En Venezuela la mayoría de los gobiernos militares que han tocado el petróleo coinciden en sus visiones en cuanto a la defensa de los mismo. Comencemos por el General Cipriano Castro quien gobernó el país desde 1899 a 1908. Castro fue un nacionalista revolucionario y no dudó en enfrentar militarmente las conspiraciones del banquero Manuel Antonio Matos. Matos aprovechando la primera intervención de Estados Unidos de Norteamérica lideró La Revolución Libertadora.

Antonio Matos recibió dinero por parte de compañías petroleras de EE.UU. miles de dólares fueron otorgados por la trasnacional New York & Bermúdez Company para adquirir armas, municiones y contratación de hombres. Llevando al país a una nueva cruenta guerra civil la cual se desarrolló a partir de 1900.

Con él, vino el destacado Liberalismo Amarillo el cual consignó con su ataque la ridiculización hacia Castro, exponiéndolo como un mono encima de su escritorio presidencial tomando decisiones y todo por la defensa de Venezuela la cual les resultaban muy incómodas.

La petrolera New York & Bermúdez Company logró contratos en medio de transacciones ilegales, estos datan desde 1885 en pleno gobierno de Joaquín Crespo, cuando Horacio R. Hamilton y Jorge A. Philips les vendieron la célebre Concesión de Guanoco, un permiso para explotar los predios del lago de asfalto natural ubicado en el estado Sucre (Venezuela).

Con la New York & Bermúdez Company entraron a Venezuela las primeras compañías estadounidenses, luego vendrían los holandeses y a su lado también comerían los ingleses. Todas, la Standard Oil, la Shell y otras se encargarían a partir de ese histórico momento exclusivamente de la explotación del futuro mercado petrolero nacional.

Bajo Castro la legislación minera comenzó a regular el petróleo. Con la ley minera del 23 de enero de 1904 se fijaron de modo específico normas para la explotación de hidrocarburos: asfalto, petróleo y alquitrán.

Posteriormente Juan Vicente Gómez ratificaría el principio de que el Presidente podía administrar y otorgar estas concesiones sin consentimiento del Congreso y con eso abrió el país a las trasnacionales. Todas aquellas condiciones de los contratos de explotación contemplaban un impuesto de 2 bolívares por hectárea del área asignada, y un canon de 4 bolívares por tonelada extraída teniendo una duración de 50 años. El concesionario comenzaba a disfrutar, además de libre importación y maquinarias con un gobierno obligado a ejercer su poder regulador dentro de los límites de la ley minera, y a no exigir otros impuestos.

Dado que se trataba de un privilegio para los amigos personales del presidente, se añadió en las normas que los títulos podían ser vendidos o traspasados a voluntad del poseedor. Las personas o compañías adjudicatarias eran consideradas como nacionales, quedando sujetas a las leyes del país, y las disputas que surgieran tendrían que ser juzgadas por los tribunales venezolanos. De modo que 1907 lo consagraron como un año clave al proceso de la explotación petrolera en Venezuela, aun cuando no se tenía entonces ni la idea más remota de sus proyecciones.

Posteriormente para los años del 1941-1945 gobernó al país el también General Isaías Medina Angarita, quien a causa de la II Guerra Venezuela tuvo que enfrentarse a una difícil y repentina tormenta económica; el 13 de septiembre de 1939 promulgó la Gaceta Oficial 19.978.

Con esta Gaceta entre otras muchas cosas se defendería la neutralidad de Venezuela en el conflicto. Pero 1941 fue un año muy prospero para el país, pues el negocio de hidrocarburos dio la inimaginable suma de 228 millones de barriles.

Esta situación trajo como inmediata consecuencia con motivo de la caída de Pearl Harbor un importante bastión norteamericano que ya era alimentado con petróleo venezolano. Posteriormente, submarinos alemanes, aliados con los japoneses, la noche del 14 de febrero de 1942 en pleno Gobierno del General Isaías Medina Angarita torpedearon tres buques petroleros que transportaban crudo a las refinerías de Curazao y Aruba, eran el San Nicolás, Tía Juana y el Monagas. Aquel hecho obligó a rebajar nuestra producción a 148 millones de barriles año, reduciendo los ingresos del gobierno.

Inmediatamente, una medida importante fue la revisión de la política petrolera. A causa de la baja de producción el gobierno pidió una revisión básica de la legislación petrolera. Medina convocó al congreso a sesiones extraordinarias: así, el 13 de marzo de 1943 Venezuela tuvo una nueva Ley Petrolera.

Veamos algunos aspectos destacados en esta ley:

*Unificación de todas las medidas adoptadas sobre petróleo en los gobiernos anteriores.

* Obligatoriedad a las Compañías de ampliar en Venezuela, y a expensas de ellas las instalaciones de refinación.

* Aumentar impuestos y regalías, hasta igualarlas con los ingresos fiscales y las ganancias de los consorcios.

* Renovación por parte del Gobierno de todos los títulos otorgados y ampliación de su vigencia por cuarenta años y renunciar a todos los juicios legales contra la industria del crudo.

Los beneficios de la nueva ley fueron de efecto inmediato, grandes cantidades de dinero ingresaron al Estado. Esto dio aliciente para que el Gobierno entregara nuevas concesiones, trece millones de acres. Naturalmente esta situación abiertamente favorable a la industria trasnacional aumentó la producción fijada en 300 millones de barriles anuales.

En las ventajas económicas se destacó la elevación de la regalía, el Royalty del cual nos habló bastante el abogado Salvador de La Plaza, era el valor de la explotación la cual logró alcanzar la sexta parte o el dieciséis con dos tercios por ciento de la producción.

Aumentó el impuesto inicial de explotación a ocho bolívares por hectárea y el impuesto de exploración se llevó a seis bolívares igualmente por hectárea durante los tres años que duró el periodo de esa actividad, mientras el impuesto superficial se incrementó en forma progresiva a medida que envejecía la concesión para obligar al concesionario a explotar la misma. Conjuntamente con estos impuestos especiales, se sometió a la industria petrolera a pagar impuestos generales, de acuerdo a su Ley de Impuesto Sobre la Renta y se eliminó la mantenida exoneración obligatoria del pago de impuesto aduaneros.

Más adelante con don Rómulo Gallegos (1945-1948) el panorama político del país se mostró totalmente respetuoso de las libertades públicas. Resaltó una abundancia de excelentes medidas de tipo educacional, económico, asistencial, laboral.

En lo petrolero se vieron los siguientes pasos:

* Creación de la comisión preparatoria para estudiar y planificar las posibilidades de explotación petrolera, por parte de una empresa nacional, la que además estudiaría la iniciación de la industria de refinación del crudo.

* Se logró una bien planificada política petrolera y una duplicación de las entradas al fisco por conceptos de renta petrolera.

Posteriormente vino la Junta de Gobierno con Carlos Delgado Chalbaud. Este militar fue un gran nacionalista, progresista. La primera delegación petrolera que salió de Venezuela a Teherán la mandó Delgado Chalbaud a reunirse con Mosadeh, aquel líder iraní que también fue derrocado por la CIA, pues quiso recuperar el petróleo de Irán para los iraníes, como Delgado Chalbaud que quería recuperar el petróleo de Venezuela para los venezolanos, por eso lo mataron. La mano yanqui estuvo detrás del asesinato de Carlos Delgado Chalbaud.

Posteriormente vino Marcos Pérez Jiménez, cuando la cantidad de barriles de petróleo extraídos pasó a 1,8 millones de barriles diarios en 1957. Esto se tradujo en una nueva atrofia económica puesto que aumentaron considerablemente las importaciones, también un sustancial incremento de ingresos fiscales, los cuales canalizaron de nuevo la economía a través del gasto público.

Para 1956 y 1957 se otorgaron nuevas concesiones a las compañías petroleras internacionales, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos de 1943. Según este instrumento legal las empresas que recibían concesiones tenían derecho a explotar durante cuarenta años los recursos de hidrocarburos que se encontraron en el área asignada, pagándole al Estado unos impuestos especiales, aparte del Impuesto Sobre la Renta por los ingresos obtenidos por las concesionarias.

El entonces Ministro de Minas e Hidrocarburos Edmundo Luongo Cabello convocó a una reunión del Consejos Superior de la Producción, en la que participaron representantes de los diversos sectores económicos. Exponiendo en esa reunión del 11 de enero de 1956, consideraciones técnicas y económicas que sustentaban la decisión del Ejecutivo Nacional en cuanto al otorgamiento de nuevas concesiones.

En ese sentido, destacó que a través de esta política se podría mantener a la industria petrolera nacional en la jerarquía mundial que tenía para ese momento, al mismo tiempo que se aumentarían las reservas probadas de hidrocarburos por las nuevas exploraciones que hicieran las compañías concesionarias, ya que al ritmo de producción de la época las reservas petroleras del país duraban menos de catorce años. El Ministro evalúo la participación que había tenido el Estado en los beneficios originados por la explotación de hidrocarburos durante el lapso 1943-1954.

Por su parte, el gobierno de Pérez Jiménez percibió en esos mismos años por concepto de impuesto de exploración, e inicial de explotación un monto de Bs. 3.116 millones, pagados por las empresas Creole, Shell y Mene Grande, así como por diez compañías petroleras internacionales adicionales.

El otorgamiento de nuevas concesiones petroleras durante los años 1956-1957 acentúo la dependencia de la economía venezolana del exterior, según lo confirma J.L. Salcedo Bastardo: la dependencia venezolana del extranjero y del petróleo se acentúa; la importación de mercancías crece sin parar, Venezuela cambia su aceite por bienes perecederos y suntuarios en gran medida. La corrupción administrativa favorece el saqueo del país; el régimen sirve a las apetencias foráneas y en ellas encuentra, recíprocamente, su mayor base de sustentación.

Para el primer mandato de Carlos A. Pérez (1974-1979) este transcurrió con el despampanante anuncio de la nacionalización petrolera (1/1/1976) y tras él llegó la bonanza y el despilfarro de la abundante renta petrolera. El barril de crudo se fue de 3.50 a 17 dólares y ya para 1980 llegó a 20 dólares el barril. Entrábamos en la época donde todos se vanagloriaban creyéndose ser la "Venezuela saudita". Mucho dinero para un país que comenzaba a sumergirse en la pobreza, mientras la clase dirigente hacía desmanes en contra de aquellos que se les oponían. Se iniciaba la era más lúgubre en contra de los dirigentes de izquierda y guerrilleros. Empezaron los asesinatos y las desapariciones forzadas de la disidencia política mientras los demás estaban anestesiados. Nadie decía nada por la chorrera de dólares que se despilfarraba en el país.

Luego en el segundo gobierno de Carlos A. Pérez (1989-1993) se intentó regresar a una falsa "Venezuela saudita". Los intereses en los bancos llegaron hasta un 100%, tanto para aquellos que disfrutaban de las estruendosas ganancias como para quienes pagaban créditos, préstamos y tarjetas de crédito.

Con Rafael Caldera el apoyo por parte del gobierno a PDVSA y con la política de promesas de reducción del hueco fiscal y de las privatizaciones, PDVSA logró desarrollar su mejor política aperturista y privatista. El espejismo de la competitividad empresarial generaría la promesa de una gran productividad con enormes excedentes económicos, promoviendo justicia social entre patronos y trabajadores. La tan necesaria reforma del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y del régimen de prestaciones sociales, serían la base para desarrollar e implantar una seguridad social controlada.

Rafael Caldera aprobó todas las extravagancias antinacionales con la apertura petrolera y puso a sus alfiles al frente: al Grupo Giusti. Con estos se llevaría a cabo la idea de no estimular la migración de personal calificado y competente de PDVSA sino de transferir la cultura organizacional acumulada por la industria petrolera nacional al resto de las instituciones, es decir la pedevisación de la administración pública.

De igual manera, propuso un desenvolvimiento de la instancia política, la cual se centró en el desarrollo de convenios y liderazgos, lo cual fortalecería el respaldo social, la toma de decisiones oportunas y efectivas, la autoridad de quienes gobernaban por mandato popular, la representatividad de los elegidos y la conciencia social, todo en función de las nuevas clases sociales y dirigentes.

Se atacaría la anomia y anarquía de los diferentes factores críticos de ruptura. El logro del consenso no es la interrupción de una agenda política para diferir tensiones sociales, sino el logro de una agenda económica que plantee la reducción del desmedido empobrecimiento y la desigualdad social; los partidos políticos reducidos sólo funcionarán como facilitadores, no como decidores, y los nuevos liderazgos dentro de este espíritu, debieron ser controlados para que no vayan más allá de la corriente demócrata y socialcristiana. Pues los nuevos liderazgos bolivarianos, progresistas y de izquierda debían ser eliminados.

Por otro lado, la jugada maestra de los petroleros consistió en garantizar que Caldera ubicara como presidente de PDVSA a Luis Giusti junto a un sector de tecnócratas, grupo éste que conformaría, posteriormente, el Plan Giusti, momento a partir del cual se les abriría otra posibilidad. Ya se había observado que la peripecia del llamado Golpe seco se perfilaba, amenazante, con el fin de derrocar al gobierno de Ramón J. Velásquez, (1993) razón por la cual Caldera pidió a Muñoz León su renuncia con la de todo el alto mando militar, cosa anómala en la política venezolana.

Al respecto, en 1994 Ramiro Helmeyer señaló que el golpe seco fue creado para derrocar el gobierno de Ramón J. Velásquez en 1993, y tenía por finalidad que el ex ministro de la Defensa Radaméz Muñoz León, asumiera temporalmente la presidencia de la república, para después entregársela a Oswaldo Álvarez Paz.

Pero llegó el gobierno de Hugo Chávez y se empeñó en rescatar el precio del barril de crudo y lo logró. Creó el Plan Siembra Petrolera. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) anunció en el año 2012 su nuevo plan de inversiones para la industria petrolera. El mayor proyecto sin precedentes económico y de expansión histórica de la primera industria petrolera, una de las más importantes del mundo.

La desinversión interanual de la anterior PDVSA únicamente llegó a invertir tres mil millones de dólares, muy por debajo de los diez mil millones de dólares que hasta el presente ha invertido la industria petrolera sólo en el 2011 y de los quince mil millones de dólares en ejecución para el año 2012.

La confianza internacional obtenida en el gobierno de Hugo Chávez hizo que países como China y Rusia intervinieran con frescas y gigantescas inversiones, lo cual constituyó una gran fortaleza en el contexto nacional e internacional. El Producto Interno Bruto (PIB) de la industria llegó a superar los trescientos mil millones de dólares y, cuando la vieja PDVSA solo se presentó con noventa mil millones de dólares, ahora superado en más del 200%.

Al cierre del año 2011, la estatal petrolera dio ganancias de 127.877 millones de dólares. Mientras q con el paro petroleros las pérdidas ascendieron a 21.000 millones de dólares. Mientras que el crecimiento de activos se traduce en 129% en lo referente a pozos, plantas, refinerías y transporte, pasando de 48.000 a 174.000 millones de dólares.

Para 1998 PDVSA mantuvo déficits acumulados superiores a los 14.600 millones de dólares. Esto obedeció a una planificada estrategia colocándola al borde de la quiebra e induciendo automáticamente a su privatización. Este plan contempló la venta de taladros y buques, más la entrega de importantes terminales, aunado al establecimiento de convenios operativos con transnacionales. Fiel ejemplo de aquella era gris fue la desnacionalizadora de la Apertura Petrolera.

Ahora, PDVSA desarrolla la Faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez. Esta nace el 7 de enero de 1936, hace exactamente 80 años cuando se completó la perforación del pozo La Canoa – 1, con lo cual se daría inicio a la explotación de lo que posteriormente se denominaría Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), certificada como una extensa zona rica en petróleo pesado y extrapesado la cual se ubica en la margen norte del río Orinoco, la principal cuenca hidrográfica de Venezuela.

Su extensión se extiende sobre el área 650 km de Este a Oeste y unos 70 km de Norte a Sur, para una superficie total de 55.314 km² y contando con un área de explotación actual de 11.593 km².

Estos territorios comprenden parte de los estados venezolanos de Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro, desde el suroeste de la ciudad de Calabozo, en Guárico, hasta la desembocadura del río Orinoco en el océano Atlántico.

Forma parte de la cuenca sedimentaria oriental de Venezuela y por las magnitudes de los yacimientos de petróleo y gas, constituye una cuenca por sí misma. Está considerada como la acumulación más grande de petróleo pesado y extrapesado que existe en el planeta.

La faja petrolífera del Orinoco está conformada por cuatro campos:

Campo Carabobo con reservas estimadas en 227.000 millones de barriles.

Campo Boyacá 489.000 millones de barriles.

Campo Junín 557.000 millones de barriles.

Campo Ayacucho 87.000 millones de barriles.

Para un total de 1.360 billones de barriles, subdivididos en 29 bloques de 500 km² cada uno aproximadamente, teniendo un potencial aún mayor de producción si se explorase en su totalidad.

Durante toda la historia del petróleo venezolano se han cobrado víctimas, derrumbado gobiernos, y se ha justificado la guerra, por supuesto todo ello controlado desde los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre ha tenido como principal interés adueñarse del tan preciado "Petróleo"; de los campos petroleros que no le corresponden. Por eso debemos ser cuidadosos ya que somos un país petrolero por excelencia y la mirada del mundo está dirigida hacia nosotros.

Por ello, comparto la idea de conformar un Consejo Nacional Energético con autonomía de discusión, aprobación y ejecución del país que deseamos, el cual cada día con mejor voz reclama el soberano. Debemos tomar conciencia de la gran importancia del petróleo y la necesidad de estudiarlo y que los venezolanos sean preparados en este tema; por eso somos uno de los países petroleros más importantes del planeta por sus reservas.

Debemos llevar adelante un nuevo modelo que tenga la responsabilidad en torno a la riqueza petrolera y conciencia de saber que somos nosotros quienes tenemos la primera reserva mundial de crudo.