De entrada, el valor de las mercancías que sirve de base al mercado es un valor promedial, un valor social; de otra manera, habría tantos precios de mercado diferentes como fabricas existieran con sus peculiares maneras de organización, sus experiencias, las diferentes productividades de sus lotes de asalariados.
Ya hemos abundado sobre este tema de los precios justos y su incompatibilidad en toda sociedad capitalista regida por precios del mercado; eso significa que ni siquiera los propios fabricantes pueden imponer sus personales costes y precios, salvedad hecha de empresas monopólicas. La competencia entre vendedores, la contraposición oferta-demanda, da cuenta de los precios efectivos.
Salvo los monopolistas, ningún fabricante ni intermediario alguno pueden aspirar a vender a determinado precio calculado según sus personalismos costes. Cada fabricante debe ajustarse al mercado porque el valor de las mercancías es un valor social, y las diferencias entre oferta y demanda responden precisamente a ese carácter social.
Los fabricantes suelen operar con valores o costes diferentes, pero tienen que vender al precio social que se los da el mercado permanentemente cambiante.
Los gobiernos que han intentado regular los precios se olvidan que la salida no son estas intromisiones en el mercado, ya que lo único que le toca hacer a un gobierno que desee favorecer a esa parte de la población que suele quedar insolvente con determinados precios para determinadas mercancías es ora mediante subvenciones al empresario, ora mediante susidio directo al consumidor de bajos ingresos.
La subvención que intentó el Presidente Chávez con dólares baratos a empresarios contrarios al presente proceso social fue un tremendo fracaso y, a propósito, la sociedad sigue esperando castigo y la recuperación de las toneladas de dólares que recibieron aquellos empresarios que el Planificador de marras favoreció y quien no hizo nada para castigar o recuperar dichos fondos públicos.
De perogrullo, si ningún fabricante puede regirse por sus costes de fabricación, y termina vendiendo su producción según los precios del mercado, ¿cómo pudo concebirse en Venezuela que el Estado podría regular los precios e imponer los cacareados precios justos, que hasta ahora sólo rigen para los bienes de los CLAP. Su incorrecta asesoría ha sido proverbial. El gobierno se llenó de opinadores de toda índole sobre todo de personas sin calificación profesional. Con semejante medida quedó demostrada una fuerte ignorancia burocrática sobre el funcionamiento del sistema capitalista.
Toda formación de los precios pasa por la transformación de los valores de las mercancías-sus costes-en precios de producción. Estos precios simplemente son aquellos precios que van a garantizar que todo capital reciba una tasa media de ganancia, y de un previo equilibrio entre la produccion de medios de producción y la de los bienes de consumo.
Asimismo, si en condiciones normales los precios responden a la mano invisible del mercado, es de perogrullo que, en condiciones de inflación, entonces muchísimo menos ningún empresario puede imponer precios según sus costes personales.
En inflación, se observa que, en lugar de formarse precios de producción, simplemente cada fabricante, cada intermediario, fija precios según los precios de compra de sus inventarios, y podrá comprobarse que unos capitalistas perciben tasas de ganancia superiores a otros.
Los capitalistas de menor giro "se tapan" vendiendo a precios especulativos con referencias arbitrarias; son las bodeguitas de la esquina, de la media cuadra, las que venden hasta los días feriados.
