En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle.
Mohandas Karamchand Gandhi
La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes.
Martin Luther King
Mis estimados lectores, este artículo con el cual pienso torturar las mentes de quienes lo lean es un escrito por encargo. Una buena amiga mía, muy abrumada me contó que su hija no había quedado en los listados de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) para el ingreso a una reconocida universidad autónoma, a pesar de tener un promedio de notas de más de 17 puntos, en tanto que, otros aspirantes con menor promedio habían quedado seleccionados, porque el índice académico calculado por la OPSU con un algoritmo desconocido les había dado un puntaje superior. Mi amiga me solicitó que investigara y escribiera un artículo al respecto. La verdad es que mi conocimiento del tema hasta ese momento era muy vago, y así se lo hice saber, solicitándole toda la información que pudiera recabar.
Todo lo que sabía en aquel momento, era que el gobierno a través de la OPSU, había decidido eliminar las pruebas de ingreso que las universidades autónomas efectuaban para asignar cupos en dichas casas de estudio. Aparentemente, la intención era democratizar la educación superior con una oferta de cupo universitario para todo el mundo. Esto es lo que se señala en el portal de la OPSU “… el Gobierno Bolivariano hace más justo el acceso a las universidades del país, a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), plataforma automatizada creada para democratizar la asignación de cupos.” También se señala lo siguiente en el mencionado portal “A través de un proceso transparente en la sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de diciembre de 2014, se le aprobaron nuevos pesos a las variables del SNI, quedando el índice académico, 50%; condiciones socioeconómicas, 30%; territorialización, 15% y 5% la participación en procesos de ingreso anteriores y en actividades extracurriculares.”
A tal fin, los interesados en ingresar a las universidades debían llenar una planilla con todos sus datos y entregarla en la OPSU, la cual se encargaría de calcular un índice académico tomando en consideración las variables mencionadas.
La madre apesadumbrada por el problema de su hija me hizo llegar varios listados de los cupos asignados por OPSU a una carrera específica de una reconocida universidad autónoma. Allí pude observar una contradicción entre lo que planteaba el portal de la OPSU y dichos listados. En estos, se señalaba textualmente lo siguiente:
“Las variables tomadas en cuenta para determinar el índice académico son las siguientes:
Regionalización, Área del conocimiento, Asignación previa, Participación previa, Promedio de Notas, Promedio Global e Índice de dispersión global”
Tal como se puede observar, en los listados se habla de 7 variables a considerar para el cálculo del índice académico y no 4 como se plantea en el portal de la OPSU. Lo menos que podemos decir es que esto es una falta de seriedad absoluta, y por supuesto, eso de la transparencia en el proceso es un chiste de pésimo gusto. Mi pregunta es por qué este gobierno no puede hacer algo bien pensado por una vez en la vida.
Revisando al azar los cupos asignados en la página de la OPSU, hay estudiantes con un índice académico de 92 puntos y con un promedio de notas de 15 a quienes se les asignó un cupo, en tanto que, estudiantes con promedio de 17 obtuvieron un índice de 86 puntos y no se les asignó cupo alguno.
Obviamente, a una gran cantidad de estudiantes los favoreció muchísimo el puntaje que les hayan dado en las variables distintas al promedio de notas de bachillerato. Este índice se basó en un procedimiento de cálculo totalmente desconocido, además por una parte, se señalaron 4 variables a ser consideradas, y por la otra, 7 variables como ya comentamos.
Aparentemente, un nivel socioeconómico bajo favorecería a los estudiantes. En el caso de mi amiga, no se trata de una familia pudiente, oligarca o de la alta burguesía, simplemente una familia de clase media, en la cual una madre a través de mucho esfuerzo invirtió lo que pudo en la educación de su hija para asegurarle un mejor futuro. La hija respondió al esfuerzo de la madre siendo una buena estudiante y logrando buenas calificaciones. Sin embargo, al parecer, nada de eso valió la pena.
Cabe destacar que hubo la posibilidad de que cualquiera pudiera mentir en el llenado de la situación socioeconómica, señalando que la misma era mala, aunque no fuera la verdad. Sencillamente, no hubo ningún tipo de revisión o comprobación de que la situación socioeconómica planteada por los aspirantes fuera verdad. Es casi seguro que mucha gente habrá mentido al respecto para mejorar sus índices académicos, pero mi amiga no lo hizo. Por otra parte, tampoco hubo posibilidad de rectificar los datos de la planilla en caso de haber cometido un error: ambos aspectos, la no comprobación y la imposibilidad de modificaciones inciden en la falta de veracidad y transparencia del sistema.
Obviamente, creo que el gobierno ha fracasado nuevamente en tratar de implementar un sistema justo en materia de educación. Si alguien que tiene un buen promedio de notas queda excluido porque su situación económica no es la de la indigencia, estamos frente a una discriminación pero al revés, te castigamos por no ser pobre, al final cambiamos una discriminación por otra, y no creo que esto sea muy socialista que digamos.
Mi experiencia como profesor universitario por muchos años, me reveló la pésima preparación con que egresan los muchachos del bachillerato, en particular, quienes egresan de los liceos públicos, aunque debo decir que los colegios privados tampoco lo hacen muy bien. El resultado es que un porcentaje muy alto de estos estudiantes con bajo promedio de notas termina desertando.
El permitir que muchachos de bajo nivel socioeconómico accedan a la universidad es totalmente justo y nadie puede ir en contra de eso, pero el enfoque que se le ha dado al problema no es el adecuado porque no soluciona el problema en su raíz. La solución para lograr una verdadera justicia en el ingreso a la universidad, consiste en que estos muchachos que asistan a liceos públicos obtengan una educación de calidad, que les asegure el ingreso a la educación superior y que puedan tener éxito en su tránsito por esta.
He conocido muchos venezolanos de mi generación (tengo 60 años) que son excelentes profesionales hoy, que estudiaron en liceos públicos que daban una buena formación como el Gustavo Herrera o el Fermín Toro en Caracas, y que llegaron a hacer maestrías y doctorados en el exterior. Sin embargo, a lo largo de los años eso cambió y para peor.
Por otra parte, siempre he estado en desacuerdo en que la educación universitaria sea lo único a lo que pueda aspirar un egresado de bachillerato. Hay muchos muchachos de los distintos estratos socioeconómicos, que no tienen ningún interés en ser profesionales universitarios, y lo que desean es una formación técnica en un oficio que les permita rápidamente incorporarse al mercado de trabajo. Venezuela necesita muchos técnicos y obreros especializados, pero nadie se preocupa de que haya una oferta suficiente y de calidad en ese sentido. Toda la política educativa ha estado enfocada a la creación de infinidad de universidades llamadas experimentales que no siempre ofrecen una calidad aceptable en materia educativa y de formación de las nuevas generaciones.
Además, muchas de estas nuevas universidades ofrecen carreras del área social, cuando lo que el país requiere es un contingente de profesionales bien formados en el área de las ciencias naturales y de tecnología, profesionales que conformen un capital humano de excelencia que pueda sacar al país del subdesarrollo. La escasez y la mala calidad de la educación generan que el capital humano disponible se convierta en una limitación para la inversión y el crecimiento de muchos países incluyendo los latinoamericanos. Deberíamos seguir el ejemplo de India, donde se han creado universidades en el área de informática, lo que ha hecho que hoy en día, este país sea un exportador de software para el resto del mundo.
Hacer que muchachos que provengan de las clases humildes y de liceos públicos puedan acceder a la universidad no es para nada discutible, el problema de fondo radica en que la formación que han recibido en el bachillerato es pésima; muchos se han graduado sin ver materias como física o matemática, sencillamente porque los liceos no han contado con los profesores que dictaran dichas materias.
Esta situación lleva a que esos muchachos se frustren en la universidad al no poder estar a la par de las exigencias mínimas para avanzar en una carrera universitaria, por lo tanto, la deserción es muy elevada, o bien permanecen por muchos años repitiendo materias.
La solución de fondo es mejorar la calidad de la educación primaria y del bachillerato, algo que no es imposible como lo están demostrando los vietnamitas, cuyos muchachos de 15 años compiten en conocimientos con sus pares del mundo y han quedado bien posicionados en el ranking mundial, incluso por encima de los estudiantes de Estados Unidos.
Sin embargo, tenemos que ser realistas, lograr el mejoramiento del sistema educativo a nivel primario y de bachillerato es una tarea ardua que requiere mucho tiempo. Ahora bien, en el corto plazo, lo que se puede hacer es diseñar unos cursos de nivelación para todos los estudiantes de bachillerato que deseen ingresar a la universidad, cursos gratuitos que estén al alcance de todo el mundo. Se trata de colocar en un mismo nivel de conocimientos, destrezas y habilidades a todos los estudiantes independientemente del nivel socioeconómico y de cualquier otra variable, esta es la mejor manera de garantizar equidad a la hora del ingreso a la universidad. En mi caso particular, en su debido momento les pagué a mis hijos cursos preuniversitarios para reforzar su formación, a pesar de que mis hijos estudiaron en liceos privados, porque consideré que su formación en el bachillerato dejaba mucho que desear si la comparaba con la que yo recibí. De hecho, también hice que mi hijo menor se estudiara el álgebra de Baldor de principio a fin y resolviera todos los problemas propuestos.
En resumen, el actual sistema de ingreso a través de la OPSU no es en primer lugar transparente, porque el portal de la OPSU menciona 4 variables a tomarse en cuenta, y en los listados de estudiantes asignados se mencionan 7 variables. Los padres no están informados del algoritmo con el cual se calcula el índice académico. Tampoco se dispuso de un mecanismo para corregir errores que se hayan cometido en el llenado de la planilla.
Con miras a obtener un mejor índice académico es posible que algunas personas hayan mentido respecto a su real situación socioeconómica, con miras a quedar ubicadas en un estrato socioeconómico más bajo al cual realmente pertenecen. Como me señalara acertadamente una compañera de trabajo, lo más seguro es que el próximo año todo el mundo dirá que vive en un rancho en condiciones infrahumanas para mejorar el índice académico, asumiendo que igual que este año no habrá ninguna constatación de la real situación económica de los aspirantes a ingresar a las universidades.
Darle preponderancia a otras variables distintas al promedio de notas, es un indicativo que la educación que recibe el pueblo a través de las escuelas y los liceos públicos es de muy mala calidad, y que después de 15 años de revolución, la educación privada sigue siendo mejor que la pública (aunque a mi modo de ver deja mucho que desear también); cosa que no ocurría en los años 60 del siglo pasado cuando había liceos públicos de excelencia como los que nombré.
Para ocultar esta gravísima falla del sistema educativo, creo que se buscó una forma de demostrar que el gobierno persigue la justicia social en este ámbito, es decir, privó más según mi entender un efecto de demostración que atacar el problema en su raíz. Debemos señalar que hay quienes han hablado de un Dakazo estudiantil. Poco o nada ha importado que estos muchachos provenientes de liceos públicos con una base de conocimientos muy endeble se frustren a posteriori en sus estudios universitarios, lo que ha pesado es demostrar que en tiempos de revolución todo el mundo puede acceder a la universidad, sin importar su extracción social. Sin embargo, se incurre en la injusticia de castigar a buenos estudiantes con buenas notas, que no pueden acceder a la universidad porque no son lo suficientemente pobres. Aquí parece que esa frase acuñada en revolución de “ser rico es malo” es muy cierta, aun cuando eso también se aplique a gente de clase media trabajadora que no tiene nada que ver con la oligarquía o la alta burguesía, porque esta tiene la posibilidad de estudiar en universidades privadas o del exterior.
Cambiar un sistema injusto por otro, que también margina a otro grupo de seres humanos es también una injusticia. El problema no es que los pobres lleguen a la universidad y los ricos no, el problema es que independientemente de su extracción social, los ricos con sus colegios privados y los pobres y la clase media con sus liceos públicos, obtengan una educación de calidad que les permita competir en igualdad de condiciones para el ingreso a la universidad, y que además, asegure su éxito en la educación superior. Se trata de producir un capital humano de altísima calidad (sean pobres, clase media o ricos) con una formación técnica o universitaria que les asegure sueldos y salarios dignos, que les garantice un bienestar económico y una vida plena bien ganados a través del estudio, o en palabras de la revolución, que les permita alcanzar la “suprema felicidad”. Hombres y mujeres bien formados en las aulas del país desde el nivel primario hasta el universitario, con escuelas que tengan techo, con baños limpios y que les llegue el agua (como dijera la niña que le hizo tal solicitud al Presidente Maduro), que sean capaces de aportar con sus conocimientos, habilidades y destrezas al desarrollo y engrandecimiento de la patria de Bolívar, quien consideró a la educación como el instrumento por excelencia para la liberación de los pueblos.