23-11-22.-La Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York aceptó este martes 22 de noviembre una certificación de preguntas, planteadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, para conocer sobre la legalidad en la aplicación de los bonos Pdvsa 2020, que afectaron a Citgo Petroleum Corp al ser puesta como garantía de impagos.
Así lo informó la junta administradora ad hoc de Pdvsa, en manos del gobierno interino que preside Juan Guaidó, a través de su cuenta en Twitter.
Esta Corte de Apelaciones aceptó revisar si en el caso de los bonos Pdvsa 2020 prevalece la aplicación del derecho venezolano. Desde el gobierno interino se alega que los bonos son contratos de interés nacional y por tanto cualquier operación debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
La Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York aceptó este martes 22 de noviembre una certificación de preguntas, planteadas por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, para conocer sobre la legalidad en la aplicación de los bonos Pdvsa 2020, que afectaron a Citgo Petroleum Corp al ser puesta como garantía de impagos.
Así lo informó la junta administradora ad hoc de Pdvsa, en manos del gobierno interino que preside Juan Guaidó, a través de su cuenta en Twitter.
Esta Corte de Apelaciones aceptó revisar si en el caso de los bonos Pdvsa 2020 prevalece la aplicación del derecho venezolano. Desde el gobierno interino se alega que los bonos son contratos de interés nacional y por tanto cualquier operación debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.
No hay una fecha límite para que la Corte de Apelaciones de Nueva York emita su pronunciamiento y la Corte del Segundo Circuito también presente su fallo sobre la legalidad de estos bonos. Desde el gobierno interino, según una nota de prensa, estiman “que este proceso de certificación pueda extenderse hasta mediados o finales de 2023, por lo que se mantiene la suspensión de ejecución de la garantía sobre las acciones de Citgo, inconstitucionalmente empeñadas por Maduro”.
Los bonos de Petróleos de Venezuela fueron emitidos por la administración de Nicolás Maduro en 2016 en un canje de deuda, y tienen como garantía el 50,1% de las acciones del refinador Citgo, filial de la petrolera estatal en Estados Unidos y el mayor activo de Venezuela en el extranjero.
En octubre de 2019, Pdvsa dejó de pagar el capital e intereses por éste (913 millones de dólares) y por una serie de títulos de deuda incluidos los de la República. Hace dos años, una jueza de Nueva York sentenció que había «ocurrido un default» y que el fideicomisario MUFG Union Bank podía vender el colateral que garantizaba los bonos, es decir, Citgo.
Sin embargo, la procuraduría del gobierno interino de Juan Guaidó apeló la decisión al alegar que la emisión de los bonos es «fraudulenta e inconstitucional» al no ser aprobada por la Asamblea Nacional.
En febrero de este año, Maduro informó que se mantenía un diálogo con los acreedores a los que se les hecho una propuesta, aunque no ofreció detalles sobre cuál sería la oferta ni si la habían aceptado. Hasta la fecha, se desconocen los resultados de estas conversaciones.
Sobre la refinadora Citgo pende una serie de demandas, por incumplimientos de acuerdos, expropiaciones e impago de deuda durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre ellos, la causa interpuesta por la minera canadiense Crystallex.
Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EEUU mantiene una protección de la empresa Citgo frente a los acreedores de la petrolera estatal venezolana, a través de una licencia hasta el 20 de enero de 2023 que prohíbe a los tenedores del bono de Pdvsa 2020 ejecutar la garantía sobre Citgo.
