De modo general, soy gran admirador del gobierno conducido por el Comandante Hugo Chávez. Veo con buenos ojos su política de privilegiar a los sectores más humildes de la sociedad, los cuales, aunque representan la mayoría numérica de la población, habían sido siempre marginalizados por todos los gobiernos anteriores. Que el gobierno de Hugo Chávez se ponga a usar los recursos originados por el petróleo en favor del pueblo humilde me parece algo muy loable. Ojalá siga por ese camino y que decida ir aún más a fondo en ese proceder.
En razón de lo arriba expuesto, no puedo entender la razón por la cual el Gobierno Bolivariano sigue ofreciendo subsidios a las escuelas privadas de la Iglesia católica. Y tampoco logro entender bien cuando representantes del Gobierno (incluso el propio presidente Chávez) se refieren a eso como si se tratara de una medida merecedora de elogios y reconocimiento positivo por parte de todos. En realidad, creo que ahí está uno de los puntos negativos de la actual gestión gubernamental. Una cosa es garantizar el derecho de que la Iglesia católica (así como cualquier otra iglesia) pueda mantener establecimientos de enseñanza propios (desde que los preceptos legales sean todos respetados, claro). Otra muy distinta es ofrecerles dinero público para tal actividad.
El Gobierno Bolivariano tiene la obligación de ofrecerle educación de buena calidad a toda la población venezolana (independientemente de las clases sociales a que pertenezcan). Para tal propósito, debe emplear todos los recursos disponibles en el Estado. Cuando el gobierno desvía recursos para subsidiar las escuelas de la Iglesia católica, pierde la oportunidad de mejorar la calidad de la enseñanza pública. Y eso no es moralmente correcto en una revolución de carácter popular y socialista. La enseñanza pública en una sociedad justa y democrática debe necesariamente ser laica. Si los padres no quieren matricular a su hijo en una escuela pública, aunque sea de buena calidad, y prefieren una escuela confesional, ese es un derecho que les cabe. Pero que no lo hagan a costas del dinero público, porque ese sí debe ser de todo el pueblo y no de grupos religiosos específicos. Cada bolívar donado a las escuelas de la Iglesia católica es un bolívar menos en las escuelas públicas.
Por lo tanto, me parece urgente y necesario que el Gobierno rectifique su modo de actuar en esa cuestión y que, de inmediato, deje de subsidiar a escuelas que quieren desarrollar la enseñanza de acuerdo con una visión de una de las creencias religiosas existentes. Las escuelas católicas deben tener todo el derecho de seguir existiendo, pero que lo hagan con los recursos propios de la Iglesia católica y/o de sus seguidores que voluntariamente las quieran subsidiar.
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