18-02-24.-Al menos el 94% de los docentes universitarios y el 81% de los estudiantes de educación superior encuestados por el Observatorio de Universidades (OBU) afirmaron que "comen igual o peor que en el año 2022", según los datos publicados por la asociación civil este 15 de febrero en su informe anual sobre las condiciones de vida y estudio de comunidad universitaria en Venezuela (Enobu 2023).

Frente a un Estado que no ha aumentado el sueldo mínimo a los profesores por más de 700 días y que aprueba entre el 1 y el 2% de los presupuestos exigidos por las universidades públicas, la OBU encuestó a 2.620 estudiantes y 1.131 profesores de 42 universidades públicas y 22 privadas para documentar el impacto de la crisis humanitaria compleja en Venezuela en la educación superior.

El portal RunRun.es presentó 5 claves del informe que redimensionan las 5.583 manifestaciones que documentó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en el 2023 para exigir mejoras en los derechos económicos y el acceso a la salud y a la educación en Venezuela.

• Sin sueldo digno no hay paraíso

El 83% de la comunidad universitaria encuestada denunció que tiene un ingreso mensual menor a 385 dólares estadounidenses. Mientras tanto, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) advirtió que la canasta alimentaria familiar cerró el 2023 en los 531,95 dólares.

Los maestros necesitan más de 98 salarios mínimos solo para comprar los 60 productos alimenticios que analiza Cendas-FVM porque, para febrero del 2024, el sueldo mínimo se ubicó en 130 bolívares o 3,58 dólares a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, sin contar las bonificaciones propuestas por el gobierno de Nicolás Maduro.

El OBU registró que el 69% de los docentes y estudiantes deben trabajar fuera de las academias para cubrir esos gastos y el 34% debe recurrir a la ayuda económica de familiares o amigos en el país o en el exterior.

Con respecto a las ayudas institucionales, el 97% de los estudiantes de las universidades públicas afirmaron que no perciben becas y el 92% dijo que no reciben bonos del sector público.

• El hambre como constante

Según los datos de la Enobu 2023, la seguridad alimentaria se agravó durante el año pasado. El 82% de los profesores y 69% de los estudiantes universitarios disminuyeron sus porciones de comida, y sus dietas se basaban principalmente en los carbohidratos, excluyendo a las frutas, a las verduras y a las proteínas por falta de ingresos económicos.

Además, la encuesta concluyó que 5 de cada 10 docentes y 4 de cada 10 estudiantes se ven obligados a vender o intercambiar bienes para adquirir comida o cubrir los gastos de su alimentación.

Bajo estas estadísticas, el OBU proyectó que el 27% de los profesores y el 18% de los estudiantes venezolanos viven en hogares con extrema pobreza, limitados por la frecuencia y calidad de los alimentos que reciben y consumen.

Los datos se enmarcan dentro de las denuncias del relator independiente de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, quien el 14 de febrero afirmó que en Venezuela la malnutrición y la desnutrición persisten debido a los problemas de distribución y producción de alimentos. Las comunidades más vulnerables anotadas por Fahkri fueron los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores o jubilados.

• Sin acceso a la salud

Debido a las restricciones económicas y la escasez de insumos médicos desde el 2016 denunciada por las Encuestas Nacionales de Hospitales, 4 de cada 10 mujeres del entorno universitario tienen dos o más años sin hacerse un chequeo médico.

El OBU destacó que la comunidad universitaria implementa la misma estrategia de vender sus pertenencias para poder costear los gastos médicos. En este caso la encuesta arrojó que el 56% de los docentes y el 40% de los estudiantes se ven obligados a mantener esta práctica.

Con respecto a las patologías de los docentes, la asociación civil destacó que el 28% de los docentes sufre de cuadros de hipertensión y otro 26% sufre de afecciones respiratorias.

Pero, la muestra de docentes (33%) y estudiantes (64%) dijo que son atendidos por el sector público y desde allí consumen el 72% de sus ingresos (adquiridos en trabajos ajenos a la academia). En menos del 17% de los casos tiene acceso a un seguro médico universitario o privado.

• Casos de depresión en aumento

61% de los profesores de educación superior y 69% de los estudiantes universitarios en Venezuela tienen tres o más síntomas de depresión. El OBU alertó que la ansiedad es otra patología de la salud mental común para el 2023: el 31% de los profesores y el 51% de los estudiantes la padece.

El contexto socioeconómico de la crisis humanitaria compleja venezolana también aumentó la desmotivación de la comunidad universitaria en continuar los estudios o la labor docente. Al menos 1 de cada 3 personas pensó en abandonar la universidad en los últimos 12 meses.

Carlos Meléndez, sociólogo y director del OBU, destacó que las "universidades controladas por el Estado" son quienes presentan una mayor gravedad y vulnerabilidad ante la crisis. Recordó que 120 de las 150 universidades del país están bajo la administración directa del Estado.

Al igual que los chequeos médicos, menos del 20% la comunidad universitaria encuestada puede acceder a los servicios de atención psicológica en los casos donde las universidades proporcionan estas ayudas.

• Sin servicios no hay educación

Según el OBU, 7 de cada 10 universitarios afirma que el servicio de internet es regular o malo. Mientras tanto, el 12% los docentes se ven obligados a dar sus clases de forma virtual y el 35% bajo la semipresencialidad.

Tanto los estudiantes como los profesores deben valerse de sus propios recursos para educar y aprender, hasta el 87% debe usar sus teléfonos inteligentes para acceder a su derecho a la educación.

Los servicios básicos en las universidades son prácticamente inexistentes: 95% de las respuestas de la Enobu 2023 afirma que no hay internet, 91% dice que el servicio de agua potable es ineficiente, el 86% afirma que no hay un servicio eléctrico continuo y el 85% establece que los baños en las instalaciones están inoperativas.

Además, 6 de cada 10 profesores y estudiantes universitarios no cuentan o le son insuficientes los laboratorios y bibliotecas especializadas para hacer sus estudios.

"No debemos naturalizar porque es de profunda dimensión y compromete el futuro del país", advirtió Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), durante la rueda de prensa el 15 de febrero para presentar los datos del informe en la UCV. "Es evidente el absoluto retiro del Estado venezolano de su compromisos con la educación en nuestro país".

Fuente: RunRunes y Correo del Caroní