No es de sabios saber que la AECID, desde su fundación en 1988, ha centrado concretamente su intervención en los países donde España históricamente ha tenido mayor influencia, y dónde actualmente las empresas multinacionales españolas, como REPSOL-YPF, BANCO SANTANDER, TELEFONICA, ENDESA, IBERDROLA, entre otras, tienen fuerte intromisión.

¿La Agencia Española de Cooperación Internacional por el Desarrollo (AECID) es un organismo que sirve para combatir la pobreza al mundo? Posiblemente si al subvencionar proyectos de algunas Organizaciones No Gubernamentales por el Desarrollo (ONGD) con buenas intenciones, pero aún así las verdades no son absolutas y se puede ver si nos hacemos otras preguntas. ¿Por qué justamente la AECID que interviene en un número general de 50 países financia proyectos en unos estados y no en otros con mayores necesidades? O más concretamente, ¿por qué justamente las prioridades geográficas (ver mapa) del Plan Director 2009-2012 que dicta donde subvencionar proyectos la AECID se centra en toda la región de América Latina, el norte de África y el Sahara, excolonias portuguesas como Angola y Mozambique donde Portugal pierde su injerencia, y países asiáticos de antiguo dominio español como Filipinas?[1]

No es de sabios saber que la AECID, desde su fundación en 1988, ha centrado concretamente su intervención en los países donde España históricamente ha tenido mayor influencia, y dónde actualmente las empresas multinacionales españolas, como REPSOL-YPF, BANCO SANTANDER, TELEFONICA, ENDESA, IBERDROLA, entre otras, tienen fuerte intromisión. Aún así, haciendo un juego a dos bandas, España pacta con estados para financiar proyectos bilaterales, en temas como salud, educación e infraestructura, o indirectamente mediante ONGDs, a cambio de obtener sus multinacionales mercados externos, siguiendo vendiendo con plenas falacias el modelo de cooperación como imagen humanitaria y no como estrategia corporativa.

Con la crisis económica española actual y los recortes de los presupuestos del estado acompañados de nuevas privatizaciones en los transportes, educación o salud pública, el nuevo gobierno del Partido Popular prevé recortar en los fondos del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación Internacional 1.016 millones de euros, es decir, casi un 40% del total del 2011[2]. Pero parece que los recortes en la cooperación a quien afectará será a las ONGDs pero no a los intereses expansionistas de las empresas privadas.

El asistencialismo corporativo

La AECID, el pasado mes de diciembre, cuando todavía era gestionada por personalidades del Partido “Socialista” “Obrero” Español, confirmó la aprobación de la financiación de casi 150.000 euros para la Fundación REPSOL por un proyecto titulado “El fortalecimiento de los emprendimientos económicos y sociales de las comunidades en zona de influencia de la operación de REPSOL YPF en la Amazonía ecuatoriana”.[3] La estrategia es sencilla. Un proyecto financiado con dinero público, que son parte de los impuestos de los trabajadores del estado español, en lugar de buscar el máximo impacto social posible contra la pobreza, un acto posiblemente considerado de internacionalismo solidario, se dirige al máximo impacto publicitario a favor de la multinacional REPSOL, empresa que tiene 4.500 millones de euros de beneficios anuales.

Actualmente con los Procesos de Cambio existentes en América Latina con gobiernos de izquierda como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, o el Ecuador – integrantes de La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) junto con Cuba – los movimientos sociales de los grupos sociales excluidos históricamente, como los indígenas, campesinos o actores de las zonas suburbanas – y no una clase obrera aburguesada - son los que muchas veces con sus presiones sociales llegan a llevar el timón de estos gobiernos de izquierdas como sujetos revolucionarios. Como por ejemplo en Bolivia, donde las grandes manifestaciones sociales contra el proyecto de la carretera del TIPNIS por su posible impacto ecológico hicieron al gobierno de Evo Morales suspender las obras que ejecutaban las empresas brasileñas. O en un extremo, habiendo sido los movimientos sociales la resistencia contra los intentos de golpes de estado de la derecha en Venezuela en abril de 2002 – barrios urbanos históricamente marginados como el del 23 de Enero de Caracas - o en Ecuador en septiembre de 2010 – con movilizaciones de indígenas y campesinos de una parte de la CONAIE-.

El papel central de los movimientos sociales en los gobiernos latinoamericanos ha hecho cambiar la estrategia del subimperio español y sus multinacionales. Sencillamente, utilizar proyectos de cooperación internacional con un toque asitencialista para generar pequeñas mejoras sociales, pero nunca producir cambios estructurales, y fortalecer la relación de la población local con la misma multinacional para romper, poco a poco, ciertos vínculos entre movimientos sociales y sus gobiernos. Así, si mañana el gobierno del Presidente de Ecuador Rafael Correa quiere nacionalizar o simplemente multar a REPSOL por impactos ecológicos - como la sanción de 8.500 millones de euros que recibió la multinacional norteamericana del petróleo, Chevron, por tribunales ecuatorianos dado los daños ambientales y las posteriores consecuencias en la población indígena- puede tener resistencias por parte de los movimientos sociales debido al apadrinamiento que reciben de la misma empresa española; como poder estudiar algunos de sus hijos, algunos agricultores implantar nuevos proyectos productivos, o varías comunidades disponer de un pequeño servicio sanitario, mientras “ocultamente” las riquezas nacionales sen van del país. La estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa de REPSOL, con la implicación de la AECID, no tiene como objetivo reducir la pobreza, ni mucho menos colaborar en las redistribuciones de las ganancias a favor de la población ecuatoriana, sino reproducir el funcionamiento imperialista de la extradición de las riquezas.

La crisis económica española ha hecho crecer un debate social sobre que las ONGDs no tendrían que recibir subvenciones públicas para hacer proyectos en otros países cuando la pobreza no para de aumentar dentro del estado, a pesar de ser la pobreza un problema humano más allá de las fronteras, pero lo que no puede dejar de banda este discurso erróneo, que si lo hace, es denunciar que, en gran parte, la continuación de estas subvenciones es para que cada vez beneficien más las grandes corporaciones españolas estableciendo una buena imagen de sus mecanismos expansionistas. En definitiva, cada vez nos dirigimos a un modelo de cooperación internacional no para eliminar la pobreza sino para admitir a los ricos.