AI pudo determinar que “el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de cientos de víctimas”.
Según el documento, la misma se divide en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas, con racionalidad bélica, para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional también indicó que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano, terminan por criminalizar socialmente la pobreza.
Amnistía Internacional lanza #AcciónUrgente mundial en contra de ataques militares hacia las comunidades Indígenas Pemón en #Venezuela
— amnistia . org ???? (@amnistia) 20 de diciembre de 2018
Temen por su seguridad frente a las operaciones y el proceso de militarización de su territoriohttps://t.co/eyBtfyebzP pic.twitter.com/yJPYs88ibo