Hace 23 años el pueblo venezolano cansado de tantas injusticias, atropellos, robos, traición a la patria y sainetes montados desde Miraflores para engañar al mundo sobre la realidad existente en el país suramericano, decidió tomar la justicia por sus manos y desde los cerros, bajaron los justicieros, que por años habían sido acorralados y obligados a treparse cada vez más alto en las estribaciones del Guarairerrepano, porque las áreas planas y seguras para vivir eran ocupadas por la burguesía, con el uso de la fuerza del poder económico y del Estado Terrorista, en detrimento del pueblo humilde, trabajador y productivo.
Guarenas, una ciudad dormitorio, producto de las políticas desarrollistas, fue la mecha que incendió el fortín, cuando al amanecer del 27 de febrero de 1989, se encontraron, conque las mafias del transporte apoyadas en las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, líder de la IV República, que había aumentado el precio del combustible, estaban cobrando un desmesurado aumento del costo del pasaje, para bajar a Caracas.
La agresividad y abuso por parte de los transportistas, hizo explotar la rabia acumulada de los usuarios, que sin dar tiempo a nada comenzaron a incendiar unidades y acto seguido vino el ataque contra los establecimientos comerciales, cuyos propietarios tampoco se quedaban atrás con la especulación, que golpeaba el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, sometidos a condiciones de extrema pobreza.
El 27 F, conocido como “El Caracazo” fue la reacción de un pueblo, que en los últimos 40 años, la dictadura bipartidista disfrazada de democracia, le había conculcado todos sus derechos, llegando incluso con las medidas del Fondo Monetario Internacional a negarle el derecho a la existencia.
Desde el 23 de enero de 1958, cuando el pueblo se lanzó a la calle y junto con militares patriotas derrocó la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, triunfo que le fue arrebatado por la oligarquía a través de los tres partidos del establecimiento AD- COPEI – URD, la democracia representativa que solo funcionaba para las cúpulas poderosas, comenzó a reprimir salvajemente a quienes les habían entregado en bandeja de oro la conducción del país.
Aquel estado terrorista, apoyado por Washington y los instrumentos al servicio del imperio, como la OEA, la ONU, la CIDH y demás parapetos internacionales, no tenía miramientos en arrestar sin fórmula de juicio, torturar y desaparecer a líderes populares, para dar cumplimiento al mandato imperial de exterminar a las corrientes izquierdistas, que representaban el “peligro para la seguridad del Estado y orden mundial, por ser comunistas”. En el ejercicio de esa orden de Washington y sus aliados, conocimos expresiones como: “Dispare primero y averigüe despúes”, consigna del gobierno del “demócrata” Romulo Betancourt y su ministro de policía Carlos Andrés Pérez, la institucionalización de las desapariciones forzosas durante el gobierno de Raúl Leoni (AD) “El presidente bueno”. La “Operación Vanguardia” del primer gobierno de Rafael Caldera (COPEI), que igual servía para que la policía ejecutara matanzas en los barrios pobres y sectores rurales y luego etiquetar a las víctimas, como delincuentes.
Era un Estado, donde estaba justificado todo, de la tortura, los “Líderes” de los partidos de gobierno, argumentaban, que si se trataba de una investigación delicada, el Estado podía aplicar la fuerza y la violencia para obtener la verdad. Miembros de cualquier cuerpo de seguridad del Estado podían entrar a la hora que se les ocurriera al hogar de los sospechosos de ser comunistas y llevárselos, sin orden judicial y desaparecerlos, sin que para ello hubiese tribunal alguno que investigara y mucho menos ONGs defensoras de los derechos humanos, que ahora pululan y dirigidas precisamente por los herederos de ese Estado Terroristas, que ahora claman por justicia y libertad, sino que le pregunten a los jefes de la MUD y sus candidatos, que tienen mucho que contar de aquella terrorífica época que nunca más debe repetirse y cuya vuelta al escenario nacional, lo representan las candidaturas de la llamada “Mesa de la Unidad Democrática” (MUD), cuyo abanderado es el fundador de una secta de ultraderecha y de pederastas, denominada “Tradición, Familia y Propiedad”.
La respuesta del pueblo con esa explosión social, fue confrontada por el Estado, con la brutal represión de la Fuerza Armada y las policías, que fueron lanzadas a la calle con la misión de sofocar a punta de metralla la furia popular, que dejó miles de vidas segadas de niños y niñas, ancianos y ancianas, mujeres y hombres de diferentes edades, cuyos cuerpos fueron a parar a una fosa común denominada “La Peste”. Toda esta tragedia fue ocultada al mundo mediante la férrea censura a la libertad de prensa, por parte del Estado Terrorista y sus cómplices de la canalla mediática. El 27 F, está prohibido olvidarlo y para los jóvenes actuales, su estudio les permitirá decidir el 7 de octubre de 2012, si continuamos en revolución a retrocedemos al enmascarado Estado burgués terrorista.
(*) Periodista
CNP 2414
