Una muestra, de 1937, del inicio de la lucha contra el latifundio
Es posible que muchos de ustedes no sepan que, en la época contemporánea, la lucha por el derecho a la tierra y contra el latifundio comenzó en 1936 a la muerte de Gómez. Fue un objetivo de izquierda donde coexistieron los preadecos y los comunistas, y de donde salieron las bases del programa agrario “de ese partido que es un anhelo y una necesidad nacional”.
Es posible que ustedes no puedan creer que desde hace 69 años se lucha contra el latifundio, pero es ahora cuando parece posible derrotarlo.
Una muestra de ese interés por los problemas del campo y de los campesinos, de la gente que regresó del exilio o salió de las cárceles a la muerte del dictador, fue el libro “Latifundio”, de la editorial Élite, 1937. En la portada no aparece el autor, sino en la portadilla:
José Fabbiani Ruiz, pero en realidad no lo escribió él, crítico literario, sino Miguel Acosta Saignes quien, junto a Betancourt, encabezaba la lista de los 47 políticos de izquierda expulsados por López Contreras en marzo de 1937 y, precisamente por esa razón, optaron porque fuese Fabbiani Ruiz quien apareciera como autor.
Ese libro recoge las escasas y limitadas estadísticas, que no incluían las tierras de Gómez; las planillas distribuidas en 1932 eran llenadas por los propietarios de tierra sin ningún control ni verificación.
En el estado Miranda se registraba que 84,69% de las tierras catastradas pertenecía a 182 terratenientes y el resto a 1.262 pequeños propietarios; en Yaracuy, 57 grandes propietarios eran dueños de 77,95% de las tierras; y en el Dtto. Federal, 19 terratenientes acaparaban 84,65% de las tierras (67.572 hectáreas). “La tierra para quien la trabaja”, quedó propuesta como consigna de la izquierda.
Esa realidad no cambió en los 20 años siguientes.
En el censo agropecuario de 1950, 1,5% de los propietarios (3.422) era dueño de 17.430.120 hectáreas (78,6% ), mientras 168.004 de pequeños propietarios (71,6% ) tenía apenas 2,5% de las tierras.
En1959-60 hubo un movimiento importante en torno, primero, a la discusión del proyecto de ley de reforma agraria, y luego, por su aplicación. El tema fue largamente discutido.
Enla Constitución se incluyó un artículo, el 105: “El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente a su eliminación, y establecerá normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que carezcan de ellas, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir”.
Se crearon centenares de ligas campesinas y, a pesar de que hubo algunas acciones que golpearon a los terratenientes, el latifundio pudo sobrevivir. (Aunque el Inti no ofrece cifras sobre la propiedad, 80% de los 31 millones de hectáreas con vocación agrícola está ocioso).
La Federación de Estudiantes de Venezuela publicó en el N° 3 de su revista, hace 69 años, las bases del programa agrario del partido único de la izquierda: el primer punto reclamaba la confiscación de las tierras del general Gómez, de sus familiares y de quienes se enriquecieron a su lado. El 20 de agosto de 1936 el Congreso aprobó la confiscación, y el 19 de septiembre fue ratificado con el voto unánime de las Asambleas Legislativas.
El inventario reveló que solamente Gómez era dueño de 449 haciendas, 74 fundos, 10 hatos y decenas de potreros, aunque no precisaron su extensión.
Vale la pena transcribir los dos pedimentos siguientes por la actualidad que conservan:
“2.- Legislación que limite la extensión de las propiedades a un máximo prudencial y que expropie el excedente de las tierras acaparadas, así como las tierras sin cultivo. Revisión de los títulos dudosos y devolución de las tierras usurpadas a los campesinos.
3.- Parcelación de las tierras confiscadas y expropiada y de las mejores tierras nacionales entre campesinos venezolanos e inmigrantes.” Como puede verse, tienen plena vigencia, pero es ahora cuando parecen dadas las condiciones para que sean cumplidas.
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