Esta semana se confirmó la destitución -e inhabilitación por quince años- para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Lo dispuso la Procuraduría de Colombia, negando la recusación antepuesta por el dirigente penalizado –cuyo “delito” fue dar marcha atrás al negocio privado con la basura en la ciudad-. Hace sólo meses, el mismo Procurador, Alejandro Ordoñez, había dispuesto la inhabilitación política de la ex senadora y defensora de DDHH Piedad Córdoba. ¿Cuál es el espacio para la oposición política en Colombia tras estos hechos? ¿Qué hará Juan Manuel Santos?
El escritor uruguayo Eduardo Galeano ironizó en varias ocasiones con las críticas por “ausencia de democracia” que se daban hacia la Venezuela Bolivariana: así, afirmaba que estábamos ante una “extraña dictadura”, parodiando a medios masivos de comunicación que, poniendo un supuesto reparo en el normal funcionamiento de las instituciones venezolanas, no informaban sobre la abrumadora mayoría de elecciones que el chavismo había ganado limpiamente -18 sobre 19 en juego, en sólo 14 años-.
Reversionando esa explicación del autor de “La Venas Abiertas de América Latina”, podríamos afirmar que Colombia es, en nuestros días, una “extraña democracia”, donde una vocación mayoritaria expresada en las urnas puede ser rebatida con tan sólo una sentencia de la Procuraduría de la nación. Este cuadro es paradójico para un Estado que, a través de su gobierno, ha afirmado que en los “Diálogos de Paz” de La Habana se han acordado amplias libertades políticas para hacer oposición en el país. Incluso la reciente detención del dirigente de Marcha Patriótica Francisco Toloza parece desmentir estas “libertades”, anunciadas con bombos y platillos ante la opinión pública internacional.
El “monopolio público” como “delito”.
El fallo definitivo de la destitución de Gustavo Petro es elocuente: la acusación de Ordóñez es que el “delito” del alcalde fue intentar imponer un “monopolio público” de la limpieza de basura en la ciudad. El fallo condena explícitamente la violación, de parte de Petro, de la “libre competencia” en el rubro. Es decir, se culpa a Petro por dotar al Estado –en este caso la alcaldía de Bogotá- de herramientas propias en la ejecución de políticas públicas tan sensibles a la cotidianeidad como los servicios de recolección de basura.
La decisión de Ordóñez va a contrapelo de las múltiples estatizaciones en diversos rubros que se han dado en nuestro continente en la última década, a través de la oleada de gobiernos posneoliberales que supieron cuestionar –en mayor o menor grado- la hegemonía “privatista” en la educación, la salud, el transporte, la electricidad, entre otros.
La movilización es de Petro. La última decisión, ¿de Santos?
Conocida la noticia, Petro desafío a la Procuraduría a que sean los bogotanos quien decidan sobre su continuidad, a través del referéndum que ya había sido convocado para el 2 de marzo próximo. Incluso defendió públicamente su política, al preguntarse irónicamente -ante una multitud reunida en la Plaza Bolívar- si “¿es una irregularidad un ahorro de 50.619 millones de pesos que dejaron de ir a operadores privados?”. La jugada de Petro es audaz, pero no ilógica: cuenta con la ventaja de diversas encuestas que han medido la solidaridad de los bogotanos con él frente al avance del Procurador -ubicando alrededor del 60% el descontento ante esta decisión, con el 50% de imagen favorable para el alcalde-. Por ello ha llamado a una “movilización permanente”, alentando a los colectivos políticos y sociales a reunirse en la Plaza Bolívar en defensa de su gobierno, recordando que su decisión es “gobernar hasta el 31 de diciembre de 2015, porque aquí el voto se respeta”.
Sin embargo, hay un elemento más para tomar en cuenta: ocurre que, hasta el momento de escribir estas líneas, Juan Manuel Santos todavía no había firmado el decreto que deja en firme el fallo de la Procuradoría. Hay que recordar que, para que Petro efectivamente abandone el cargo y entre en vigencia su habilitación, es condición necesaria la firma del Presidente. A sabiendas de estos sondeos, una “salida elegante” para Santos podría ser dejar que las urnas se expresen el 2 de marzo próximo, para no pagar costos políticos de “poner la firma” en tamaña decisión.
¿Aceptará Santos interponerse ante la decisión de la Procuradoría, y dejar que el pueblo de Bogotá pueda expresarse libremente a través del voto? ¿O preferirá correr el riesgo de aceptar la decisión del Procurador e intentar que sea este el que canalice el descontento popular ante la medida? Los próximos días serán cruciales para saber cual es el destino de Gustavo Petro al frente de la alcaldía de Bogotá.
*Licenciado en Ciencia Política UBA Investigador del Centro Cultural de la Cooperación
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