(Caracas, 15 de diciembre de 2021) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que hasta los momentos han sido condenados un total de 210 funcionarios de seguridad del estado por violaciones a los derechos humanos desde agosto de 2017.

Durante un balance presentado en rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, la máxima autoridad de esta institución destacó que en relación con esta materia hasta ahora se encuentran acusados 1.108 funcionarios de distintos organismos y 158 particulares, mientras que otros 582 funcionarios y 31 particulares están privados de libertad.

Igualmente, señaló que desde la llegada a su despecho hasta el mes de noviembre de este año 2021, el número de imputaciones sobre estos hechos alcanzaron una cifra de 820 efectivos de seguridad del Estado y 40 particulares indiciados como colaboradores.

En este sentido, resaltó que desde su arribo al organismo las investigaciones por denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos han sido un eje central del trabajo que lidera en el Ministerio Público.

Trabajo efectivo

Sobre esta temática, el Fiscal General mencionó el caso del exconcejal metropolitano Fernando Albán fallecido el pasado 8 de octubre de 2018, por el cual dos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional fueron condenados a cinco años y 10 meses de prisión este 3 de diciembre

Ambos implicados admitieron los hechos por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada.

Asimismo, el titular de la acción penal se refirió a la condena por 16 años de prisión del exfuncionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Dixon Caleb Arias, quien comandó una comisión que golpeó e hirió con perdigones a dos ciudadanos el 19 de abril de 2017, en la urbanización Don Samuel, de Alto Barinas, en el marco de una manifestación.

Otro caso que refirió la máxima autoridad del Ministerio Público es el concerniente al homicidio de David Vallenilla, el cual ocurrió durante una protesta frente a la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda el 22 de junio de 2017.

Ante estas circunstancias, resultó condenado este 22 de octubre a 23 años prisión el efectivo de la aviación Arli Méndez, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica.

También informó que el 4 de noviembre fueron condenados a una pena de 28 años y siete meses de prisión cuatro exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua y dos de la Policía del estado Carabobo, quienes causaron la muerte de Leonardo González en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, durante una protesta el 27 de julio de 2017.

En este contexto, los involucrados persiguieron a la víctima y le dispararon en múltiples oportunidades a su vehículo, y luego de verlo herido, lo abandonaron en el lugar. Durante este suceso, resultó herido Luis Guillermo Lachmann.

Durante el balance sobre violaciones a los derechos humanos, Saab indicó que igualmente dos policías del estado Carabobo fueron condenados luego de causar la muerte de Daniel Queliz Araca, de 20 años de edad, quien falleció por causa de un disparo en una manifestación ocurrida en 2017.

El Tribunal 7° Funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Carabobo les impuso una pena de 26 años y 3 meses de prisión.

Agregó que el 4 de octubre de este año también se dictó condena a dos expolicías del estado Táchira a penas de 27 años y nueve meses de prisión y 21 años y cinco meses, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica.

Los funcionarios accionaron sus armas contra un grupo que protestaba en una vía en julio de 2019, las cuales causaron heridas en el rostro al adolescente Rufo Chacón causándole pérdida de la visión y heridas a otro adolescente.

Indígenas Waraos

En la rueda de prensa, la máxima autoridad se refirió a una condena del 24 de septiembre, en la cual se vieron involucrados dos policías adscritos a la Comandancia General de Policía del Estado Delta Amacuro.

Ambos efectivos dispararon contra una protesta que se desarrollaba en Tucupita causando la muerte de dos indígenas waraos y heridas a otro.

En este sentido, fueron condenados Yoel González a 26 años y 6 meses de prisión por los delitos de homicidio intencional con motivos fútiles e innobles y uso indebido de arma orgánica, mientras que Yonathan Trinitario y Yohanni Figueroa recibieron una pena de 7 años de prisión por el delito de uso indebido de arma orgánica.

Casos en Anzoátegui y Zulia

En este recuento, el Fiscal General dijo que fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión el exfuncionario de la GNB José Trébol, tras admitir su responsabilidad en la agresión a joven Gianni Scovino, de 33 años y con síndrome de Asperger, mientras se desarrollaban protestas violentas en Lechería, estado Anzoátegui, el 13 de julio de 2017.

Otro caso que citó fue el de la condena de ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana por los delitos de violación y trato cruel en contra de Javier Campos Amaya, hechos ocurridos en el marco de las protestas violentas del año 2017 en el estado Zulia.

También en el marco de las protestas violentas de ese año, señaló que el 4 de mayo se logró la condena en Anzoátegui a 25 años y 8 meses de prisión contra un funcionario policial, a quien se le demostró su responsabilidad en el homicidio del joven César Pereira en Lechería.

Al implicado en el hecho, se le acusó por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, uso indebido de arma orgánica y alteración de municiones.

Cobros irregulares

En el marco de estas declaraciones, el representante de la institución garante de la legalidad destacó que no solamente las presuntas las violaciones a los derechos individuales son investigadas, sino que también en la actualidad se cuenta con una línea de acción contra violaciones al derecho a la salud, tales como el cobro irregular en centros hospitalarios.

En esta materia, adelantó que se han investigado 54 denuncias en establecimientos de 15 estados; se han presentado acusaciones en 15 casos y se ha logrado condenas en 10 de ellos

“Vamos a estar muy atentos, por lo que la instrucción es a los fiscales superiores del país para que estén pendientes de las denuncias del pueblo, porque eso atenta contra los más vulnerables”, expresó el alto funcionario.

Plan de Regularización

Durante este balance, Saab se refirió al Plan Especial de Regularización Funcionarial de Fiscales Provisorios Activos del Ministerio Público, el cual se inició el pasado 15 de octubre con la finalidad de reconocer la trayectoria laboral de los Fiscales Provisorios con más de 4 años de ejercicio en su cargo.

Explicó que mediante este Plan Especial, los Fiscales Provisorios que cumplieran los requisitos podrían aspirar a lograr la titularidad del cargo que ocupan.

Destacó que lo que se busca es fortalecer la independencia de los despachos fiscales.

Al respecto, informo que en total se postularon 69 fiscales provisorios, de las cuales 56 cumplieron los requisitos de participación.

Indicó que tras la realización de la prueba de conocimiento, la entrevista psicológica y la prueba oral en la materia de su competencia, 42 fiscales consiguieron la titularidad de sus cargos.

“Se trata de un pequeño pero importantísimo paso en el proceso de reestructuración y fortalecimiento del Ministerio Público”, destacó.

Fiscalía Agraria

En esta presentación, destacó la creación de la Fiscalía 60 Nacional con Competencia Agraria, adscrita a la Dirección General para la Protección de los Derechos Humanos, “para atender y defender los derechos de nuestros campesinos y campesinas”.

De acuerdo con Saab, esta instancia se encargará de conocer los casos relacionados con la lucha campesina.

Explicó que el objetivo de la creación de esta instancia especializada es atender los conflictos judiciales que han venido suscitándose en todo el territorio nacional en el sector de la agroalimentación, la agroindustria y la tenencia de tierras, en aras de avanzar en la producción nacional y la defensa de los derechos humanos de este sector vital para el país.

Atención en derechos humanos

Igualmente, recordó que este año 2021 se creó la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos, que desde sus inicios ha atendido ya a 887 ciudadanos, de los cuales 425 denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos, y 462 recibieron orientaciones jurídicas y remisiones a otros entes.

Manifestó que desde esta oficina se garantiza a quienes necesiten denunciar una presunta violación de sus derechos humanos una atención multidisciplinaria, la cual debe incluir la recepción y tramitación de la denuncia, apoyo jurídico, atención psicosocial y, de ser necesario, el otorgamiento de medidas de protección.

Este balance fue presentado por el Fiscal General en el marco de la conmemoración de la Semana de los Derechos Humanos, cuyo día internacional se celebró el pasado 10 de diciembre.