Todo comenzó con la errónea, aunque bienintencionada, política de conservación del poder real adquisitivo del dinero, una forma de evitar la devaluación del Bs.F. Se hizo mediante el intento frustrado y burlado del abaratamiento de los precios de la cesta básica.
La primera falla de esa política comercial fue poner en manos de intermediarios y fabricantes capitalistas, más rentistas que capitalistas, aquellos dólares preferenciales que tan a manos llenas realizó aquel Planificador que anda por ahí rajándose sus vestiduras.
De perogrullo, si el Estado improvisa centros comerciales con precios regulados y de venta libre, por muchos controles que fije, habrá demandantes con fines comerciales. Así surgieron los bachaqueros de todo tipo de nacionalidades.
El encarecimiento de los precios no se hizo esperar con la ineptitud y la estrechez de esos centros comerciales, aunados al acaparamiento que sigue sin castigarse con la eficiencia de los caso-sólo ridículos casos puntuales viene castigando el Estado.
Hoy la sociedad se halla completamente desequilibrada; no hay presupuesto familiar que alcance ni siquiera 30% del costo real de la cesta básica (modo mal estimado.
Así, el Estado se ve obligado a incrementar los salarios más allá de los simples ajustes del salario mínimo que, de paso, son arbitrariamente cargados al precio de venta de las mercancías sin que tampoco el Estado haya sabido castigar a con la severidad del caso a ningún comerciante ni fabricantes. El remedio ha resultado peor que la dolencia.
En consecuencia, el Estado se ha visto obligado, en principio, a la improvisación de las ventas directas casa por casa (CLAP), única forma de minimizar la corrupción de los intermediarios que el mismo Estado coloca para esas funciones y sin que el Estado haya sabido castigarlos con la severidad que la ocasión lo amerita. Es en este caso donde el Ejecutivo no ha cumlido con la ley ni con la Constitución. De poco sirve una ley si no se la hace cumplir, inclusive con medios maquiavélicos.
Sin embargo, el Estado no ha respondido a la par con el inevitable incremento de salarios en la cantidad de, por lo menos, 2 o 3 veces el salario vigente, ya que evidentemente estamos frente a una auténtica escalada de precios que ya no tiene vuelta atrás. Prom bien podríamos esperar una jauste del mercado, la oferta-demanda, de manera que, por ejemplo, los CLAP abaraten los precios y entonces los actuales salarios recuperen su poder adquisitivo normal.
En todo caso, para cumplir con esta necesidad, el Estado dispone de su moneda que es fiduciaria, pero, también podría, y debe hacerlo, modificar hasta por Decreto las tasas de Impuesto sobre la renta en reemplazo a la falta de IVA que ha sido burlado por el comerciante que no vende a precios justos.
Nuevos impuestos, habida cuenta de que se trata de precios que no se ajustan a ninguna estructura de costos. Como sabemos, se trata de precios inflados inducidamente y hasta con fines políticos.
Los empresarios tienen que sentir en sus propios bolsillos que esas subas de precios no pueden favorecerlos ni a ellos mismos, y de allí la necesidad de que paguen impuestos según el grado de especulación que viene practicando, sobre todo, a sabiendas de que la mayoría de los comerciantes que no asumen los precios regulados no entregan facturas, no pagan IVA, aunque si la cobraran entonces las subas de del costo de la vida resultaría insufrible.
