Desde la época de la IV-R los gobiernos venezolanos han adoptado la costumbre de actuar por impulso ante una situación de emergencia, olvidando que esa situación de emergencia, en la mayoría de los casos, pudo haberse evitado si se hubieran tomado las adecuadas medidas de mantenimiento o se hubiera hecho la planificación de actividades correspondientes para evitar este tipo de situaciones. Esto podemos verlo casi a diario cuando nos enteramos del deterioro de las instalaciones o equipos destinados a la prestación de un servicio público por falta de mantenimiento o la saturación de su capacidad para prestarlos por falta de planificación para hacer la ampliación correspondiente oportunamente, evitando de esta manera las molestias ocasionadas a los usuarios en particular o a la colectividad en general. También se observa en la obtención de documentos rutinarios cuya emisión por los organismos correspondientes casi se imposibilita por diversas causa y entonces se recurre a los famosos “operativos” para sustituir la ineficiencia de esos organismos incapaces de cumplir con sus funciones. Otra circunstancia que influye en la mala prestación de estos servicios es la ausencia de medidas punitivas en contra de las personas encargadas de velar por las instalaciones a su cargo las cuales, más bien, son a menudo recompensadas moviéndolos a otras instalaciones o dependencias donde seguramente repetirán sus errores aumentando el malestar del colectivo, quien imputa al gobierno la responsabilidad por todo lo ocurrido.
Algo semejante ocurre con la protección de las cuencas de nuestros ríos desde hace muchos años, no solo con la tala y la quema practicada por los campesinos y por los terrófagos sino por la forma más reciente de explotación como es la minería ilegal practicada por brasileños, guyaneses, colombianos y venezolanos en las selvas de Guayana, cuya acción depredadora amenaza con la existencia de nuestros principales ríos ante la mirada poco menos que indiferente de las autoridades competentes.
Hace algunos años, a fines de la IV-R, hubo una gran movilización militar hacia la parte alta del río Caroní cuyas cabeceras estaban siendo devastadas por la acción de los “garimpeiros” dedicados a la extracción de oro aluvional y diamantes mediante la tala y la posterior utilización de poderosas dragas y bombas que ocasionaban la erosión de grandes espacios y el vertido del material excavado y contaminado en el cuerpo del rio, causando la sedimentación que a mediano plazo reduciría la capacidad de almacenamiento de la represa, amén de la modificación de las condiciones ambientales mediante procesos de desertificación.
Hoy, aparte del fenómeno de “El Niño”, que ha causado una sequía y transtornos climáticos en buena parte del mundo y que ponen en peligro el suministro de energía proveniente de la represa de Guri, estamos en presencia de un nuevo ataque de mineros ilegales, venezolanos y de otros países, que al igual que hace algunos años ha caído como la marabunta en la cuenca del río Caura, tercer río de Venezuela por su caudal y segundo tributario del río Orinoco, hogar de los indios yekuana o makiritare y reserva forestal de la nación sin que se haya visto todavía ninguna acción de las autoridades para detener este ecocidio. ¿Será que es imposible detectar la presencia de miles de depredadores del ambiente con todo el equipo necesario para realizar su labor destructiva
Este grupo de invasores debería ser considerado como criminales y, como tales, sometidos a la pena máxima correspondiente o es que existen otros intereses que les impiden su actuación? ¿Es que se espera que la acción devastadora de estos grupos ilegales sea irreversible para lanzar un operativo “salvador” o crear una misión capaz de reparar los daños ocasionados a la zona?
lostienelocos@intercable.net.ve
