24-02-20.-El Gobierno de Nicolás Maduro y el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, pactaron en 2018 a cambio de que éste saliera del escenario público y el madurismo dejara de acosar a la compañía.
Las prolongadas tensiones entre la compañía y el gobierno se convirtieron en un conflicto abierto cuando la economía entró en recesión en 2014. A medida que los ingresos se agotaban, Maduro comenzó a acusar a Mendoza, sin pruebas, de acaparar productos y empeorar la escasez.
Las amenazas fueron acompañadas por un acoso creciente. Los inspectores fiscales constantemente allanaron las instalaciones de Polar, los sindicatos progubernamentales instigaron disturbios laborales y las fuerzas de seguridad secuestraron sus camiones de comida y detuvieron a sus gerentes.
Para 2017, Polar estaba a punto de declararse en bancarrota. Su producción de alimentos estaba asfixiada porque los controles de precios lo obligaron a vender productos por unos pocos bolívares. La producción de cerveza se tambaleó por la pérdida de cebada subsidiada.
Bajo presión familiar, Mendoza buscó contacto con el vicepresidente de Economía, Tareck El Aissami, según contaron dos personas familiarizadas con las conversaciones al New York Times. Y es que El Aissami, uno de los sancionados por USA, había argumentado durante mucho tiempo que el Gobierno de Maduro tuvo que abandonar su dogma marxista para garantizar su supervivencia. En él, Mendoza había encontrado un oído comprensivo y en 2018 en una reunión con Cilia Flores se dio por culminada la polémica. El encuentro produjo un pacto informal que se ha mantenido hasta la fecha.
“El gobierno los estaba golpeando muy duro”, dijo Jhonny Magdaleno, un sindicalista y trabajador jubilado de Polar. “Entonces, de repente se detuvo”. Ya para 2019, empezó a avanzar el deshielo entre Polar y el madurismo.
Las incursiones en sus instalaciones cesaron. Y Maduro dejó de hablar de Polar y sus compañeros. Luego, de repente, Mendoza desapareció de la vista pública, y Maduro dejó de llamarlo “ladrón” , “parásito” y “traidor”. El gobierno dejó de hostigar a Polar con fiscalizaciones y, a tiempo, comenzó a adoptar los cambios económicos que había propuesto Mendoza, como terminar con los controles de precios paralizantes.
