Ha sido un gran acierto que la reunión Cumbre binacional Colombia–Venezuela se desarrollara en la ciudad de Puerto Ayacucho el pasado lunes 22 de julio. Sacar la actividad internacional de los países limítrofes de las capitales y darle mayor relevancia a las regiones fronterizos es manifestación de una perspectiva encaminada a resolver los problemas comunes que se suscitan a un lado y otro de áreas geográficas que muchas veces tienen una identidad común y que solo fueron separadas por una decisión colonial a partir de intereses propios que no contaron con la opinión ni decisión de los ancestrales habitantes de esos territorios. Además, en una perspectiva positiva, los vínculos transfronterizos permiten resolver problemas concretos en plazos cortos si existieran estructuras adecuadas aprobadas por los gobiernos centrales de los países involucrados.
El Presidente Nicolás Maduro anunció que la lucha contra el contrabando en la frontera sería uno de los temas centrales de las conversaciones con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Éste incluyó la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales en la agenda de trabajo y, también un viejo sueño que tuvo el presidente Hugo Chávez de convertir el río Meta -que conecta a los dos países- en un polo de desarrollo.
Esta última idea del presidente Chávez es expresión de una visión de futuro en las relaciones internacionales en primer lugar de la práctica integracionista que –por razones obvias- se manifiesta de manera práctica en primera instancia en las regiones fronterizas.
Una de las características de la globalización es la pérdida de poder del Estado nacional por diferentes razones. Una tiene que ver con el creciente poder de las empresas transnacionales a las cuales pugnan por la existencia de Estados débiles en los que sea cierta la posibilidad de imponer reglas de juego favorables a sus intereses sin importar las necesidades y las dificultades de los pueblos. Pero, por otra parte la integración que transcurre como proceso paralelo a la globalización se proyectará –de alguna manera- como el debilitamiento de los Estados centrales en favor del fortalecimiento de los gobiernos y autoridades locales.
Este fenómeno ha ido generando una serie de procedimientos y acciones que comienzan a influir en el accionar de los gobiernos subnacionales y de los pueblos que habitan sus territorios. En Europa este proceso es patente y acelerado. El estatuto de la Unión Europea favorece el desarrollo local y la integración regional. Para ello el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Consejo de Europa han apoyado la creación de diferentes instancias que se han denominado Comunidades de Trabajo, Eurorregiones o Europaregiones. Así mismo se ha concebido el Programa INTERREG con el objetivo de construir instrumentos que faciliten la cooperación transfronteriza e interregional entre los socios de la Unión Europea, además se propone promover relaciones específicas de cooperación interregional entre las regiones europeas.
El camino que señala Europa muestra que las fronteras hay que irlas superando a través de un proceso de integración económica y de cooperación política a distintos niveles institucionales. Un aspecto muy importante de esa cooperación es el que se establece entre las regiones que bordean las actuales fronteras estatales, la cual a veces han dividido espacios a los que la historia ha dotado de personalidad propia. Debemos saber que la palabra región viene del latín regere, que significa trazar una línea o un límite. Esto significa que las fronteras estatales a veces han dividido espacios a los cuales, sin embargo, la historia les ha dado una identidad común.
De esta manera, instaurar una verdadera cooperación transfronteriza ha sido siempre una tarea difícil. La diversidad de los territorios y del relieve han sido obstáculos naturales, aunque a ambos lados de la barrera geográfica se compartiese una misma lengua, mucho más cuando no es así.
Una de las más exitosas y avanzadas regiones transfronterizas es la que se ha establecido al norte de los Montes Pirineos en Francia y al sur de ellos en España, en medio de los dos el pequeño Principado de Andorra. Forman parte de esta Comunidad de Trabajo las Regiones de Aquitania, Languedoc-Rosellón y Midi-Pyrenées de Francia, las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra y el País Vasco de España además de Andorra. Aunque los conceptos aún no están claros, ésta no considerada todavía una euroregión aunque tres de sus colectividades (Languedoc-Rosellón, Midi-Pyrenées y Cataluña) sí han formado una desde 1998. Su objetivo era y es la búsqueda de soluciones a problemas comunes, haciendo de los Pirineos un territorio de unión entre pueblos que intentan conocerse mejor y trabajar juntos en ámbitos como medio ambiente y transporte.
En 2003, la Comunidad de Trabajo de los Pirineos dio el inteligente paso de convertirse en un consorcio para superar las trabas legales que le impedían acceder directamente a los fondos de la Unión Europea. Se ha hecho en un muy buen momento, primero, porque la Constitución europea señala la cohesión económica, social y territorial como uno de los objetivos clave de la Unión. Su entrada en vigor le dio un impulso importante a regiones con dificultades estructurales. Segundo, porque dentro de la reforma para la utilización de los recursos, la Comisión Europea presentó en julio de ese mismo año una propuesta para crear Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza. Ello ha permitido a la Comunidad de Trabajo de los Pirineos una mejor gestión de programas transfronterizos a través de convenios con otras colectividades regionales o locales.
El debate abierto en Europa sobre el futuro de la política de cohesión va probablemente a modificar el mapa regional actual, tanto desde el punto de vista de las prioridades territoriales como de la distribución de fondos. Es seguro que en el futuro oiremos hablar con frecuencia de eurorregión. Hoy por hoy, ese concepto no se sustenta sobre ningún criterio jurídico concreto y sus estructuras son heterogéneas. Sin embargo, pueden convertirse en un nuevo pilar del regionalismo europeo si, una vez estructuradas institucionalmente y dotadas de personalidad jurídica, son reconocidas por la Comisión Europea, que, por ahora, sólo contempla a las regiones existentes en el actual mapa europeo.
En América Latina, México ha comenzado a avanzar en la creación de este tipo de comunidades. En 2003 Chiapas estableció la Región del Quetzal con Guatemala. Así mismo, entre Argentina y Chile se han creado los comités de Integración a lo largo de los extensos 5500 km. de su frontera común. Su actividad ha sido regulada por el Tratado de Integración de Maipú, firmado por los jefes de Estado de ambos países en octubre de 2009.
Generar una práctica de trabajo transfronteriza agilizaría las demandas regionales y coadyuvaría a crear mecanismos eficientes de solución de conflictos, enfrentamiento al delito organizado y prácticas de cooperación económica que ayudarían a los pueblos de ambos lados de la línea trazada por los colonialistas españoles y que las oligarquías han fortalecido desde la Independencia cuando se apoderaron de los Estados nacionales para mantener y consolidar intereses que no son los de los pueblos que habitan esos territorios.