La expiración del plazo solicitado en el año 2001, por el gobierno colombiano, a la Corte Penal Internacional, CPI, para cumplir con las exigencias de judicializar los espantosos crímenes que la fuerza publica y sus instrumentos de muerte del paramilitarismo cometen contra la población civil y los combatientes guerrilleros hechos prisioneros en el conflicto interno colombiano, le da una nueva dimensión al escenario colombiano, no solo por intervención de un órgano supranacional de Justicia al interior de un Estado soberano sino, especialmente, por el hecho de que ello supone el reconocimiento jurídico de la existencia de un conflicto armado interno, de naturaleza política, que enfrenta al Estado colombiano con grupos armados plenamente identificados en sus mandos, en la vestimenta de sus combatientes y en sus ideas políticas.
Aunque no me encuentro entre quienes tienen una adhesión plena a estos organismos internacionales, dado su demostrada utilización imperialistas en la exYugoslavia, Darfur, Burundi y Ruanda y, omisión impúdica en Gaza, Irak, Afgahistan; la presencia de la CPI, puede contribuir a darle un importante cambio a las condiciones de la guerra interna colombiana, en la medida en que se pueda avanzar en la lucha contra la IMPUNIDAD que la clase dirigente, su generalato y los responsables del paramilitarismo, se han venido beneficiando mediante la aprobación de leyes, como la de “Justicia y Paz” y, la utilización de la presión y la amenaza contra jueces, magistrados y fiscales honestos, con el fin de impedir, dilatar o reducir, sentencias condenatorias en contras de los responsables intelectuales y materiales de las masacres, como los 2.007 ejecuciones extrajudiciales identificadas como “falsos positivos” y, las agresiones al territorio soberano de Ecuador y Venezuela
La presencia del Tribunal Penal Internacional, CPI, independientemente del tratamiento sesgado que pretenda darle a los mandos y combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo, FARC-EP, al Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a otros grupos menores levantados en armas contra el Estado Colombiano, podría convertirse en un reconocimiento de Hecho y de Derecho, de la existencia y legitimidad política de tales organizaciones revolucionarias como Fuerzas Beligerantes, dadfo que cumplen todos los requisitos previstos en los Convenios de Ginebra de 1.949, lo cual supone desconocer la maniquea concepción de “asunto de orden público ”, con la que el Estado Colombiano califica al conflicto social y armado interno de ese país.
Por otro lado, por su valor disuasivo en el comportamiento de las Fuerzas Militares y Policiales del Estado y sus grupos paramilitares, así como de los y las combatientes guerrilleros, la presencia del CPI en el territorio colombiano, podría tener un efecto positivo en el desarrollo de la guerra y en la posibilidad de la apertura de un proceso de negociación política para la solución pacífica de ese añejo conflicto que desangra las vidas y fuerzas del pueblo colombiano y martiriza a toda Nuestra América, al obligar a una mayor observancia de los principios y regulaciones de los Convenios de Ginebra, base del Derecho Internacional Humanitario, pudiendo favorecer una “normalización” del conflicto armado y una cierta “humanización” en el comportamiento de todos los actores armados, lo cual hará forzosa la búsqueda de soluciones políticas a la guerra.
Sin embargo, la reforzada presencia de los Estados Unidos y su importante contingente de soldados y mercenarios, así como su sofisticado aparataje tecnológico, como actor del conflicto interno colombiano, lo convierte en FUERZA BELIGERANTE, lo que representará una difícil prueba ética, política y jurídica para los magistrados del Tribunal Penal Internacional, por cuanto, Estados Unidos no reconoce la competencia del CPI para juzgar los actos de su gobierno y soldados y no ha suscrito la mayoría de la Convenios que, en materia militar, se han firmado desde 1.949, lo que lo convierte en una fuerza INMUNE e IMPUNE a la jurisdicción internacional y, como tal, su exclusión del trabajo del tribunal internacional cuestionaría la legitimidad del CPI, al investigar, procesar y condenar a factores del conflicto, excluyendo de la misma al principal responsable financiero, militar y político de esa guerra: los Estados Unidos..
Todo parece indicar, que el tiempo concedido a la oligarquía colombiana para que pudieran derrotar a la insurgencia armada y la rebelión social antes del 2008, se le agotó sin mayores resultados y, ante la proximidad del vencimiento del plazo del TPI, el gobierno de Alvaro Uribe se aferró al “paraguas” imperialista de los Estados Unidos, firmando aceleradamente el convenio de cesión de las sietes bases militares y la duplicación del contingente militar y de mercenarios norteamericano, con el frustrado propósito de conseguir la inmunidad y la impunidad que evite la presencia de los miembros de su gobierno paramilitar y sus generales terroristas ante el Tribunal Penal Internacional. “Amanecerá y veremos”.
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