Cada vez preocupa más la actitud de la Alcaldía de Maracaibo, que insiste en argumentar a través de sus voceros, que no se puede hacer un gobierno eficiente y responder a las solicitudes de la colectividad, sino se ejecuta la reestructuración, un proceso que no es otra cosa que despedir a un grueso número de trabajadores municipales.
Rrepresentantes de la Sindicatura y de la Consultoría Jurídica plantean que para atender las necesidades presupuestarias del ayuntamiento, se requieren alrededor de cuatro situados constitucionales, por lo que persisten en defender la tal reorganización.
Como lo ven, amigos lectores, la Alcaldía no observa otra salida más que la de cesantear a la parte más débil de esta institución: sus trabajadores. Gracias a Dios el Tribunal Superior Contenciosos Administrativo suspendió la medida.
Ahora mi pregunta es: ¿Por qué tanto afán de asumir las riendas de esa Alcaldía si estaba hipotecada y con una nómina impagable? El alcalde Daniel Ponne debió sincerarse y dar pasó a cualquier otro dirigente político que estoy seguro hubiese buscado otras alternativas que no fueran la de sacrificar al pueblo, porque hay que recordar que la mayoría del personal de este ayuntamiento son personas humildes de esas comunidades, donde si no cobran pasan hambre. Viven del sueldo.
Los directivos de la Alcaldía también dicen que no han despedido a nadie y que la medida de reestructuración sólo estaba en la fase de notificación cuando el tribunal ordenó suspenderla, pero negaron los despedidos que no se ven y, no se ven, porque los hicieron a través de engaños y bajo prácticas de presión. Esa es la verdad, pero la ocultan.
El ayuntamiento marabino llamó a muchos empleados y los conminó a renunciar asegurándoles que le cancelarían sus prestaciones y después que estamparon sus rúbricas los dejaron sin trabajo y sin sus haberes. Se burlaron de ellos, no les cancelaron.
Se registraron casos en los que ordenaban cambiar a la gente arbitrariamente de cargo, a fin de degradarlas, hacer que firmaran la renuncia y luego no les cancelaban. Otros dejaron sus puestos ante este tipo de presión y entonces les aplicaban la ley por abandono laboral. Así existe una buena cantidad de empleados intentando acciones judiciales para recuperar sus prestaciones.
No es posible que un gobernante no tenga conciencia de que lo único que posee una madre o un padre de familia que devenga un sueldo son sus prestaciones ¿y se las van quitar por marramucias políticas? ¡No puede ser! Para colmo, el alcalde Ponne cómo que quiere postularse a las elecciones municipales pautadas por el CNE para el 5 de diciembre ¡Madre mía!
*Periodista
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