Rechazo el vandalismo mostrado en videos de “reporteros espontáneos” de las redes sociales, en los cuales se mostraba a algunas personas derribando estatuas de Chávez en varias ciudades del país. Igual, no comparto las acciones vandálicas, propias del hampa común, como la quema a los locales del PSUV o algún que otro saqueo que pudo haberse producido ayer o antier en pequeños negocios del propio pueblo. Pero de ahí a reducir toda esa protesta popular, espontánea y legítima, a acciones del hampa o a un plan macabro, sádico  y homicida, como lo describe con gran despliegue literario Jorge Rodríguez, creerse ese cuento del ganador de cuentos de El Nacional y habilidoso manipulador de mentes, es un terrible error de percepción, si no un brote psicótico producido por el chip incorporado a algunos militantes disciplinados del PSUV, que repiten y repiten la misma cantinela inculcada desde hace tiempo “es la misma película del 2017-2018”.

Primero, no se trata de una película, sino de una realidad palpable; segundo, no son los mismos hechos con la misma significación de esos años. En aquel entonces, las guarimbas fueron parte de era una enloquecida estrategia opositora extremista, basada en una especie de insurrección no decretada, en respaldo a un “gobierno interino” fantasioso. Ahora, se trata de la protesta de un pueblo muy disgustado, espontánea, legitima en sus demandas, pacífica en general, que exige que se le respete su voluntad soberana, mostrada en sus votos, que se publiquen las actas como ordena la ley, que se contrasten con la que tienen los factores de oposición y se ponga en funcionamiento los mecanismos propios de una democracia. Y que no se caiga en la tentación del fraude y el auto-golpe.

Mi posición es la misma que, esencialmente, han expresado los candidatos presidenciales Claudio Fermín, Antonio Ecarri, Javier Bertucci y Edmundo González; la misma solicitud del excanciller de Brasil Celso Amorim y los gobiernos de Colombia y México. La misma de un grupo de intelectuales y dirigentes populares en un reciente comunicado; es igual a la expresada por otro grupo de intelectuales de varias nacionalidades de América Latina. La misma hasta de Fedecámaras, tan contenta hasta hace poco con este gobierno. Pero también, y más importante, por miles y miles de compatriotas que se han volcado a las calles a manifestar pacífica y democráticamente por el respeto de la soberanía popular expresada en el voto, por la publicación y verificación deuda de las actas del CNE, por el cumplimiento de la ley que establece que solo se pueden adjudicar cargos con el 100% de las actas. 

Ya se ha dicho que este ha sido un proceso electoral muy peculiar, para nada caracterizado por prácticas democráticas. Comenzando por la designación de los miembros y, en especial, del presidente del CNE, de clara militancia partidista, en contravención a disposición expresas de la Constitución y las leyes cuyas normas relativas al tema electoral enfatizan la necesidad de la independencia (aunque sea aparente) de los miembros del organismo árbitro de los comicios. Se desarrolló así una campaña signada por el ventajismo del partido de gobierno, evidenciada en hechos como las dificultades para la inscripción de los candidatos (inhabilitación sin sentencia judicial como establece la Constitución; inhabilitación de hecho, justificada por “fallas técnicas”; todos recuerdan lo que ocurrió con Corina Yoris y Manuel Isidro Molina), así como los asaltos legales contra partidos políticos, entre los cuales destaca el Partido Comunista de Venezuela, junto al PPT, Tupamaros, Primero Justicia, AD, entre otros previos. El claro ventajismo se evidenció también con hechos de corrupción, como lo es el peculado de uso de los bienes del Estado para la campaña presidencial de Nicolás Maduro, así como para la movilización de la militancia del PSUV. Se cerraron decenas de plataformas informativas. Se aplicó censura previa a los periodistas y medios independientes, cierre de negocios que alojaron o sirvieron circunstancialmente a los dirigentes opositores. Detenciones o desapariciones forzosas de cuadros organizativos de partidos de oposición, incluso la negación de salida a varios dirigentes políticos que habían solicitado asilo en la Embajada de otro país (Argentina) por la obvia persecución política que se había desató. Todas provocaciones para inducir una retirada a la abstención a una dirigencia opositora que ha cometido muchos errores en el pasado, pero que esta vez parece haber aprendido.

El 28 de julio fue un día muy intenso, con largas colas en todos los centros de votación, evidenciando una participación muy alta, una baja significativa de la abstención. Esto ya lo venían indicando todas las encuestas serias: la creciente disposición a votar, a hacer funcionar la democracia, era muy fuerte, masiva, determinante. Fracasaron todas las acciones que se desarrollaron para provocar miedo y estimular la abstención. Fue parte de la estrategia del gobierno, resumida en tres objetivos: promover la abstención de todas las maneras, estimular la división de los opositores y permitir una “ingeniería electoral” que les permitiera “rebanar” cualquier avance electoral del adversario. Hasta el último momento activaron agentes oficiosos y dudosos, para que introdujeran recursos ante el TSJ (controlado abiertamente por el mismo partido) para intentar anular la principal tarjeta de la oposición o hasta pretender suspender las elecciones. De acuerdo a todas las observaciones y exit poll, se constató que la cantidad de electores fue muy alta. 

Todas las matrices FODA (Fortalezas- Oportunidades- Debilidades- Amenazas) mostraban que el gobierno contaba, como principal factor a su favor, los recursos del Estado y la estructura de un Partido verticalizado, con militancia debidamente adoctrinada (para no decir otra cosa) y disciplinada. Eso jugaba a favor de la movilización, cobertura de testigos, canales de comunicación. La oposición, por su parte, tenía a su favor el amplio e inmenso descontento con el “peor gobierno de la historia” y, sobre todo, la pérdida de confianza, conseguida tras muchos años de mentiras, demagogia vacía, manipulaciones con sentimientos (como el amor al Líder carismático, muerto ya hace años), y un antiimperialismo ritual que hacía disonancia con los acuerdos de entrega del petróleo a Chevrón y otras negociaciones aún en curso, aparte del oportunismo geopolítico que busca aprovechar los intereses de las potencias en pugna mundial en el marco de la actual Guerra Fría. La oposición tenía de su lado el descontento, justificado y creciente, por la pésima conducción del país, por la corrupción, por la destrucción del sistema educativo y de salud, por la aniquilación de los salarios y el derecho laboral, por la violación de los derechos humanos, y un largo etcétera. Todo eso motivaba un voto en contra, como en otros episodios históricos de este país. También un sentimiento, hay que decirlo; una creciente esperanza en otro liderazgo. Pero, además, y desde el punto de vista de la izquierda, este gobierno es el responsable del desprestigio profundo de cualquier planteamiento socialista en Venezuela, la asimilación de la izquierda con el abuso y las corruptelas. Y esa política contra la izquierda se evidenció en el trato a los trabajadores y a las organizaciones socialistas. 

La situación explosiva se inició con el anuncio del presidente del CNE acerca de unos supuestos resultados en el 80% de los votos, donde no pudo demostrar que la tendencia era irreversible, porque la diferencia de votos era de solo 700 mil votos, y el otro 20% de actas, con datos de cuatro veces superior de esa supuesta ventaja, podía revertirla. Además, se violó la ley, porque esta establece que no se puede adjudicar ningún cargo sin los resultados del 100% de las actas. A estas alturas, no hay resultados finales. El candidato Enrique Márquez informó algo muy irregular: el origen de ese boletín no salió de la sala de totalización del CNE. Además, a las 7 de la noche del domingo, se expulsaron a los testigos de los factores de oposición de numerosos centros de votación, y se suspendió la transmisión de datos a la base en Caracas. 

Las protestas, sobre todo las del 29 de julio, fueron espontáneas, populares, legítimas. Parecidas a las del 27 y 28 de febrero de 1989, con la diferencia de que las actuales tienen una demanda política muy clara: respeto a la soberanía popular expresada en el voto, que aparezcan las actas, que se verifiquen. Como ya dije, no estoy de acuerdo con el vandalismo; pero quedará como una foto que simboliza la profunda decepción y rabia de los venezolanos, la que presenta el derrumbe de esas estatuas de Chávez, que evocan el esbozo de un culto a la personalidad que apela a ciertos sentimientos populares, pero también recuerdan otros derrumbes de efigies en Europa del Este de 1989 en adelante. 

Pero, en lugar de buscar acuerdos, diálogo, abrir las puertas del CNE para la constatación de las actas, los líderes de este desastre de gobierno, insisten en provocar, insultar, inventar planes macabros. Ya el émulo de Vyshinsky, el tenebroso fiscal de Stalin, acusó a la Machado de dirigir un “hackeo” al sistema del CNE, justificativo ad hoc para evitar publicar las actas que todo el mundo solicita. Ya hay decenas de detenciones que resultarán, como ha ocurrido ya muchas veces, en “confesiones” arrancadas con torturas. Elementos para justificar esa transición, de un bonapartismo de estado de excepción con algunas apelaciones constitucionales, cada vez más tenues y distorsionadas, a la dictadura abierta y franca. 

La voluntad del pueblo venezolano no podrá ser burlada, pisoteada, distorsionada. Hay que seguir exigiendo respeto a la soberanía popular. El pueblo perdió el miedo. Los miles que hoy marchan por las calles no son parte de ningún guion de “película”. Es una protesta popular, legítima y por el cumplimiento de la ley y dela soberanía popular.