Es absurdo esperar cambios de fondo en candidatos cuyas trayectorias están a la vista.
Para el evento electoral cuya celebración se avecina en Guatemala, han surgido candidaturas que ni siquiera deberían ser tomadas en cuenta por la ciudadanía; y no solo por representar lo peor de una sociedad golpeada por las organizaciones criminales, la corrupción política y la falta de valores del empresariado, sino por un simple prurito de dignidad. La población guatemalteca ha sido castigada una y otra vez por quienes controlan los poderes del Estado, sin tener siquiera el ímpetu indispensable para levantarse, reorganizar sus fuerzas y actuar como corresponde ante los abusos de un sistema diseñado para aprovecharse de sus debilidades.
El circo electoral está que arde y de hecho debería hacerlo, por si después surge de sus cenizas la depuración que necesita con urgencia. En el escenario actual y sin el menor disimulo desfilan los ejemplares más nefastos del entorno político y los electores comienzan el consabido proceso de evaluar los alcances de su participación, sin entusiasmo alguno y más bien con el escepticismo que ha acompañado a todas las elecciones de autoridades desde el retorno a la democracia con la elección de Vinicio Cerezo, cuyo triunfo despertó grandes expectativas y resultó provocando grandes decepciones.
Sin embargo, ante dados cargados gracias a una ley electoral que los maneja a su antojo, la percepción general es de una profunda desconfianza y esta alcanza, de refilón, a las pocas candidaturas honestas que podrían generar un atisbo de esperanza. Pero aun cuando la ciudadanía conoce los antecedentes de algunas candidatas y candidatos poco aptos para ejercer la primera magistratura de la nación, administrar una alcaldía o integrar una asamblea legislativa, lo cierto es que incluso los peores capturan la atención pública gracias a mañas mercadológicas siempre eficaces con un pueblo poco dado al análisis y al cuestionamiento de sus ofertas y, dadas sus graves carencias, también proclive a aceptar la generosidad con la cual los financistas de campaña fijan sus apuestas.
Que la cabra tira al monte no es un simple refrán popular, es una verdad contundente. El comportamiento de algunas candidatas y candidatos empecinados en retorcer las leyes y amordazar a la prensa y a sus opositores, debería despertar todas las alarmas. Si desde una candidatura lanzan amenazas y violan los preceptos constitucionales, es posible imaginar cuánto podrían hacer desde una posición de poder como, por ejemplo, la presidencia de la república. Adicionalmente, sus candidaturas huelen a delito desde el momento que existen investigaciones y evidencias de acciones anómalas en torno al financiamiento de sus campañas, aun cuando sus huestes opongan toda clase de recursos para evitar la acción de la justicia.
El escaparate de las ofertas electorales está plagado de ejemplares nefastos quienes, con un descaro total, lanzan amenazas de regreso a las dictaduras; de falsos cristianos cuyas intenciones deshonestas saltan a la vista; de auténticos dinosaurios del pasado con largas colas de mentiras y corrupción y todo ello como un salto cuántico hacia un pasado que ya se suponía superado. Para los electores, este proceso se ha transformado en un juego de eliminatorias en donde la ficha ganadora podría significar la muerte de la incipiente democracia por la cual se ha trabajado con tanta ilusión y con grandes pérdidas humanas. Por ello, el refrán en referencia debe servir como una guía valiosa para no volver a caer en un agujero negro como el que hoy identifica al país ante el mundo.
