Ese pueblo sintió en el último tramo de la campaña electoral una verdadera amenaza y dio una respuesta contundente a la oposición. Las marchas y la concentración multitudinaria del jueves 4 de octubre fueron una demostración espontánea de ese pueblo y de su íntima conexión con el presidente Chávez.
Esa conexión es una de las claves fundamentales del proceso. La capacidad de respuesta que el Pueblo Bolivariano ha demostrado en cada momento crítico del proceso es la fuerza real que se puso en marcha nuevamente en la tarde del 7 para asegurar una ventaja suficiente y que la victoria no fuera empañada.
Ya en las últimas dos semanas de campaña, el presidente reconoció, con espíritu autocrítico, deficiencias en el gobierno y también adelantó, la noche de cierre de campaña, la creación de un ministerio para el seguimiento de las políticas de gobierno. Ese ministerio ya fue creado. Pero tanto el reconocimiento de los errores, como el paso de la creación de ese despacho, aunque son importantes, no son suficientes.
¿Por qué? Porque la falta de seguimiento es apenas una manifestación superficial y no la causa del descontento del pueblo chavista con su gobierno.
La verdadera causa radica en un problema social, político y que tiene manifestaciones culturales. El nombre propio de ese problema que está atacando al pueblo bolivariano y al proceso revolucionario es Burocracia. Un sector de funcionarios ineficientes y que buscan obtener privilegios personales, muchas veces corruptos y déspotas. Ellos fungen como correas de transmisión del capital dentro del gobierno y el estado.
Esta burocracia opera de distintas maneras y es empujada a corromperse por la vía de acumular privadamente capital con los dineros del pueblo venezolano por ese tejido de operadores políticos y económicos que nunca han salido del Estado y que responden a la burguesía empresarial, financiera nacional y transnacional. Esta práctica tiene su base material en el modelo de economía mixta que sostiene el gobierno bolivariano y que ha conducido a arrimarle a los sectores burgueses, dentro de su plan de cooptación, a hombres y mujeres del proceso ligados al manejo del presupuesto nacional.
No se trata sólo de problemas administrativos ni tampoco de tal o cual hombre en un cargo específico de ministro, miembro de la Asamblea Nacional o dirigente nacional del PSUV ni de niveles inferiores de decisión. El problema es que se ha incorporado una cultura de la negociación, la comisión, la corrupción, la persecución de los que ejercen su derecho a la crítica y el reclamo dentro del proceso y el maltrato hacia pueblo llano.
Estas prácticas son la prueba del inicio del surgimiento de una nueva clase burguesa en el país construida desde arriba y asociada a importantes sectores de la vieja oligarquía. Ella surge desde los privilegios que otorgan la función pública y el manejo del presupuesto. Una nueva clase que tiene esencialmente una naturaleza antipopular y antiobrera. Y que esta secuestrando la participación democrática real del pueblo revolucionario.
Esta burocracia demostró su incapacidad para defender el proceso. Lo demostró en el golpe de abril de 2002, lo demostró en el paro sabotaje y lo volvió a demostrar recientemente en la campaña presidencial del comandante Chávez. Más allá de que se reconozca públicamente o no, es un hecho que tiene múltiples pruebas en la realidad: sin la respuesta popular espontánea de las últimas semanas de campaña electoral y del propio domingo 7, estaba en riesgo el triunfo electoral y la vida misma del proceso bolivariano.
La actuación de esta burocracia, con su corrupción y su maltrato ponen en riesgo ese vínculo entre el liderazgo del presidente Chávez y el pueblo bolivariano que cumple un papel de motor del proceso. El peligro no es por ahora una agresión imperialista. El peligro real es que esa burocracia transforme en pacto político explícito, entre sectores del privilegio, sus prácticas de gobierno.
En ese sentido, el intento de buscar una “derecha responsable” para construir una “unidad nacional” con esos dirigentes promotores del golpe y del paro sabotaje, es un error que lleva al camino de un nuevo pacto político. Hay que decirlo por la calle del medio, lo que el proceso necesita no es una derecha responsable; es una izquierda radical, democrática y consecuente que todavía está ausente en el país como expresión orgánica. En el camino de que este instrumento se convierta en la dirección política del pueblo trabajador y contralor critico del gobierno. El diálogo que se necesita es entre el gobierno y las organizaciones del pueblo.
Pero, ¿cómo se hace eso de limpiar de burócratas la revolución? Insistimos: no se trata del reemplazo de tal o cual funcionario por uno que nos guste más o menos. Se trata de atacar las causas del poder de la burocracia, creemos que las soluciones que debemos debatir son entre otras:
- Impulsar desde las bases bolivarianas de manera autónoma la participación democrática, la movilización, el reclamo y la exigencia por las necesidades insatisfechas del pueblo bolivariano. Sin temor de ser llamados “reivindicativistas”, “economicistas” o “locheros” por aquellos que ostentan obscenos privilegios.
- Ejercer, también de manera autónoma nuevas formas de contraloría, denuncia y exigencia desde las bases, apoyadas en mecanismos democráticos asamblearios, directos, públicos y transparentes, superando y transformando las instancias de base burocratizadas. Contra la corrupción debe invertirse la carga de la prueba, es decir que funcionario denunciado de corrupción debe demostrar su inocencia. Evaluar desde las bases (trabajadores, comunidades y sus organismos de poder popular, movimientos sociales) a los funcionarios con altos cargos o responsabilidades, incluidos los ministros y los presidentes de empresas del Estado.
- Reimpulsar desde el mismo pueblo bolivariano la activación del poder constituyente para que ese poder actúe en todos los ámbitos donde la revolución ha retrocedido o se ha estancado. Discusión democrática de los programas y planes con el pueblo en cada sector.
- Impulsar la formación de un nuevo instrumento político del pueblo revolucionario, democrático y plural, separado del Estado y con un programa radical, anticapitalista y antiburocrático, consistente con la democracia socialista. Para ello, comenzar por el debate crítico, realmente democrático, de los resultados electorales y de las perspectivas del nuevo período de gobierno con todas las corrientes políticas y movimientos del proceso revolucionario, que este debate sea reflejado en los medios públicos.
- Impulsar los mecanismos revocatorios para todos aquellos dirigentes electos del proceso que probadamente maltraten a nuestro pueblo, y en el caso de que no sean funcionarios de elección popular exigir su destitución.
- Que el presidente Chávez convoque a la conformación de un espacio de consulta orgánica de las políticas y medidas con los grandes movimientos sociales del país.
Por último y aunque no hace al tema principal de esta declaración política queremos señalar una opinión en relación al nombramiento de nuestros candidatos para las elecciones a gobernadores que en otro documento específico desarrollaremos:
Creemos que es un grave error que facilitará el triunfo de la oposición en muchos estados, no haber hecho participar al pueblo bolivariano de la selección de esos candidatos. No es un secreto para nadie el malestar extendido que existe con la gestión de la absoluta mayoría de los gobernadores que dicen hacen parte del proceso revolucionario. Las excepciones son realmente singulares.
Por nuestra parte, exigimos que todos ellos, en el tiempo que tienen de campaña, construyan junto al pueblo revolucionario sus programas de gobierno y que asuman, de ese proceso de consulta, las prioridades señaladas por el pueblo revolucionario para los primeros días de su gestión.
Al mismo tiempo hacemos nuestro un rumor que viene subiendo desde las profundidades de nuestro pueblo. “Esta es la última vez” que nos calamos la elección a dedo de nuestros representantes.
