El 4-F de 1992, debe ser visto como la continuidad – increscendo- de la crisis institucional, generada por el agotamiento de las identidades políticas constituidas desde 1958, con el apoyo de los partidos históricos (AD-COPEI-URD), mediante la institucionalización de un juego de consenso excluyente, pues se construyeron acuerdos segregando al Partido Comunista de Venezuela (PCV) y todas las organizaciones, políticas o sociales, que significarán una traba para la conciliación de clases propuesta por (y a través) del Pacto de Punto Fijo.
La crisis desatada por el 4-F, trajo sin lugar a dudas al debate, el papel de la sociedad militar (o poder militar) y su relación con el poder civil. Los procesos enmarcadores , eso es las justificaciones simbólicas y prácticas para la movilización, que se incubaron entre 1983 y 1992, se caracterizaron por una crítica al deterioro moral y cultural del sistema conciliatorio de intereses políticos, creados sobre el triunvirato Betancourt-Caldera-Villalba, con la anuencia y apoyo directo de los intereses geopolíticos de los EEUU en el país. Los militares, que habían sido "institucionalizados" a través del juego de adhesión complaciente, del sistema corporativo de intereses de la democracia liberal, se ajustaron a su papel de "guardianes" de la estabilidad política, en una relación de ganancia y clientelismo burocrático. Fue notable y notorio, entre 1958 hasta 1992, como la estructura militar sí bien en lo formal mantuvo una condición no militante, en la práctica desarrolló un comportamiento partidista, pues el sistema de ascenso dependió de la adhesión "silenciosa" a alguna de las organizaciones o liderazgos partidistas hegemónicos (AD-COPEI). El sistema político venezolano, mantuvo la "apariencia" de división de poderes, subordinación del sector militar al control civil y equilibrio en la impartición de justicia. Ese comportamiento encaja perfectamente en lo que Javier Bierdau denomina un "habitus", es decir, un sistema cultural que justifica y promueve la subordinación.
Todo ello fue posible gracias a la legitimación de las formas de apropiación de la renta petrolera, esencialmente a través de las elites propietarias en asociación con los agentes o actores políticos que controlaban simultáneamente el poder político del Estado. Lo poco que dejaban de apropiarse (en comparación con el total secuestrado) permitió desarrollar una política social que contuvo el conflicto, hasta que a partir de 1983, se desató con la crisis generada por la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento externo, una verdadera batalla campal por el control de los excedentes, dejando – ahora sí- sin nada para repartir a los tradicionalmente excluidos. ¿Cómo entender la "inivisibilización" del conflicto en ese período? Sin duda, la respuesta está en la significativa institucionalización en torno a las identidades políticas impulsadas desde el socialcristianismo y la socialdemocracia.
Al perder los partidos su capacidad de entender – pero sobre todo de "repartir" concesiones clientelares- se acumularon las contradicciones que nunca desaparecieron en el proceso histórico venezolano, pues el sistema político instaurado en 1958 no busco superar en ningún instante el carácter excluyente de las formas capitalistas sobre el control de la renta petrolera, al contrario las mantuvo. Chávez, en su condición de sujeto subalternizado-excluido (pues era un zambo, eso es un híbrido entre afrodescendiente e indígena) elevó en su acto de insurgencia del 4-F, la voz de los silenciados. Eso fue posible por su múltiple condición histórica: 1) zambo, que representaba a los dos sujetos ahistóricos (por la exclusión), a saber: indígenas y afrodescendientes; 2) campesino marginado, al provenir de una zona rural (Barinas) y 3) militar, que formaba parte de un estamento social clave para la "estabilidad".
El 4-F fue un acto de insubordinación, contra la dominación fundante imperante con el proyecto político democrático conciliador de 1958. Emergió en un momento de tensiones acumuladas, con un discurso moral y ético necesario. Por eso, a pesar del acto violento del intento de golpe, su accionar despertó simpatías. Hoy es necesario retomar esa bandera ética, ese impulso liberador en un momento cuando las amenazas al proyecto bolivariano, constituido e impulsado desde el pensamiento de Chávez y otros actores, se ve amenazado no sólo por los sectores propietarios que históricamente han subordinado e invisibilizado al pueblo-excluido, sino peor aún, desde el mismo seno del mal llamado "chavismo", que ha desarrollado una "derecha endógena", tan corrupta, tan clientelar, tan burocrática y tan anti-revolucionaria y dogmática. Como bien dijo Chávez en su último Consejo de Ministro en noviembre de 2013, no por declararse socialista se ha construido socialismo.
Hoy se debe insistir en el punto de no retorno a las formas conciliadoras de la democracia liberal y ello solo es posible desde el impulso creador del poder popular, un poder popular que debe deslastrarse de la subordinación al poder constituido, pues las lógicas burocráticas y reformistas, son parte sustancial del sentido del Estado Liberal y rentista, que aún persiste. Las contradicciones surgidas son profundas, y solo el impulso liberador de ese pueblo organizado y movilizado, puede limitar, denunciar y superar al reformismo pragmático y ortodoxo, que está prevaleciendo lentamente dentro del chavismo y que representa un mayor peligro, que la propia derecha histórica, por su carácter solapadamente –pero decididamente- anti-democrático
*Dr. Historiador-politólogo
