En este punto de cierre y exposición de motivo de nuestra propuesta de artículos para la nueva Constitución Nacional, se llega a la redacción del último artículo (que como cosa paradójica es el único que con pelos y señales refleja un mandato hacia la educación universitaria en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999), donde se aborda el tema de la autonomía universitaria. Un tema polémico, agudo y del cual hay muchas posturas que lo defienden y otras tantas que lo condenan y cuestionan. Tiene un grado de polémica hoy día casi igual que la crítica y cuestionamiento a la inmunidad parlamentaria, porque so pretexto de ambas distinciones se hacen atrocidades en nombre de la libertad y el respeto al libre pensamiento. ¿Debe ser protegida por la Ley una Universidad donde se conoce que hay distribución y consumo de drogas? ¿no es posible limitar las investigaciones delictivas puertas adentro de las universidades en respeto de ese principio de autonomía? ¿Quién dijo o dónde se dije que autonomía universitaria es derecho de delinquir en los espacios de las universidades? Definitivamente, la autonomía universitaria debe revisarse y debe establecerse criterios que protejan la integridad de la condición humana y el respeto al libre pensamiento, sin descuidar el cuidado y protección a la vida, porque eso es lo que se destruye siendo consentidores de una supuesta prohibición de hacer valer la Ley en los recintos universitarios.
Hay opiniones de destacados académicos latinoamericanos, como de importantes Foros internacionales universitarios, sobre el tema de la autonomía universitaria, los cuales gravitan en distintos niveles rítmicos del discurso político educativo; según se expuso en diciembre del 2016, en la XIX Asamblea General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), la "… autonomía, considerada como una de las mayores fortalezas y señal de identidad de las instituciones de educación superior latinoamericanas y caribeñas, supone una experiencia histórica que da contenido y proyecto a nuestras universidades. La Reforma de 1918, marcó un punto de partida en la construcción de la universidad autónoma, sostén de la educación como derecho humano, bien social y obligación del Estado. A su vez, dota de garantías y libertades a la universidad como comunidad de pensamiento. El desafío contemporáneo es preservar el concepto de autonomía que se ha constituido como transversal a las funciones sustantivas de libertad de cátedra en la enseñanza, libertad de pensamiento en la investigación, libertad de gestión y administración, así como libertad para establecer vínculos de compromiso social"
Al respecto el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Ignacio Mantilla, esgrime: "…Lamentablemente, los rectores de universidades de América Latina y el Caribe hemos identificado que hoy la autonomía, cada vez más, se ve amenazada por factores externos a la universidad…;hoy en día hay más influencia de la economía que de la política pública en nuestras universidades…Y es que la presión por la autofinanciación en las universidades públicas y, en consecuencia, la búsqueda de nuevos recursos mediante estrategias de negocio, ha provocado en algunos casos que las universidades públicas terminen cediendo su calidad y su crecimiento racional y natural por nuevas fuentes de financiación con compromisos específicos. La universidad pública debe estar completamente financiada por el Estado, pues sin esta condición la autonomía universitaria se ahoga en medio de las dinámicas del mercado…"
En concreto, está latente el riesgo de que la autonomía universitaria ceda a la presión de los Gobiernos para servir de excusa para acallar la disidencia, cuestión que es condenable; o ceda a los grupos mafiosos de la sociedad para convertirse en multiplicadores de delitos y manejo ilícito de negocios que se escudan en la defensa de los espacios universitarios. Las universidades, como recalca Mantilla, "…no pueden renunciar a la cultura y al pensamiento en libertad que hoy reclaman apoyo y son parte constitutiva del conocimiento, en un sentido amplio. La filosofía no es prescindible sino fundamental para pensar el mundo, la técnica y la vida…"
La "Ley de Universidades" (Caracas, Gaceta Oficial 1.429 de 1970, con sus consecutivas adecuaciones, la última es del 2008, Gaceta número 38.896), aún vigente, tiene un amplio articulado que ahonda el tema de la autonomía universitaria: el artículo 7, que recalca la inviolabilidad del espacio universitario, definiendo éste como: "…el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la Institución"; el artículo 9, destaca el carácter de autonomía de las universidades públicas, distinguiendo esta autonomía a ser de carácter organizativa, académica, administrativa, económica y financiera.
Ahora bien, en el aspecto organizativo (dictar sus normas internas), y académico (planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docencia y extensión), se entiende que son las universidades las que deben dar respuesta a sus tareas y competencias ("zapatero a su zapato"), pero en lo concerniente a la autonomía administrativa (elegir sus autoridades, reclutamiento y selección de su personal docente, de investigación y administrativo) y la autonomía económica y financiera (organizar y administrar su patrimonio), es un asunto que es necesario vigilar y establecer criterios de contraloría pública y contraloría social, porque allí se está dando un foco de corrupción sin precedente, hasta en los llamados Concursos de Oposición (quien escribe no es un frustrado, soy docente universitario, entré aún a costa de la trampa que me montaron para evitar ganar mi Concurso de Oposición) hay intervención de grupos y subgrupos que ponen cuotas y establecen criterios de agradecimiento que están acabando con la moral y rectitud del uso adecuado de los recursos económico y financieros. En estos días se están cancelando bonos especiales producto de la Contratación Colectiva de los docentes universitarios y no son cuatro lochas, es una cantidad significativa de recursos económicos, y por ningún lado se ve a los docentes universitarios buscando resolver este problema de la autonomía universitaria, se mantienen inertes, ausentes del momento Constituyente que nos dará respuesta y nos blindará, a futuro, de una autonomía que no siga corrompiendo hasta los tuétanos la dignidad de las universidades venezolanas.
Es importante destacar la propuesta de Antonio José Monagas, docente de la Universidad Central de Venezuela, quien en su ensayo "Siete realidades capitales de la autonomía universitaria" (2008), expuso: "…la institución se ha visto atrapada por causa de una cuestionada insuficiencia de criterios por los cuales, quienes gobiernan o conducen sus procesos institucionales, equivocaron sus decisiones provocando así un descarrilamiento de propósitos que, en principio, contemplaron la idea de construir una universidad que se distinguiera por su capacidad de tomar parte decidida en la reestructuración de una nueva sociedad. Sin embargo, no fue así. De hecho, muchos de los problemas que atascan la funcionalidad universitaria se explican no sólo en la pérdida de propósitos declarados a instancia de intereses político-partidistas o de coyunturas electorales. También, porque su repercusión ha sido estimulada por carecer de mecanismos formales de aproximación al estudio de situaciones difusas o de situaciones integrales desde donde se manejen posibilidades reales de determinar razones y actuaciones que corrijan los desafueros infringidos lo cual luce como un absurdo realmente potenciado..."
La Agencia Venezolana de Noticias (AVN), recordaba en su portal cuando en el año 2000, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue declarada patrimonio de la humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), resaltando que en ese año se iniciaba una nueva era de respeto y protección de la autonomía universitaria; para aquellos días, el 21 de diciembre, el presidente de la República, Hugo Chávez, devolvía a la universidad el Jardín Botánico que le fue arrebatado treinta y un años antes en la conocida "Operación Canguro", con la que Rafael Caldera allanó y cerró la UCV. En aquél acto Chávez dijo: "Me da mucho gusto venir aquí para restituir lo que corresponde a esta universidad por justicia. Y sí, me da mucho gusto hacerlo en nombre de este gobierno revolucionario…; muchas cuotas de sacrificio, entre ellas el Jardín Botánico y la Zona Rental, además de una cantidad de jóvenes que desaparecieron en esa democracia de disparen primero y averigüen después".
Claro está, Chávez le dio simbolismo de reivindicación a los actos de Gobiernos que entendían la disidencia como un delito grave y buscaba, por todos los medios, quebrar el alma y la inspiración de los revolucionarios, tal cual hoy lo intentan hacer personajes oscuros en nuestras universidades (revisen y encontrarán) que colocándose boinas rojas y siendo permisivos a la autoridad del Gobierno, están lapidando a todo aquel que con voz crítica exija revisar la universidad y levantarlas de sus cenizas como el "ave fénix".
En concreto, y tomando ideas de la docente chilena Nolfa Ibáñez, quien en el 2016, en su artículo "Autonomía universitaria", referido a la realidad educativa chilena, dice: "…la autonomía es el más preciado valor de la universidad pública. Es la potestad que tiene para definir por sí misma la forma cómo se organiza para cumplir su misión de servicio al desarrollo humano y a la sociedad, mediante la innovación y la construcción de nuevo conocimiento científico y tecnológico, contribuyendo al desarrollo de las artes y a la difusión de la cultura, entre otros muchos aspectos…" Y más adelante expresa: "En el proyecto de Ley, se refleja desconfianza hacia las capacidades de autorregulación y de gestión de las universidades públicas. En lo administrativo-financiero, se les resta autonomía al basar la entrega de recursos en fondos concursables que tendrán las exigencias y controles determinados desde las instancias ministeriales, según las prioridades que se establezcan en cada gobierno…"
Estimo que una situación similar se podría presentar acá en Venezuela cuando se debata la necesaria nueva Ley de universidades, pero en lo que no coincidimos con Ibáñez, es en pensar que el acto de regular lo administrativo y financiero, reste autonomía a nuestras universidades. Ella hace mención a una "…desconfianza hacia las capacidades de autorregulación y de gestión de las universidades públicas", y eso no está agazapado, eso es verdad, existe, porque los actos de las autoridades universitarias en Latinoamérica y en Venezuela con mayor rigor, porque conocemos el monstruo de cerca, han develado que las intenciones de estos regentes administrativos están impregnadas de "pillería", "tracalería" inmoralidad administrativa. Si hay desconfianza, en el caso de Venezuela esa desconfianza debe prevalecer porque no hay garantías de lo contrario, los regentes académicos no han ganado ni el respeto ni el liderazgo desde sus centros de poder donde contaminan las semillas del futuro de la República. Así que teniendo como bandera nuestra "duda razonable", proponemos un articulado que proteja y le devuelva la confianza a la comunidad universitaria y a los ciudadanos y ciudadanas que interactúan con ella. El artículo debería tener estos elementos que acá asomamos:
"ARTÍCULO ---. El Estado reconocerá la autonomía universitaria en tanto y que su significado está inserto en el principio y jerarquía que permite a la comunidad universitaria la descripción, interpretación, comprensión y valoración de un pensamiento universal, con el cual puede o no converger, respetando las vías para el establecimiento y fundamentación de dichos criterios de contradicción. Esta autonomía, en el plano administrativo y financiero, tendrá la potestad de planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de extensión, investigación y docencia, estableciendo resguardo de su documentación y preservando la inviolabilidad de los espacios por parte de la fuerza pública coercitiva y/o grupos ideológicos radicales que pongan en zozobra la paz institucional.
"Sin embargo, el Estado, a través de sus instituciones de Contraloría y la Comunidad, a través de la Contraloría Social, se le ha de presentar anualmente una rendición de cuentas, por escrito, del uso dado a los recursos económicos y financieros, administrados por las universidades, teniendo potestad de opinar y denunciar ante las instancias debidas, si se observan anomalías o inconsistencias en dicha rendición; un marco operativo legal se establecerá para regir este procedimiento de rendición de cuentas. No es necesario establecer en Asambleas Comunitarias los criterios técnicos para el uso de los recursos económicos y financieros, pero si se necesitará del consenso de las instancias Contraloras mencionadas para aprobar el informe de rendición que han de presentar las universidades."
