Mérida, 09/09/2015.- Tras las decisiones del gobierno nacional en hacer valer la autoridad ante la dramática situación fronteriza, en donde se conjuga la violencia narco-paramilitar, el crimen organizado, el contrabando de extracción, la prostitución y otros delitos; los cuales por años han afectado la vida económica y social del vecino estado Táchira, y con proyeccion en ocasiones sobre el estado Mérida. Observamos como la prensa colombiana comienza a reflejar la dramática realidad social y económica que vive la población del Departamento Norte de Santander, una región que desde el año 2008 no se contabilizaba en las cuentas y presupuesto nacional del gobierno de Bogotá.

Pero detrás de esta realidad, que hoy se destapa afectando a los gobiernos de Venezuela y Colombia,  se evidencia  otra realidad, el descuido por parte del gobierno nacional en haber dejado acumular esta situación por años, la cual hoy obliga al actual gobierno de Nicolás Maduro  en "actuar sobre la marcha" y generar una auténtica política fronteriza que regularice el tránsito y comercio sobre todas nuestras fronteras. Un politica que se vea acompañada en la dotación de  modernas infraestructuras,  equipadas con toda la tecnología de punta necesaria y personal altamente capacitado para abordar y asegurar un excelente servicio aduanero y fronterizo.  

Para ampliar lo anteriormente descrito, presentamos a nuestros lectores, el siguiente artículo titulado “Cúcuta, una economía al límite” publicado el 1 de septiembre en la versión digital del diario colombiano “EL ESPECTADOR”.

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Empresarios promueven siete sectores productivos. Construcción y comercio son ejes fundamentales

Cúcuta, una economía al límite

La informalidad en la capital de Norte de Santander supera el 60% y el índice de desempleo es uno de los más altos del país.

Por: Óscar Güesguán Serpa

El comportamiento de la economía de Cúcuta y de Norte de Santander está ligado a Venezuela por razones obvias. En la última década, producto de las diferencias diplomáticas entre ambos países y ahora de la desaceleración de la economía mundial, la realidad del departamento se traduce, entre otros aspectos, en una de las tasas de desempleo más altas del país: 13,4% registró en julio, según el DANE.

Antes de 2008 Cúcuta era uno de los puertos secos más importantes de Colombia. Entonces el comercio binacional generaba ingresos por más de US$6.000 millones. Ese mercado era uno de los más importantes para el empresariado colombiano.

El presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, asegura que, desde la restricciones para el intercambio de productos impuestas en 2009, Venezuela ha perdido su papel en las exportaciones. “Es posible que este año estén en los niveles mínimos. En el primer semestre se llevaron a cabo operaciones por US$600 millones. Esto hace pensar que este año vamos a estar por los US$1.300 millones o US$1.400 millones”.

De acuerdo con Díaz, el problema no es sólo el cierre de la zona fronteriza, recientemente ordenado por el presidente del país vecino, Nicolás Maduro, sino la poca disponibilidad de divisas para la compra de bienes colombianos. Además, el sistema de cambio establecido por el gobierno chavista es muy engorroso, por lo que se despachan muy pocas mercancías y sólo cuando se hace un pago anticipado.

Esa dependencia, que se pone de relieve cada vez que la política exterior de Venezuela así lo determina, unida a la falta de una política de desarrollo económico y social eficaz en la zona colombiana, ha sido combatida a través de la promoción de cinco sectores fundamentales: construcción y materiales de construcción, productos agrícolas, energético, comercio, salud y moda.

Los sectores claves en la generación de empleo son los de comercio, con alrededor de 140.000 trabajos; el carbonífero, con más de 7.000 puestos directos y más de 24.000 indirectos, y la construcción, que creció 70% el año pasado.

José González, presidente de la Cámara de Comercio de Norte de Santander, considera que la “dependencia” de Venezuela se ha reducido desde 2008, cuando las exportaciones del departamento tenían como principal destino el mercado vecino. “Estamos en un proceso de apuntar a otros mercados, fortalecer el interno y buscar otros turistas que vengan a la ciudad. Hemos blindado un poco la región, pero con una frontera tan amplia aún hay muchos lazos que nos afectan”.

Llama la atención que el sector de la construcción haya tenido un comportamiento positivo, pero no un impacto evidente. Sin embargo, para González lo más preocupante es la informalidad, que supera el 60% y con la situación actual podría aumentar en los próximos meses.

La industria agrícola no puede estar más afectada por el contrabando. Según la Federación Colombiana de Ganaderos, la planta de Friogán, que tiene capacidad para sacrificar cerca de 450 animales diarios, no está aportando más de mil animales al mes a la demanda de la ciudad.

“Cúcuta consume 500 animales al día, es decir, 15.000 animales al mes, pero no alcanzamos a hacer mil animales al mes. La pregunta es de dónde salen los otros 14.000. Hay un contrabando de animales que viene hacia Cúcuta. Si acá hubiera un mínimo de control no estaría pasando esto. Esta es una situación que se viene dando de tiempo atrás y que con el cierre de la frontera se sigue dando. Hay un absoluto desinterés o complicidad de las autoridades locales respecto al fenómeno”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

A propósito del contrabando, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, explicó que “había alimentos que entraban a Venezuela legalmente, pero otros estaban entrando a través de la frontera con algo de ilegalidad, debido a la demanda de los ciudadanos de allá, sin embargo, eso ayudó a que subsistiera una gran parte de la población de esa país”.

No menos importante es la preocupación de los generadores de energía. En 2010 se llegó a un acuerdo según el cual Colombia exportaría gas hacia Venezuela y luego éste abastecería al país. Según cifras del Ministerio de Minas, la capacidad de autoabastecimiento no supera los 13,2 años.

Como están las cosas, Alejandro Castañeda, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, no descarta la posibilidad de que no se honre el acuerdo.