“Fernando VII el Deseado ha vuelto a ocupar el trono de sus mayores. El final (victorioso) de la guerra de la Independencia no ha significado ningún progreso material ni espiritual para el pueblo español, cuyas instituciones liberales creadas en el transcurso de la lucha han sido abolidas, mientras sus hombres más preclaros se ven perseguidos, encarcelados, ejecutados o en el destierro. La estructura económica y social de España anterior a 1808 permanece vigente (aún hoy) y las innovaciones legislativas de las Cortes de Cádiz son rayadas de un plumazo. Una tiranía de veinte años ejercida por los jefes más incapaces ha conducido a España al borde del abismo”.

No obstante, la conmoción nacional del período 1808-1813 había quebrantado irremediablemente la solidez del antiguo régimen. Había permitido cierta difusión de las ideas nuevas, un agrupamiento de los sectores sociales más progresistas. La Constitución de 1812, las libertades fundamentales, las disposiciones contra el régimen medieval de mayorazgos y contra la rigidez gremial, el hecho de haber existido un parlamento moderno (no estamental) quedaron como bandera de acción para extensos sectores de la población. Los hombres surgidos del pueblo o vinculados a él, que dirigieron una acción militar irregular basada en el apoyo y colaboración directos del mismo pueblo, la necesidad de improvisar en esta o aquella provincia formas espontáneas de organización política en ausencia de un poder centralizado, contribuyeron a crear un sector de la población interesado por la participación en los asuntos públicos. El gran sobresalto nacional de la guerra de (1808) la Independencia había sido el comienzo de una revolución. Más aún: la verdadera apertura del siglo XIX español y con él de su historia contemporánea. Los problemas debatidos en el período 1808-1813 fueron el eje sobre el que giró la acción política del siglo, por lo menos hasta 1868.

En efecto, la nobleza y la administración, vinculadas a la Corte y no a la nación, no supieron defenderla ante la traición real. Ignorando otra soberanía que no fuera la del monarca, les violentaba menos el acatamiento de otro, extranjero, (Napoleón) que seguir el impulso nacional, cuyas consecuencias no dejaban de temer.

En realidad, en mayo de 1808 el Estado de la monarquía borbónica había quedado deshecho y el Poder en la plaza pública. Por primera vez se expresa una conciencia nacional que no está reducida a una minoría de clase, de casta, de sangre o de oficio, que crea las bases de un nuevo Estado, de un nuevo poder. Después de pasados los primeros meses, las clases dirigentes intentarán volver a hacerse con la situación, y en ese sentido actuarán el Consejo de Castilla, la mayoría de la Junta Central y la Regencia.

Ordenanza de Andújar, 8 de agosto de 1823:

“Nos, Luis Antonio de Artois, hijo de Francia, duque de Angulema, comandante en jefe del ejército de los Pirineos: “Conociendo que la ocupación de España por el ejército francés de nuestro mando nos pone en la indispensable obligación de atender a la tranquilidad de este reino y a la seguridad de nuestras tropas:

”Hemos ordenado y ordenamos lo siguiente:

”Artículo Primero. Las autoridades españolas no podrán hacer ningún arresto sin la autorización del comandante de nuestras tropas en el distrito en que se encuentren.

”Art. 2º Los comandantes en jefe de nuestro ejército pondrán en libertad a todos los que hayan sido presos arbitrariamente y por ideas políticas y especialmente, a los milicianos que se restituyan a sus hogares. Quedan exceptuados aquellos que, después de haber vuelto a sus casas, hayan dado justos motivos de quejas.

”Art. 3º Quedan autorizados los comandantes de nuestro ejército para arrestar a cualquiera que contravenga a lo mandado en el presente decreto.

”Art. 4º Todos los periódicos y periodistas quedan bajo la inspección de los comandantes de nuestras tropas.

”Art. 5º El presente decreto será impreso y publicado por todas partes”.

Los procedimientos y el arte de gobernar durante el reinado de Fernando VII. Vale la pena reproducir la primera parte de aquel decreto: “Bien públicos y notorios fueron a todos mis vasallos los escandalosos sucesos que precedieron, acompañaron y siguieron al establecimiento de la democrática Constitución de Cádiz, en el mes de marzo de 1820: la más criminal traición, la más vergonzosa cobardía, el desacato más horrendo a mi real persona, y la violencia más inevitable fueron los elementos empleados para variar esencialmente el Gobierno paternal de mis reinos en un Código democrático, origen fecundo de desastres y desgracias.”

No entra dentro de nuestros propósitos historiar detalladamente el levantamiento y guerra nacionales contra la invasión napoleónica, porque para establecer sus premisas habría que remontar hasta mediados del siglo XVIII, en que comienzan a operarse decisivas transformaciones de la sociedad española, pero sí quisiéramos hacer, a manera de punto de partida, un balance de aquel período intenso de la Historia de España.

Era España, a comienzos del siglo XIX, un país que vivía dentro de los moldes de lo que se ha llamado “viejo régimen” o sea; un país eminentemente agrario, dominado por la gran propiedad rústica y los señoríos, en que la nobleza y la Iglesia detentaban la mayoría de las fuentes de riqueza. Los vestigios feudales (aún hoy) eran tan acusados, que en multitud de casos la propiedad de las tierras llevaba aparejada la potestad sobre los habitantes de pueblos y tierras.

En los campos existían verdaderas relaciones de vasallaje. En las tierras de señorío los nobles tenían derecho a nombrar corregidores, alcaldes mayores, justicia, bailíos, regidores y demás funcionarios municipales. Había lugares, en que los “señores” aún eran denominados de “horca y cuchillo”. Éstos gozaban del monopolio de hornos, molinos, caza, pesca, aprovechamiento de montes y aguas; percibían tributos y servicios como el laudemio, el 10% de las ventas de inmuebles, un porcentaje sobre las recolecciones, de tributos de siega y vendimia y derecho de tránsito de los ganados.

Caracterizando esa situación, Olivar Bertrand, en su libro por tantos conceptos interesantes. Así cayó Isabel II, dice:

“Frente a los labriegos, de humana y superior dignidad, se destacaban zánganos, algunos con blasones nobiliarios, que nada producían, pero que todo ‘lo consumían viajando, viajando sin cesar, en pos de un barniz cosmopolita, híbrido, apátrida e infecundo”.

Y cita las palabras del conde de San Juan en el Congreso:

“¿Qué hacen, en general, la mayor parte de los grandes propietarios de España, en los momentos de crisis para sus derechos, cuando quizá se aproxima la hora del combate, qué hacen? Corren ansiosos a visitar las capitales de Europa, mientras no conocen los límites de sus heredades.”

Claro que esos propietarios contaban, para cuando llegase “la hora del combate”, con la Guardia civil, y si esto no bastaba, con el Ejército.

El régimen de mayorazgos (que hacía transmitir la propiedad al primogénito de cada familia) reforzaba la concentración de la propiedad agraria. En 1798 se había autorizado la venta de mayorazgos, pero a condición de invertir el producto en bonos del Tesoro público.

En regiones como Galicia, los foros absorbían hasta el 75% del producto de las tierras. En las márgenes del Duero, ciertos mayorazgos y conventos tenían derecho a utilización de aguas que impedían la navegación.

Únase a eso el régimen de aduanas interiores, la multiplicidad de impuestos indirectos, la pluralidad de monedas en curso, etcétera, para formarse idea de cuánto distaba España de las fronteras de la Edad moderna.

En esa sociedad, el poder de la Iglesia en el orden material era de primerísima importancia: miembros del clero, familiares de la Inquisición, frailes y monjas repartidos en conventos (sin contar los que regentaban hospitales, prisiones, hospicios, etcétera) daban un porcentaje de un religioso por cada 50 habitantes, el más elevado de Europa, con excepción de Portugal. Se ha calculado que los ingresos del clero al comenzar el siglo XX entre rentas territoriales y urbanas, diezmos y primicias, casuales, derechos de estola y pie de altar alcanzaban la suma de 1.042.000.000 de reales (de aquella época) por año. Moreau de Jonnès ha llegado a decir que “la parte del clero en la fortuna pública igualaba por lo menos a la mitad del producto neto de tierras y edificios en toda España”.

Otro factor esencial de la realidad material española era la existencia del imperio colonial americano. Desde 1778 había desaparecido el monopolio del puerto de Cádiz para el comercio colonial, lo que, sin restar fuerza a la ciudad gaditana, favoreció a otros puertos del país, sobre todo Barcelona y a los del norte, ayudando al desarrollo de una burguesía comercial que, más tarde, podrá realizar inversiones en la industria nacional. Sin embargo, España no estaba en condiciones de exportar a sus colonias lo que éstas necesitaban. Como ha dicho José Carlos Mariátegui: “El Imperio español tramontaba por no reposar sino sobre bases militares y políticas y, sobre todo, por representar a una economía superada. España no podía abastecer abundantemente a sus colonias sino de eclesiásticos, doctores y nobles”.

Desgraciadamente, en España, la política que se tiene por seria y formal es la política de los militares, y se estima como la superior prenda de hombre de Estado el ser capitán general del Ejército. No habría ciertamente ningún español tan cándido que, por mucha virtud que tuviera y por alta que fuera su inteligencia, lo creyesen un político tan serio y respetable, y sobre todo, temible, como un capitán general del ejército.

Esa España con sus castas terratenientes fuertes, su burguesía industrial incipiente y ansiosa de ganancia, la clase obrera y los trabajadores del campo sumamente explotados y gran pervivencia de profesiones artesanas y de pequeño comercio, entraba en un período de crisis revolucionaria. Ninguna de esas clases sociales podía obtener el Poder, momentáneamente, contra las otras. Se trataba de saber qué alianzas se iban a operar, cómo iban actuar los partidos políticos y las ideas sobre los hombres para transformar España en un país moderno o para que siguiera siendo un raro muestrario de supervivencias medievales.

—En septiembre de 1847 aparece el primer número de la Revista Comunista. Donde aparece un comentario dedicado a España que dice:

“Gran escándalo en la Corte de España. La joven reina Isabel II, (desvergonzada y trota calles como su abuela María Luisa de Parma) a quien el viejo reclutador de París (Luis Felipe) ha impuesto como esposo a un ser sin virilidad, (Francisco de Asís) trata de compensarse con amantes vigorosos, y como sus ministros no la autorizan para ello amenaza con abdicar. Las cajas del Estado están vacías, cuadrillas de bandidos recorren el país, el comercio y los negocios sufren un marasmo. ¿Cuánto tiempo se dejará maltratar aún más el pueblo español por los borbones?”

Se fue el siglo XIX y XX, pero no para sumirse en el olvido como algunos frívolos de la inteligencia hubieran deseado. Si Cádiz y 1820, la desamortización y 1868 habían sido superados por el acaecer histórico, su problemática no había sido resuelta. Los temas que el siglo XIX les había propuesto no encontraron respuesta sino en los debates políticos, en los programas y en realizaciones frustradas o incompletas, de manera que estaban aún en pie al entrar en el siglo XX. Pero como la Historia es implacable, eran violentamente atropellados por los temas y problemas de ese tiempo de verdad. Y así vino el prohombre financiero cuando el señor de haciendas y casi de vidas estaba lejos de desaparecer. Y el socialismo se adueñó de las conciencias de unos, mientras otros pretendían la invulnerabilidad de estructuras caducas desde hacía siglos. Así entro la España tremenda y desgarrada del siglo XXI, con desgarraduras del anterior por haber faltado a la cita que en él le dio la historia. Y hay más; ni una sola de las fuerzas operantes en ese tiempo deja de estar enraizada en el siglo precedente. La España del siglo XIX y XX es la madre de la España contemporánea y sólo quien pretenda soslayar la misión española de este tiempo puede hurtar el cuerpo a ese choque cordial con casi dos centurias comenzada en el Parque de Monteleón, en Bailen y en la Isla de León. En el siglo XXI, tradición y progreso no se encastillaran en banderías. España tiene que acudir a la cita de la Historia.

El sistema borbónico de centralización de la administración, con sus intendentes y corregidores, no había quebrantado, sino más bien consolidado, el régimen de fragmentación medieval de España.
Cito a Don Miguel de Unamuno: Que gran cosa sería que Simón Bolívar nos libertara a nosotros los españoles.

¡Viva la tercera República Española y Socialista!

¡Chávez Vive, la Lucha sigue!

¡Patria Socialista o Muerte!

¡Venceremos!