El uso de medicamentos surge a partir de la necesidad de la población de tratar enfermedades que antes eran imposibles de curar. Su uso y demanda desproporcional han convertido a la enfermedad en un negocio lucrativo para la industria farmacéutica, ya que su sentido altruista no es en pro de la salud sino en ver acrecentar sus ingresos a costa de una población sumergida en el dolor, en la angustia, en el desconocimiento de buscar otras alternativas viables, y como en el caso de Venezuela en una crisis sin precedentes. Este sector supera las ganancias por ventas de armas. Por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancia. En el 2002, según la revista Fortune, de las 500 mayores empresas del mundo, el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas. El 60% de las patentes de medicamentos son de los EE.UU., frente al 20% de la Unión Europea. La globalización de esta gran industria ha permitido extender su poder para decidir qué enfermedades y qué enfermos merecen cura. Las grandes industrias han creado enfermedades o situaciones de alarma social para vender sus productos como sucedió con el Tamiflú contra la gripe H1N1; han promovido la corrupción, han dañado la salud con sus mismos productos llegando a causar hasta la muerte. Así como inocularon en 1946 a los guatemaltecos sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, para realizar experimentos patrocinados por los EE.UU., así mismo han inventado enfermedades nuevas para convertirnos en pacientes, como: trastornos de ansiedad social, síndrome de colon irritable, colesterol alto, entre otras. Los gringos dominan el mercado de los 50 medicamentos más vendidos.

Ante esta situación Venezuela se ve sometida a las políticas de estos grandes países. Las sanciones contra el país prohíben la comercialización de medicamentos e insumos médicos con otros países, como sucedió hace poco con Colombia. Estos castigos no afectan al gobierno en sí, sino al pueblo venezolano que ya no solo sufre un ataque por la escasez de alimentos, sus elevados costos y la fuga de éstos a otros países; además padece la desaparición de medicinas, sus elevadísimos costos, y/o la alternativa de adquirirlos fuera del país, a precios que superan el DólarToday. En el año 2015 CENCOEX otorgó, por ejemplo, $168MM al laboratorio Sanofifi-Aventis de Venezuela, para el abastecimiento de medicamentos e insumos, pero las medicinas nunca llegaron. Igualmente se les otorgó a la Bayer y Roche, con resultados muy infructuosos. La distribución de los medicamentos e insumos en el país se obtienen por dos vías: por el sector público y por el sector privado. En la primera, los usuarios deben registrarse ante el centro de salud más cercano para obtener el medicamento, esta data se envía al Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien debe dar respuesta inmediata a la requisición, pero en la práctica real no es así. La mayoría de los usuarios que se registran son diabéticos, hipertensos, de salud mental y sexual reproductiva; existen fallas para cubrir toda esta población. En algunos centros de salud los pocos medicamentos que llegan son acaparados por inescrupulosos para revenderlos. En cuanto a los insumos médicos para los pacientes que ameriten ser tratados, hospitalizados u operados, la mayoría deben comprar desde una inyectadora, si hay en los centros de salud éstos se destinan a pacientes con escasos recursos económicos. En algunos centros se leen avisos "traer jeringas y guantes", porque no hay, los cuales pueden costar desde Bs. 3.000 y 10mil, respectivamente. Una solución fisiológica Bs. 25.000,00. El poco presupuesto asignado para los centros asistenciales no cubre la demanda existente. No obstante, el gobierno ha hecho grandes esfuerzos en abastecer los almacenes robotizados para, en la medida de lo posible, cumplir con la gratuidad de la salud a todos sus ciudadanos.

Comprar medicamentos en Venezuela en el sector privado es verdaderamente una perversión. No es la salud la que es un negocio para la industria farmacéutica y para todo funcionario que la considere como tal, es la enfermedad de los ciudadanos, y en estos tiempos de crisis el mercantilismo se acentúa. Algunas farmacias venden un blíster de Losartán en Bs. 80mil, dentro de poco la venderán por unidad; la Aspirina y el Fluconazol sobrepasan los 100mil; Insulina no se consigue, en precios bachaqueros la venden en 200mil. Semanalmente los precios cambian hasta en 500%. Las cajas marcan "precio justo", pero es impensable que con un salario mínimo como el nuestro, una persona que sea insulinodependiente e hipertenso pueda adquirir algún medicamento con estos precios mal llamado "justo"; más que injustos son una cachetada, para una población que someten bajo su dominio. Es el neoliberalismo más salvaje contra la humanidad porque mueren niños, adultos, mujeres embarazadas y ancianos que necesitan sobrevivir, o mejorar su calidad de vida. Cada vez son más miles de venezolanos que nos vemos privados del derecho de comprar un medicamento e insumo, o de adquirirlo por el sector público, porque además la demanda se hace más insostenible si la industria crea más enfermedades. El gobierno debe vigilar, controlar y ajustar los precios de los fármacos y colocarlos en la cesta básica de los venezolanos o como bienes de primera necesidad; al tiempo que el sector público debe ser más eficiente con la distribución de los medicamentos e insumos, dotar más a los centros de salud y aplicar más control y supervisión. Las medidas deben ser más contundentes, porque el impacto social, económico y político sobre la población es muy grande, para ello es necesario la participación del pueblo organizado, de los organismos competentes (como la SUNDDE, así no solo saldrá solo en diciembre sino durante todo el año) y de los cuerpos de seguridad (que sean de honestidad comprobada). Se deben modificar los criterios de la entrega de divisas y la fijación de precios de manera uniforme todos los laboratorios que hacen vida en el país; crear una empresa pública farmacéutica que asegure la fabricación de los medicamentos necesarios, con el apoyo de países amigos en un primer plano; fomentar el uso racional de los fármacos a través del MPPS; incentivar la medicina alternativa y darle la debida prioridad y promoción como una alternativa viable para mejorar la calidad de vida (como la medicina tradicional china), e impulsarla como una estrategia política de salud de menor costo. Lo importante es anteponer el derecho a la salud sobre los desproporcionados y salvajes beneficios a los que imponen enfermedades para lucrarse, para que el sistema público nacional de salud deje de ser una entelequia.