Este lunes, en Suiza

Ecuador: Afectados por contaminación de Chevron expondrán ante la ONU violaciones a los DDHH

Ginebra, junio 23 - La Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco (Udapt) expondrá este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el caso de contaminación ambiental registrada tras las operaciones de la transnacional petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

“Vamos a explicar la forma con la que Chevron viola los derechos humanos, no respeta las leyes del Ecuador, ni tampoco el derecho internacional, cómo agredió el ambiente y los principios del debido proceso”, indicó Pablo Fajardo, representante legal de la Udapt.

Fajardo tendrá 20 minutos para exponer el caso en el marco de la vigésima sexta sesión del Consejo de Derechos Humanos, que se efectuará entre el 23 y el 27 de junio.

El abogado expondrá el proceso judicial contra la petrolera y también presentará una propuesta para que las empresas no evadan sus responsabilidades en temas de violaciones de derechos humanos.

“Estamos haciendo ver al Consejo de Derechos Humanos que deben aprobar un convenio internacional vinculante para que las corporaciones irresponsables como Chevron lo cumplan y lo respeten”, enfatizó.

Chevron se niega a acatar el fallo de un tribunal ecuatoriano que en 2011 la condenó a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares a los más de 30 mil pobladores amazónicos afectados por las malas prácticas extractivas que utilizó su filial Texaco en esa zona mientras operó en la Amazonía desde 1963 hasta 1990.

Autoridades ecuatorianas estiman que Texaco derramó 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema, vertió otros 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas en los suelos y ríos, y quemó al aire 235 mil millones de pies cúbicos de gas.

Este martes 24 Fajardo también denunciará el caso en el Tribunal de los Pueblos, organizado por la Alianza por el Tratado, también en Suiza, que se reúne para que Naciones Unidas adopte un tratado internacional que obligue a las empresas a responder por las violaciones de los derechos humanos.



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