(Ponencia a presentar en el Foro Social Mundial)

Entre las conquistas que han venido logrando los trabajadores y el pueblo en el proceso revolucionario venezolano debemos mencionar la ocurrencia de varios fenómenos progresivos en materia de comunicación social, libertad de expresión e información:

a) Proliferación de medios comunitarios y alternativos, como periódicos, radios y televisoras locales impulsados por activistas sociales y culturales, desde las bases populares.

b) Mayor apertura de los medios de comunicación del Estado que, aunque con muchas limitaciones, son incomparablemente más accesibles a los voceros y sectores organizados del pueblo, en comparación con los medios estatales durante el régimen de la IV República que precedió al gobierno de Chávez.

c) Cuestionamiento y confrontación con los medios de comunicación del capital privado y lucha por el control social de los mismos.

Los medios comunitarios y alternativos en la revolución venezolana

Los medios comunitarios y alternativos han tenido un desarrollo sin precedentes en el marco del proceso revolucionario que vive Venezuela. Han surgido como instrumentos de expresión de organizaciones y colectivos de los barrios populares, de grupos de activistas políticos, sociales y culturales de distinta índole.

Se les reconoce un papel importante en el combate popular contra los intentos conspirativos de la gran burguesía, que se produjeron para derribar al gobierno de Chávez e instaurar la contrarrevolución.

Procuraron contrarrestar a los potentes medios del capital que promovieron abiertamente los paros patronales, el golpe militar y el breve gobierno dictatorial pro imperialista del 11 de abril de 2002 (Carmona).

Contribuyeron a informar, organizar y movilizar a la gente en el levantamiento popular que restauró las libertades democráticas el 13 de abril del mismo año. Incluso ayudaron a restablecer las emisiones de la televisora del Estado (Venezolana de Televisión) cerrada por los golpistas.
También se destacaron, dentro de sus limitaciones, en la resistencia contra el sabotaje petrolero del 2002-2003, cuando los medios privados volvieron a actuar en bloque al frente de la ofensiva contrarrevolucionaria.

Medios alternativos y comunitarios como la Radio Perola de Caricuao, Catia TVe, Antiéscuálidos.com y Aporrea.org fueron pioneros o bastiones de la comunicación popular en esas jornadas de lucha, ante el impenetrable muro de los medios privados de la burguesía y la insuficiencia de los medios estatales para contrarrestar la conspiración.

Hay que destacar que además de la prensa alternativa, las radios y televisoras comunitarias, también los medios digitales han contribuido a abrir fisuras en el “cerco mediático” impuesto por los periódicos, las radios y las televisoras de la oligarquía golpista. Uno de los más representativos es el Sitio Web www.aporrea.org, que surgió desde una instancia de articulación popular constituida para enfrentar el golpe de Estado (Asamblea Popular Revolucionaria) y que es una cartelera abierta, con noticias y debates del movimiento obrero y popular. Aporrea ha acumulado en tres años y medio cerca de 32 millones de visitas contabilizadas (junto con las visitas que no pueden ser contabilizadas por la página se estima que la cifra puede llegar a más del doble).

Gran parte de los medios comunitarios y alternativos, que ya suman algunos centenares, con distintos niveles de desarrollo, han constituido redes regionales y son un factor político muy radical, con una buena capacidad de movilización revolucionaria. La mayoría se encuentran agrupados en la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA).

En la actualidad ANMCLA trabaja en el desarrollo de una agencia nacional alternativa de noticias, una plataforma tecnológica que le sirva de base, escuelas para la formación de comunicadores populares, una cooperativa de producción y mantenimiento de transmisores, una cooperativa de imprentas y papel, unidades de producción audiovisual y otros proyectos, esencialmente autogestionarios o para los cuáles se han obtenido algunas subvenciones y financiamientos por parte de instituciones del Estado.

Entonces, en Venezuela, una de las principales conquistas del movimiento popular y de las comunidades, dentro del proceso revolucionario, son las emisoras y otros medios alternativos autónomos que están bajo posesión y control directo de organizaciones vecinales y culturales o de sectores del movimiento popular.

Pero, aunque dentro del gobierno de Chávez se han favorecido considerablemente los medios alternativos, los entes y funcionarios gubernamentales también colocan trabas y limitaciones burocráticas a su habilitación, interponen restricciones técnicas, no brindan suficiente financiamiento y limitan su cobertura dentro de estrechos ámbitos locales, mientras los medios comerciales de la burguesía gozan de una potencia muy superior, incluso superior a la de los medios del Estado, y cubren la totalidad del país o llegan con sus emisiones hasta el extranjero.

Es indiscutible el predominio de las emisoras comerciales y privadas de la burguesía sobre el espacio radio-eléctrico y el sector de los medios comunitarios o alternativos sigue siendo muy precario, por más significativo que pueda parecer en términos relativos.

Hemos conquistado nuevas herramientas y esto es muy progresivo. Pero es indudable que sigue habiendo una gran vulnerabilidad del gobierno de Chávez y del proceso revolucionario en materia comunicacional para poder enfrentar las campañas contrarrevolucionarias de la burguesía y del imperialismo.

También hay que contrarrestar en el terreno de la comunicación al burocratismo y a la corrupción, que anidan dentro de las instituciones jugando a favor de los intereses capitalistas o de las roscas, que vienen actuando para convertirse o consolidarse como nuevo sector burgués con barniz rojo y que también tienen a los medios de comunicación en la mira de sus planes de acumulación de poder. Los círculos políticos y económicos, tanto del sector privado como de la burocracia oficial, también tratan de colarse como “medios comunitarios”, instalando parapetos que sólo responden a sus propios intereses.

Lamentablemente, a pesar de los inmensos recursos económicos con que cuenta el país y de las expectativas del movimiento popular, no hay una política decidida y audaz del gobierno bolivariano que permita promover a los medios alternativos a la altura de los requerimientos y retos del proceso revolucionario.

Sin embargo, aunque parezca extraño, los medios alternativos son más bien la expresión de núcleos de activistas locales y de pequeños colectivos vinculados a las comunidades, pero las grandes organizaciones sociales como la Unión Nacional de Trabajadores, las organizaciones campesinas o las redes de comités conformados para la participación democrática y protagónica, y para la lucha por el ejercicio de la contraloría social y el poder popular en las áreas de salud, tierras urbanas, agua, etc., no se han dotado, ni tienen todavía a plena disposición radios y televisoras; ni siquiera editan regularmente periódicos de gran tiraje, aunque suelen aparecer con mayor frecuencia en programas radiales y televisivos del Estado y de los medios alternativos.

La legislación nacional en materia de telecomunicaciones todavía es muy débil y no trasciende los límites del capitalismo, ayuda poco al logro de los objetivos revolucionarios o incluso los contradice y está muy lejos de apuntar hacia un verdadero diseño comunicacional para el Socialismo del Siglo XXI. La reciente Ley de Responsabilidad Social en radio y TV, sólo permite tímidos avances, no resuelve el problema del predominio del capital sobre los medios de comunicación. Además, lo que dice en la ley no se aplica, como lo demuestra la tremenda impunidad de los medios privados y de los golpistas contrarrevolucionarios en general (libres o fugados en su mayoría y hasta haciendo negocios con el Estado). ¿Dónde está la voluntad política y la canalización de la fuerza popular para que se cumplan las herramientas progresivas que nos brindan la Constitución y las leyes? Esto debería ser considerado por el “parlamentarismo de calle” y de “consulta popular” que están promulgando los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. Deberían abocarse a elaborar el nuevo andamiaje jurídico del socialismo, incluyendo el tema de la comunicación social, basados en la participación democrática, protagónica y vinculante del pueblo y de sus organizaciones de masas porque la superestructura jurídica e institucional actual (y la estructura económica-social concreta) todavía se mantienen en los predios de las formas burguesas y del sistema de explotación capitalista.

Por cierto, sería bueno que los diputados evaluaran la reforma del Código Penal (francamente contrarrevolucionario y antidemocrático) que aprobaron en el período pasado y que fue objetada por la Fiscalía y hasta por el Ejecutivo por sus groseras violaciones a la Constitución. Dicho código, en uno de sus artículos (Art. 499) multa la reproducción de múltiples ejemplares (difusión de impresos sin guardar las prescripciones establecidas por la ley o la autoridad en cuanto al arte tipográfico, litografía, etc.). Esto luce como una potencial amenaza contra el derecho de las organizaciones políticas y populares a reproducir y distribuir volantes, y pudiera convertirse en un recurso contrarrevolucionario y antidemocrático en manos de tantos fiscales y jueces “escuálidos” que anidan en el Poder Judicial.

Continuando con el análisis de las políticas formuladas y los hechos realizados, es progresivo, pero todavía no es suficiente, lo planteado por el gobierno bolivariano en los compromisos establecidos en el segundo objetivo del “Nuevo Mapa Estratégico”, con miras a “Articular y Optimizar la Nueva Estrategia Comunicacional”. Ahí se habla, entre otras cosas, de “fomentar la comunicación alternativa y comunitaria” con la “facilitación de la habilitación de Radios Comunitarias”. Si le preguntan a los medios comunitarios y a sus organizaciones nacionales o a los que aspiran a habilitarlos, se puede tener por seguro que no van a considerar, de ninguna manera, que CONATEL ha “facilitado” su habilitación; más bien la perciben como un obstáculo y muchas veces como una amenaza. Si no, que lo digan los camaradas de la Radio Alternativa de Caracas, a la cual le confiscaron su transmisor, luego de practicar -¡hecho insólito para una institución de la “revolución”!- el allanamiento de sus instalaciones (una radio luchadora que anteriormente, el 12 de abril de 2002, fue allanada por los golpistas de Carmona). Esta “mano dura” no la ha exhibido jamás CONATEL con las televisoras y radios golpistas del capital privado.

Hay que dejar estas ambigüedades y medias tintas, contradicciones y paradojas. Es el momento de exigir un nuevo paso hacia la socialización de los medios de comunicación: La dotación con televisoras, emisoras radiales de alcance nacional y regional, y con imprentas modernas de alta capacidad, para que sean manejadas por las grandes organizaciones sociales revolucionarias del país, de manera autogestionada y autónoma, con suficientes recursos otorgados por el Estado. Televisoras, emisoras, centros de telecomunicaciones e informática, así como imprentas y equipos de reproducción para que sean conducidas por la UNT, por los agrupamientos nacionales de los campesinos, por los consejos del Poder Popular, los indígenas, las mujeres organizadas, los jóvenes, los estudiantes. En las empresas cogestionarias de la CVG, en Guayana (Estado-trabajadores), así como del sector eléctrico y de PDVSA, con cierta infraestructura tecnológica para las comunicaciones, deberían comenzar a establecerse medios radiales e incluso televisivos llevados por sus trabajadores y por las comunidades circundantes. En ello tendría que jugar un papel muy importante la estatal de telecomunicaciones Telecom. Todo esto haría inexpugnable a la revolución y multiplicaría el poder de información, formación ideológica, capacidad de convocatoria y movilización, así como de defensa nacional popular frente a la contrarrevolución o ante cualquier intentona de intervención imperialista directa.

¿Qué estamos esperando? Dinero hay, no digan que no. ¿Por qué se gasta dinero en pagarle al imperialismo la deuda externa fraudulenta e ilegítima de la IV República (incluida la deuda del empresariado privado y golpista), mientras nos recortamos en muchos aspectos que son imprescindibles y urgentes para la revolución?


Los medios de comunicación del Estado en la revolución venezolana

Respecto a los medios del Estado, es indudable que éstos ofrecen hoy muchas más oportunidades para la participación de las direcciones obreras, campesinas y populares, en general.

Pero, si bien se ha ganado mucho terreno, los medios del Estado siguen siendo esencialmente, instrumentos gubernamentales de las fuerzas políticas y dirigentes que controlan el aparato estatal.

Desde el punto de vista de su conducción, programación y administración, así como en lo que se refiere a distribución de los espacios de participación, no impera sobre ellos un control social real ni están a la disposición incondicional de las organizaciones de los trabajadores, de los campesinos ni de los organismos populares. Su apertura es relativa y aunque hay posibilidades de utilización de sus espacios, también hay muchos filtros para la crítica y para la protesta revolucionaria.

Ciertamente, en la revolución bolivariana, las radios y televisoras son mucho más accesibles al pueblo y a las organizaciones de luchadores. Uno de los mejores ejemplos positivos lo representa la emisora Vive TV (propiedad del Estado), que suele emitir en directo asambleas y reuniones de debate popular sin evidentes restricciones ni censura alguna. Venezolana de Televisión es incomparablemente más abierta ahora que con los gobiernos del “punto-fijismo” (AD-COPEI), aunque todavía tiene mucho camino que recorrer en este sentido.

Pero como decíamos, todavía no hay participación popular directa (democrática y protagónica) en la gestión de estos medios del Estado y cuando aparecen diferencias marcadas o posiciones muy críticas con los factores oficiales, dentro del marco de la defensa del proceso revolucionario, el acceso a la libre expresión se estrecha considerablemente o puede cerrarse por completo.

Por eso decimos que los medios del Estado en la revolución bolivariana no son aún un instrumento verdaderamente abierto a las masas populares. Una cosa es tener mayor acceso, pero a criterio de la autoridad, y otra es tener control y participación social plena en la dirección de estos medios públicos, donde los trabajadores al servicio de los mismos y las organizaciones del pueblo puedan manejar los distintos asuntos.

Junto con esto, es preciso discutir la necesidad de establecer servicios públicos de libre acceso y participación para el ejercicio de la libre expresión del movimiento y las variadas formas de poder popular, los trabajadores, los campesinos, las comunidades, las organizaciones sociales del pueblo explotado, así como los niños, niñas y adolescentes, donde se puedan elaborar, diseñar e imprimir volantes y periódicos, reproducir materiales informativos y de formación política, producciones audiovisuales como práctica de la libertad de expresión, sin pasar por el implacable colador del dinero. Igualmente hay que implantar, con mucha mayor profundidad, calidad y extensión, servicios de telecomunicaciones e informática disponibles para la participación democrática y protagónica de los colectivos que vienen construyendo ese poder popular, autogestionados por las comunidades y organizaciones sociales, con suficientes recursos aportados por el Estado como retribución de las riquezas nacionales que se supone pertenecen a todos los venezolanos.

Esta sería una de las maneras de caminar hacia la socialización de los medios, sin la cual no será posible lograr el objetivo estratégico de “reforzar el empoderamiento popular en materia comunicacional”, uno de los objetivos formulados en el “Nuevo Mapa Estratégico” del gobierno bolivariano. Por cierto, es necesario comentar que se le ve muy poca agilidad a la “creación de la Red de los Centros de Poder Popular”, otra de las herramientas del “Mapa Estratégico” para la consecución de tales objetivos estratégicos, en tanto que la revolución requiere mucha mayor velocidad y determinación, porque corremos el riesgo de que sea más veloz la acción ofensiva del capital y la acción corrosiva del burocratismo y la corrupción para destruir las conquistas que se van alcanzando.


Los medios de comunicación del capital privado y la revolución venezolana

En cuanto a los medios de comunicación del capital privado en Venezuela, éstos superan en número y capacidad a los medios del Estado y a los medios comunitarios y alternativos juntos, tanto en su cobertura nacional como en la internacional.

Todavía tienen un gran impacto en el moldeamiento de la conciencia de las masas en todos los estratos de esta sociedad que aún se mantiene dentro de los marcos del capitalismo. Recordemos el impacto disociador que tuvieron las televisoras, las radios y la prensa privada capitalista durante las ofensivas contrarrevolucionarias lanzadas contra el gobierno de Chávez y contra el proceso revolucionario en el cual se sostiene. Recordemos, especialmente, la perversa propaganda de corte fascista con que se minó la mentalidad de los sectores de clase media, desatando una verdadera psicosis e implantando criterios ultra reaccionarios y absolutamente pro imperialistas.

Los dueños de los medios privados son a la vez dueños, socios y aliados del capital financiero, industrial, comercial y del sector servicios, así como poseedores de latifundios. Están estrechamente vinculados a las transnacionales y al imperialismo, son sus agencias de contra información y propaganda. Han sido los artífices e instrumentos claves de las conspiraciones golpistas y sabotajes contra la revolución bolivariana y contra el gobierno de Chávez. Lo fueron en la preparación y ejecución del golpe del 11 de abril, promoviendo, instigando, articulando, malversando y manipulando, mintiendo, encubriendo u ocultando, participando en el Estado Mayor golpista. La misma función cumplieron en relación con el sabotaje económico y petrolero, la “guarimba” (insurgencia callejera de los sectores adinerados y acciones terroristas) y en los operativos dirigidos a lograr la revocatoria de Chávez mediante referendo y fraude.

Sin embargo, y a pesar de que el propio presidente Chávez los critica y se defiende fustigándolos constantemente, gozan de la más pasmosa impunidad, no ha habido ninguna sanción administrativa ni judicial contra los delitos cometidos por los mismos. No hay quien les aplique la ley.

Bien es sabido que en el Poder Judicial todavía permanecen enquistados muchos jueces incondicionales de la oligarquía golpista, pero no es esta la única ni la principal explicación de la impunidad de los medios. Un libro publicado por el Fiscal General de la República deja constancia de la flagrancia de los medios y de sus representantes durante el golpe de abril y en la proclamación del dictador Carmona, pero el Ministerio Público que él encabeza no ha adelantado ninguna acción judicial efectiva para que paguen penalmente por sus responsabilidades, que en términos económicos ascienden a muchos miles de millones de dólares. Chávez se reunió después del golpe con el magnate televisivo y empresarial Gustavo Cisneros, una de las cabezas más destacadas del golpismo y se presume que allí hubo alguna clase de entendimientos entre ambos contendientes. El gobierno tampoco ha intentado acciones legales contra los medios privados y hasta ahora, no va más allá de un escenario de “guerra fría” y “coexistencia pacífica”, una política que no termina de dar paso a la revolución en el plano de la comunicación social.

Los medios deberían haber sido demandados legalmente y se les debería haber cobrado indemnizaciones por las enormes pérdidas económicas, materiales y humanas que le ocasionaron al país, que de acuerdo con las estimaciones deben andar, aproximadamente, por unos 20.000 millones de dólares, que representaban en aquél entonces prácticamente la totalidad de las reservas internacionales y más de dos tercios de la deuda externa.

Si estas pérdidas tuvieran que ser resarcidas por los dueños de los medios, no les alcanzarían todas sus posesiones para cubrirlas y tendrían que entregarle al Estado y al pueblo todas las instalaciones y equipos de sus emisoras e imprentas, además de otras empresas. Por otra parte, con este dinero, el gobierno contaría con más recursos para satisfacer muchos reclamos sociales, como el necesario aumento general de salarios que requieren los trabajadores y los ajustes pendientes en la escala de sueldos de los empleados de la administración pública. ¿Por qué se perdona a los golpistas y liquidadores de los recursos de la nación, mientras se le imponen sacrificios al pueblo?

Un año y pico después del golpe y del sabotaje petrolero se promulgó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que amplía las posibilidades de control estatal y social sobre los medios capitalistas, de manera bastante limitada, pero que no cuestiona para nada la propiedad de los mismos. La Ley Resorte no es retroactiva y no sirve para pasarle factura y reclamar responsabilidades a los medios privados sobre sus acciones pasadas. No ha habido ninguna sanción significativa, basada en la Ley Resorte sobre los medios privados y nunca, que sepamos, han pagado las multas que alguna vez anunció CONATEL (órgano estatal que controla las telecomunicaciones). Ellos se siguen enriqueciendo y conspirando contra el proceso revolucionario y se les deja actuar como instrumentos del imperialismo en permanente campaña contra el pueblo venezolano.

En contraste con la “tolerancia” y “benevolencia” del gobierno y las instituciones venezolanas con los contrarrevolucionarios, pongamos, por la negativa, el ejemplo de cómo actuó el imperialismo frente al paro de transporte ocurrido en Nueva York a finales del 2005, al anunciar multas de hasta un millón de dólares por cada día de paro a los sindicatos y a sus dirigentes. Aquí los golpistas sabotearon la industria petrolera por más de dos meses causando pérdidas descomunales, sin mencionar los destrozos causados por todas las acciones golpistas y los asesinatos cometidos, y todo eso ha pasado por debajo de la mesa sin ir más allá del despido de los gerentes petroleros golpistas y la detención de alguno que otro dirigente conspirador. La mayoría se dio a la fuga o pidió asilo político y los empresarios y banqueros que auparon, financiaron o firmaron el decreto de auto proclamación de Carmona no han tenido que desembolsillar ni un centavo para cubrir los inmensos daños. Peor aun, reciben financiamiento y sus empresas todavía contratan con los ministerios y misiones.

La razón de esto es política; el compromiso de respetar la propiedad privada capitalista y la creencia de que es preferible la impunidad y el riesgo de convivir con el enemigo, antes que alborotar a la “opinión pública internacional” y darle motivos de escándalo al imperialismo con medidas como el retiro de las concesiones o habilitaciones otorgadas por el Estado a esos medios privados (para lo cual tiene toda la potestad legal).

Por cierto, se mantienen como secreto bien guardado las fechas de su expiración y renovación; algo que los trabajadores y el movimiento popular organizado, ANMCLA y los comités de usuarios de los medios, le deben reclamar a CONATEL, al Ministerio de Infraestructura, al Ministerio de Comunicación e Información y al gobierno nacional en su conjunto. Estas concesiones sobre el espacio radioeléctrico, definido por la ley venezolana como “un bien del dominio público de la República Bolivariana de Venezuela”, indudablemente, hace tiempo que debieron haber sido revocadas.

Por encima del intercambio de ataques verbales, de las muchas verdades que constantemente les canta el presidente, aún no se ha formulado ni se ha puesto en práctica ninguna política claramente orientada hacia la justa y necesaria ruptura total con el capitalismo mediático. Además, nada parece indicar que vayamos rumbo a su rebasamiento con el objeto de iniciar la construcción de las comunicaciones del nuevo sistema socialista. Es decir; no parece haber una franca política anticapitalista y socialista hacia los medios de comunicación, más allá de las conquistas obtenidas en accesibilidad y apertura de los medios estatales, ligeras regulaciones progresivas sobre los medios privados (Ley Resorte) y moderada promoción de que han gozado los medios alternativos.

Como ya sugerimos, esto pudiera tener que ver con el temor a las posibles reacciones del imperialismo, que trataría de presentar al gobierno bolivariano como “violador de la libertad de prensa”. Pero también tiene que ver con la concepción esencialmente reformista que está primando sobre la dirección política del gobierno venezolano, por lo que no se decide a liquidar la propiedad privada sobre los medios de comunicación por golpistas que sean y a pesar de contar para ello con todo el apoyo del pueblo. Si alguien argumentase que sólo se trata de una cuestión de ritmos y oportunidades propicias, ¡qué mejor oportunidad de expropiarlos y entregárselos al pueblo que el haber estado involucrados claramente en varios golpes e intentonas de derrocar al gobierno y de sabotear, incluso con acciones terroristas, la principal industria generadora de ingresos al país (PDVSA)! Si no se hizo entonces, podemos presumir que no habrá disposición por parte del gobierno para hacerlo nunca, a menos que el pueblo luche duramente para conseguirlo.

No se trata de evitar y de ser prudentes; es una falsa percepción de las cosas. La mejor manera de enfrentar al imperialismo no es mantener sus armas comunicacionales enquistadas dentro del país, socavando y acechando constantemente. Nada fortalecería más al pueblo y a su revolución que tomar posesión de los medios; eso contrarrestaría muchísimo mejor las campañas internacionales de los imperialistas y de la burguesía local.

El 13 de abril de 2002, cuando las masas venezolanas derrotaron al golpe contrarrevolucionario, y en las otras coyunturas de respuesta a las intentonas golpistas, miles de personas y de activistas populares rodearon a las principales televisoras privadas, planteándose la ocasión de ocuparlas y tomarlas, pero fueron parlamentarios del MVR (primer partido de gobierno) los primeros en disuadirlos. En una de esas oportunidades grupos que participaban en la Asamblea Popular Revolucionaria se movilizaron hasta el canal Venevisión y exigieron, con éxito, la transmisión de un Manifiesto Contra el Psicoterrorismo Mediático, cosa que consiguieron tras vencer el cerco de alambres de púas y hojas cortantes con que fue cerrada la calle por los agentes del capo Cisneros.

La impunidad de los medios y su actitud criminal, absolutamente inconstitucional, sigue siendo escandalosa. Sus transgresiones van desde los insultos más soeces al presidente Chávez hasta la convocatoria descarada de acciones golpistas, pasando por la violación de los derechos de los ciudadanos en todos los sentidos y la más vil y traidora propaganda pro imperialista que clama hasta por la más pronta intervención o invasión de los EE.UU. y de su ministerio de colonias (la OEA) contra nuestro país.

Ante la actitud tan débil y pasiva de las instancias gubernamentales y ante la alcahuetería de los tribunales, de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo, organizaciones civiles de carácter popular se han visto en la imperiosa necesidad de actuar por su cuenta.

Entre las iniciativas desplegadas, pasados los días calientes de las concentraciones masivas e indignadas a las puertas de los medios golpistas, algunos grupos han presentado demandas judiciales, como es el caso del Recurso de Amparo intentado por el Frente de Abogados Bolivarianos y varias organizaciones sociales contra los dueños de la televisora Globovisión, por violación de derechos humanos (25 artículos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Con bastante retraso, este recurso fue aceptado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero los procedimientos judiciales discurren con gran lentitud y poca confiabilidad. Se ha iniciado una campaña de adhesiones a esta iniciativa y pronto serán promovidas movilizaciones en respaldo, en función de lo cual se le está haciendo un llamado a las organizaciones que congregan a los medios comunitarios y alternativos, a los organismos de participación y poder popular, a la Unión Nacional de Trabajadores, a las organizaciones campesinas y a todos los colectivos revolucionarios que deseen adherirse a esta campaña, cuyo fin último, además de acabar con la impunidad de los medios capitalistas es lograr su socialización y su puesta en las manos del pueblo. Esta demanda es una excelente oportunidad para el debate político y la propaganda en torno al tema, así como para la articulación de esfuerzos y para la movilización combativa por objetivos democráticos y socialistas.

Si el gobierno trata de evitar que los gobiernos capitalistas e imperialistas del mundo y sus organismos le señalen por “atentar contra la libertad de expresión” y por eso es manso con los medios privados; entonces, que al menos nos abra paso, que nos dé facilidades a nosotros para llevar adelante esta lucha, que esgrima internacionalmente su obligación de apoyar a los ciudadanos que le piden apoyo a su demanda de respeto a los derechos humanos, violados por el psicoterrorismo mediático capitalista. Nuestros derechos son más importantes que los señalamientos de los “fariseos”.

Los dueños de los medios de comunicación privados y los actores políticos de la oposición burguesa, incluidos los agentes capitalistas de sotana, vociferan y calumnian al gobierno del presidente Chávez acusándolo de violar la libertad de expresión, cuando en realidad es una víctima del cuasi-monopolio de los medios de comunicación capitalistas, que han expropiado la libre expresión del pueblo, lo han excluido y lo han discriminado. Si tuvieran que concederle al pueblo derecho a réplica por el tiempo infinito que le dieron en las televisoras, espacios radiales y columnas de prensa a los golpistas y saboteadores, no les alcanzaría la totalidad de su programación para compensarnos. Que nos devuelvan el tiempo que le dieron al Carmona y a los demás golpistas de FEDECAMARAS, al burócrata sindical adeco Carlos Ortega, a los gerentes saboteadores de PDVSA, a los militares terroristas de Altamira, a los promotores de la “guarimba” y pare de contar… Sólo por eso tendríamos que asumir el absoluto control de dichos medios.

Llenemos de verdadero contenido revolucionario la definición del Socialismo del Siglo XXI, porque no podemos engañarnos poniéndole nombres nuevos a lo viejo. No basta con que cambien algunas formas, debe cambiar la esencia. En el “Nuevo Mapa Estratégico” se habla de “desarrollar un Nuevo Orden Comunicacional hacia la democratización del espacio radioeléctrico”. No hay democratización posible si se mantiene dominado y acaparado con gran ventaja por el capital privado. No hay socialismo con predominio de la propiedad privada y sin verdadera propiedad y control colectivo. Los medios privados capitalistas son un veneno permanente y una bomba que estalla recurrentemente, llenando de metralla e hiriendo profundamente a la revolución venezolana.

Los medios de comunicación en Venezuela, en el marco de esta revolución y en correspondencia con la prédica del Socialismo del Siglo XXI deben ser concebidos, no como negocio ni como instrumentos comerciales sujetos a los intereses de la minoría capitalista o como artefactos hipnóticos para encauzar la psicología social según las conveniencias de la patronal y del imperialismo. Deben ser vistos exclusivamente como servicios públicos para la información, expresión, educación, recreación y defensa colectiva. Por consiguiente deben estar controlados por el colectivo. Ese colectivo tiene formas concretas en la revolución venezolana.

Es decir; los medios de comunicación deben ser controlados directamente, tanto por los trabajadores de la comunicación social, como por las organizaciones sociales, tales como la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), las organizaciones campesinas (como la Coordinadora Campesina y el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora), por los organismos populares y comunales como los Comités de Tierras Urbanas, los Comités de Salud, las Mesas Técnicas de Agua, los Consejos Comunales y Locales, por los Núcleos Endógenos, por las asambleas populares, las comunidades escolares, etc., por las agrupaciones populares dedicadas a las actividades artísticas, culturales y deportivas, por las organizaciones académicas y científicas identificadas con el pueblo, lejos del control de los grupos elitescos, comerciales y financieros, de manera democrática, para la libre expresión de todo el pueblo.


Resumiendo:

Las comunicaciones del Socialismo del Siglo XXI podrían comenzar a construirse sobre la base de cuatro pilares fundamentales:

1) Un sistema público de comunicaciones comunitarias, libres y alternativas en manos de las comunidades, organizaciones sociales y formas del poder popular.
2) Apertura plena, con amplio control y participación social y de los trabajadores en los medios del Estado.
3) Servicios públicos masivos de comunicaciones, informática e imprentas populares plenamente accesibles y autogestionados con recursos del Estado por las distintas formas de organización del pueblo.
4) Cancelación de las concesiones radioeléctricas de las grandes televisoras y circuitos de emisoras privadas, a partir de la terminación de su impunidad, como paso hacia la socialización de los medios capitalistas, bajo control de los trabajadores, las organizaciones sociales y del ámbito académico, científico, cultural y deportivo.

Deberíamos agregar una quinta medida, como es la recuperación de las telecomunicaciones monopolizadas por la CANTV (telefonía y servicios de acceso a Internet), antes empresa nacional y luego privatizada por el segundo gobierno de Caldera. Además de ser necesario, por razones socio-económicas, lo es también desde el punto de vista de la seguridad nacional, ya que está en manos de una transnacional norteamericana.

Sin medidas parecidas a estas luce inconcebible alguna forma de comunicación digna de llamarse socialista. Cualquier otra cosa, en esta materia, no iría más allá de pasajeras reformas para “democratizar” el capitalismo, que por consiguiente nunca podrían ser auténticas ni efectivas.

Por supuesto, nada de esto puede hacerse de manera aislada, sino como parte de una política socialista global que apunte hacia la socialización de los medios de producción y de cambio, junto con el desarrollo del poder popular en todos los terrenos, incluido el militar. Si se deja la propiedad de los medios de producción y de los medios de comunicación en manos del capital, seguirá teniendo suficiente poder para dar, en algún momento, el zarpazo final de la contrarrevolución a la experiencia de la revolución bolivariana.

Todo dependerá de las luchas que, en este sentido, libren los trabajadores y las masas populares en Venezuela, en América Latina y en el resto del mundo contra sus burguesías explotadoras y contra el imperialismo.

Avancemos, con nuestra lucha, organización y movilización permanente hacia la construcción del Socialismo.

Eso sí, antes de que se acabe el Siglo XXI. ¿Acaso el pueblo quiere esperar 100 años?

*Gonzalo Gómez Freire
Co-fundador del Sitio Web Aporrea.org
Miembro de la Coordinación de la Asoc. Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA)
Miembro del Comité Impulsor Nacional del Partido Revolución y Socialismo (PRS)
aprvenezuela@gmail.com

Esta ponencia será debatida en el Foro Social Mundial y en actividades autónomas a realizarse durante el Foro:

1) Día 26 de enero: Núcleo Endógeno Tiuna El Fuerte, Urb. El Valle, 6 p.m.

2) Día 27 de enero: Aula 112 de la Escuela de Administración de la UCV, 3:30 p.m.

3) Día 28 de enero: Auditorio de Catia TVe, 5: 30 p.m.