Por fin, se comienzan a dar los resultados. Se hace justicia, una justicia imparcial. Han caído tanto opositores como rojos rojitos, pero los detractores manipulan, hablan de una especie de cacería de brujas. Cuando imputan a los opositores dicen que eso es persecución política y cuando incrimina a los rojos rojitos, argumentan que lo hacen para tapar escándalos.
Se asombran porque la Fiscalía hace una acusación detrás de otra, pero no dicen que el asunto radica en que en este país hay muchos ladrones. En la IV República asumir un cargo de elección popular era adquirir una licencia con la que se podía robar. En ese tiempo ni se hacían denuncias ¿para qué?, si no prosperaban. El problema se hizo tan grave que se puso de moda la frase “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde haya”. Eso pasó a ser algo cotidiano. La inmoralidad se hizo, prácticamente, una norma. El que llegaba y no robaba era catalogado como imbécil, estúpido...Y, por ende, hay tantos políticos bandidos sueltos con deudas por saldar, que ahora están calladitos.
Algunos han caído, pero faltan. A esa lista se agregan los revolucionarios disfrazados, que se acercan a Chávez para enchufarse en el poder y evadir la justicia. El Presidente tiene que estar expectante. A estos –y con más razón- hay que aplicarles todo el peso de la ley. Son traidores que dañan el proceso. No merecen consideración. El pueblo los repudia. Tienen que pagar prisión. Eso lo agradecería la Venezuela socialista que se construye.
De allí que insisto en la propuesta de abrir un período para los candidatos, el cual permita verificar si posee o no denuncias en el Ministerio Público y de tener, proceda una investigación con el fin de ver si es inocente o culpable. Esta propuesta debería ser un requisito indispensable en las elecciones, más actualmente que habrá comicios en Maracaibo.
Serviría, igualmente, para afinar el radar anticorrupción del que habló Chávez, al ratificar la guerra a la impunidad y continuar en contra de quien sea, sin importar colores partidistas. Es que haciendo la verificación penal de los aspirantes, ninguno con cuentas pendientes se atrevería a postular. Correría el riesgo de ser encarcelado, en todo caso, no se debería permitir las pretensiones de estos dirigentes. ¿Hasta cuándo impunidad? Los mismos candidatos podrían exigir las investigaciones como muestra de honestidad.
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