el-principal-proyecto-minero-del-pais-63317/

- Asdrúbal Baptista: “Aquí nadie crece si no es matando a quien lo sostiene”. Por Hugo Prieto. Disponible en internet: http://prodavinci.com/2016/07/31/actualidad/asdrubal-baptista-aqui-nadie-crece-si-no-es-matando-a-quien-lo-sostiene-por-hugo-prieto/

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