15-07-16.-El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) solicita al Ejecutivo Nacional “detener cualquier actividad minera contemplada por el Decreto Nº 2.248 en la denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, hasta que no se haga y se exponga públicamente el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural (costos/beneficios) del proyecto.
La máxima casa de estudios del país a través de un comunicado exige además, que los estudios deberán ser realizados por “profesionales calificados de las Universidades del país” que expliquen detalladamente los impactos asociados a la explotación minera en la zona.
“El estudio debe demostrar el grado de afectación que el pretendido desarrollo tendría en las condiciones ambientales de la zona, así como en las poblaciones humanas que hacen vida en el área en cuestión y el país en general”, reza el escrito.
La UCV, haciendo uso del artículo 2 de la Ley de Universidades donde se establece que “las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”, hace una serie de planteamientos que alertan sobre La Central señala que el Ejecutivo debe presentar un estudio detallado del impacto sobre la zona
El comunicado advierte de hecho, que se trata de un extenso territorio que representa 12% del Territorio Nacional y que además incluye Parques Nacionales y Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), figura establecida para la conservación, investigación y educación ambiental y científica.
Ante esa realidad la central “exhorta a que se evalúe la diversidad de medios de producción sostenible, alternativos, que sean mucho menos riesgosos en lo ambiental y social, por ejemplo: ecoturismo, agroecología, cestería, producción farmacológica a partir de plantas con valor medicinal, entre otros”.
Señala además en su petitorio que es preciso “velar por que se realicen los análisis de costo-beneficio de los proyectos específicos que se generen en el marco del área de desarrollo del Arco Minero del Orinoco, que expresen claramente con indicadores socioculturales y económicos todos los beneficios que se espera lograr con el Decreto, tales como: empleo local, salud pública, calidad de vida, infraestructura, ingresos a la nación, entre otros factores.
Considera que por la dimensión del tema se debe “exigir la consulta pública nacional y la consulta técnica previa del mencionado desarrollo minero, así como el correspondiente Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para decisiones de trascendencia nacional, ya que las consecuencias de la aplicación de este Decreto no solo serían locales, sino nacionales y hasta regionales”.
