Observe usted que los avales pecuniarios y morales exigidos por patronos comerciales y domésticos son un requisito sine qua non para conseguir una chamba, inclusive para el desempeño de la “faena sucia”. Trátase de garantías pecuniarias o de recomendaciones debidamente firmadas y confirmadas por teléfono o mediante entrevistas vis a vis. Eso ocurre en los herméticos escenarios de la empresa privada y de las familias.
Para cualesquiera transacciones crediticias usted debe llevar un garante o fiador. Si usted no paga oportunamente, el acreedor va por encima sin titubeo alguno y le cobra a sus fiador, y si este no tiene con qué cubrirle la deuda morosa a su afianzado, hasta el secuestro podría castigarlo.
En habitual e inadvertida contraposición de esa normativa de justicia económica, nos encontramos con la sucia e inmoral Política Nacional Venezolana, y probablemente mundial. Hablamos de una política ejercida por delincuentes de todo tipo disfrazados de defensores del pueblo, de los pobres y marginados. Arguyen estar muy conmovidos y dolidos por la problemática social interna, etc.
Hasta ahora, esos delincuentes politizados, decimos, pueden cometer todo tipo de delitos administrativos, ilícitos, asesinatos inclusive, a cambio en última instancia de una rimbombante salida electoral al término del vencimiento de sus cuestionados mandatos.
En los tiempos actuales de supuestas convulsiones morales y asomos tentativos de cambios sociales importantes, es hora de que ningún político que sea candidateado para el ejercicio de un cargo concurra como tal “sin avales suficientes”.
Es hora de que los presidentes de la república, los ministros seglares del gobierno, los directores y gerentes, los jefes de departamentos y secciones, así como los alcaldes en general, deban garantizar su ejercicio con buenas dotes pecuniarias y/o morales. Pero también es hora de fijar responsabilidades penales si fuere el caso para los burócratas que terminen nombrando y dándole cargo a personas carentes de los respectivos avales. En estos casos el ejecutivo correspondiente deberá asumir y compartir todas las responsabilidades de sus subalternos. Ya basta de sacudirse como el perro argumentando que cada quien (menos él) tiene sus propias responsabilidades.
En caso de incumplimiento, de robos, de negligencias de omisiones, sobreprecios, trácalas, y en la comisión de actos corruptos en general, sus fiadores deberán correr con las consecuencias y ser enjuiciados sin mayores dilaciones y sin los entrabamientos tradicionales de una Justicia por demás alcahueta y venal como la que conocemos hasta ahora, con los raros casos de excepcional conducta.
No pude ser que un gobernante corrupto y asesino simplemente termine su mandato por vía política electoral y sin recibir severos castigos de inmediato. Ni siquiera debería pasar por tribunales ordinarios cuando las denuncias y evidencias en su contra sean noticia crimini o vox pópuli. Hasta deberíamos echárselos a los “tigres” como en los viejos tiempos romanos.
Cuáles serían esos avales burocráticos y sus correspondientes y no menos burocráticos avales lo dejamos para críticas posteriores, aunque se oye opiniones al respecto.
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