Viernes, 19 de agosto de 2016.- En la rueda de prensa ofrecida el 15 de agosto por la Plataforma en Defensa de la CRBV, cuyo extenso e interesante contenido venimos ofreciendo por entregas, Edgardo Lander se refirió al Tratado de Protección Inversiones con Canadá: ``Las empresas pueden demandar a los Estados, pero, los Estados no pueden demandar a las empresas...cuando una empresa hace una inversión sobre la base de una supuestas ganancias esperadas, eso hace que el Estado tenga una absoluta prohibición de tomar medidas impositivas, laborales, de regulación ambiental o de algún otro tipo que de alguna manera afecten la ganancia esperada, si se afecta la ganancia esperada, la empresa puede argumentar que esta es una confiscación indirecta y puede inmediatamente acudir a los tribunales, tipo CIADI´´(Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones).
Por su parte César Romero expuso los diferentes tipos de minería que se desarrollan actualmente, la pequeña minería y la grande...dentro de la gran minería hay dos subdivisiones, está la minería subterránea y está la minería a cielo abierto.
Más del 65% de los nuevos yacimientos o los actuales yacimientos de oro son de bajo tenor, bajo tenor quiere decir que hay poco oro con respecto a la tonelada de mineral que se tiene que extraer de la tierra y para ese tipo de mina o para ese tipo de yacimiento se aplica la minería a cielo abierto, en la cual se construyen a través de pilas grandes, se extrae todo el mineral, se construyen pilas y se irriga a través de un sistema de riego con una solución cianural.
La Gold Reserve podría explotar una u otra, podría aplicar minería subterránea y podrían aplicar minería a cielo abierto, incluso las grandes mineras en principio aplican minería a cielo abierto y luego aplican minería subterránea...y en los dos tipos de mina, como es gran minería y se necesita traer grandes cantidades de minerales, para obtener grandes ganancias, las dos van a contaminar fuertemente y las mineras tienen un prontuario de desastres ecológicos.
No hay otra tecnología, por ahora, que no sea con solución cianurada, porque es lo mas barato...sigue siendo mas rentable el tema del cianuro e independientemente si es subterránea o es minería a cielo abierto va a generar un gran impacto ambiental.
Con respecto a lo que se espera de la Asamblea Nacional Freddy Gutiérrez expresó que en conformidad a lo previsto en la Constitución Nacional, está obligada a conocer, a debatir y a aprobar o improbar los contratos de interés nacional, esto como es obvio, son contratos de interés nacional.
Es una obligación del Presidente de la República remitir lo que pretenda firmar a la Asamblea Nacional, qué cosas están planteadas hasta este momento: 1- Memorándum de entendimiento, 2- Contratos o convenios...ojalá y no se esté firmando como memorándum de entendimiento lo que es realmente un contrato de interés nacional, porque sería una fórmula que utilizaría el Poder Ejecutivo de eludir la responsabilidad de los contratos de interés público, entonces, mientras no esté aprobado por la Asamblea Nacional, nos guste o no nos guste la conformación de la Asamblea Nacional cualquier acuerdo de esa naturaleza es ilegal e inconstitucional.
Por su parte el profesor Esteban Emilio Mosonyi se refirió a la opinión de las comunidades indígenas independientes quienes se han pronunciado en contra del Arco Minero del Orinoco.
Gonzalo Gómez, de Marea Socialista, mencionó que la cifra que el Gobierno establece como volumen de la reserva de oro a ser ser certificada, estimada en 280.000 millones de dólares, por 7000 Tn de oro, es apenas un poco más de la mitad del desfalco a que fue sometida la República por los dólares fugados a través de Cadivi y un faltante en PDVSA, y no se hace nada para su recuperación, mientras se entregan recursos mineros al costo de depredar la naturaleza y lesionar a los pueblos indígenas.
Hay unos recursos que la Nación no ha hecho lo necesario, mejor dicho el Estado, el Gobierno, para tratar de recuperar que duplica los volúmenes de lo que se podría extraer en ese riesgoso y amenazador proyecto minero, riesgoso para la naturaleza, riesgoso para la población indígena y otras comunidades y lesivo para la soberanía nacional, que incluso nos arrebata soberanía legislativa.
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