Los alineamientos geopolíticos en América Latina están condicionados por la acción de Estados Unidos, que reforzó su presencia en Centroamérica y mantuvo gravitación en Sudamérica.

COERCIÓN PARA RECUPERAR HEGEMONÍA

La primera potencia mantiene su influencia desplegando fuerzas militares. El Comando Sur de Miami que supervisa este control, cuenta con más personal civil dedicado a Latinoamérica, que todos los departamentos asignados a la misma zona en Washington.

Esta preeminencia del Pentágono se acentuó con la instalación de siete bases de gran alcance en Colombia. En ese país impera desde hace décadas el terrorismo de estado, el asesinato de sindicalistas y el desplazamiento forzoso de campesinos.

La CIA, la DEA y otras agencias secretas participan también en forma activa en la guerra social que ya dejó más de 60.000 muertos en México. Han aprovechado este conflicto para diseñar planes de militarización (Aspan 2005, Mérida 2007), intervenir en la modernización del ejército e influir en el dictado de leyes contra-insurgentes. Incluso han negociado con los Carteles a espaldas de las autoridades locales. Inspiraron, además, la ideología del miedo que se utiliza para justificar la acción cotidiana de los gendarmes.

Esta injerencia se desarrolla bajo un estandarte hipócrita de lucha contra las drogas, que encubre el rol protagónico de Estados Unidos como mercado y refugio financiero del narcotráfico. En los bancos de ese país se lava el 70% del dinero generado por ese negocio. Bajo vigilancia norteamericana, Colombia persiste como el principal productor regional y Perú aumentó su plantío en un 55% en la última década².

La misma presencia yanqui se verifica en la guerra contra las bandas delictivas de Centroamérica (maras). Su persecución es esgrimida para atropellar a los pobres y apañar ejecuciones en los barrios carenciados. También en las posesiones coloniales del Caribe, el Pentágono multiplicó sus instalaciones militares (Islas Vírgenes, Puerto Rico), en estrecha asociación con Holanda (Curazao) y Francia (Martinica).

Cualquiera de estos hechos desmiente la ingenua creencia en la “pérdida de interés estadounidense por América Latina” o en el inminente “abandono de la doctrina Monroe”. Existe un llamativo divorcio entre esa sensación de repliegue y la creciente presencia imperial en toda la zona.

Desde el embarque de la IV Flota (disuelta en 1950 y reinstalada en el 2008), el total de militares latinoamericanos entrenados por el Pentágono superó el promedio de las décadas precedentes (195.807 efectivos en 1999-2011). La asistencia militar-policial involucra altísimas sumas (6.821 millones de dólares en 2009-2013) y se incrementaron los tratados para compartir información sensible. Estados Unidos mantiene desplegados 4000 uniformados en forma permanente para acciones de emergencia. Sus drones operan sin ninguna restricción en todo el hemisferio³.

La función geopolítica central de América Latina para el imperio no ha cambiado y el manejo de esa supremacía con instrumentos de coerción y consenso, tampoco se ha modificado. Esa estrategia siempre implicó una complementación bipartidista del garrote (Eisenhower, Reagan, Bush I y II) con la zanahoria (Clinton, Carter), sin rígidas distinciones entre Republicanos y Demócratas. Como Obama necesita reorganizar drásticamente las formas de intervención retoma la tradición afable. Recompone paulatinamente esta injerencia, enmendando el lastre que dejaron las infructuosas guerras de Bush.

El margen de acción directa de los marines ha quedado recortado en América Latina desde el fracaso del ALCA, el declive de la OEA y la irrupción de organismos distanciados del mandato imperial (UNASUR, CELAC). La embajada yanqui ha perdido peso en varios países de Sudamérica, el espionaje genera inéditas protestas y dos denunciantes de esas actividades han recibido ofertas de asilo en la región (Snowden por parte de Venezuela y Assange de Ecuador). El intento yanqui de penalizar estas reacciones con la “retención” en vuelo del presidente de Bolivia no dio ningún resultado.

Tal como ocurrió en los 70, Obama intenta restablecer la capacidad de acción de Estados Unidos. Repite el sendero que transitó Carter para atemperar los efectos de Vietnam y Watergate. Estados Unidos procesa esta adversidad, con los recursos de la única potencia que ejercita la custodia del capital a escala global. Esa supremacía militar le otorga una gran ventaja sobre sus competidores europeos y asiáticos.

ESTRATEGIAS Y RIVALES

Los recursos naturales del Sur son la prioridad de las empresas del Norte. El imperio apetece los minerales, el petrolero, el agua y los bosques de América Latina. El Departamento de Estado tiene mapeadas estas reservas y atesora datos ignorados por el resto del hemisferio. No por casualidad el 98% de las comunicaciones de la región pasan por algún centro informático estadounidense.

El interés económico de la primera potencia por el resto del hemisferio no ha decaído. Se mantiene al tope en el ranking de inversores externos de la región y en el 2012 esas colocaciones fueron cinco veces superiores al quinquenio precedente. Las exportaciones al mismo destino crecen por encima de las ventas a otras zonas⁴.

Pero este terreno no está exento de competidores. Durante los años 80 y 90 Europa incrementó su presencia en la región a través de España. El ingreso de ese país al euro y la internacionalización de sus empresas condujeron a un inédito aumento de las empresas hispanas en sus antiguas colonias. Durante el boom de las privatizaciones, esa inversión se situó incluso por delante de Estados Unidos.

Pero el futuro de España en la zona es una incógnita. Latinoamérica ha sido la tabla de salvación de muchas compañías ibéricas desde el estallido de la crisis global. Financiaron sus desbalances con transferencias de las filiales situadas en el Nuevo Continente. Pero este rescate se ha combinado con cambios de propiedad en los paquetes accionarios y nadie sabe quién terminará manejando esas compañías.

Europa continúa negociando tratados de libre comercio con la región, pero la expectativa de una gran mercado iberoamericano se está diluyendo. Los mandantes del Viejo Continente disputan negocios, pero no la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio.

El desafío que introduce China presenta otro alcance. En la última década el gigante asiático se convirtió en el gran mercado de las materias primas exportadas por la región. Absorbe el 40% de esas ventas y algunas estimaciones consideran que cada punto de incremento del PBI chino arrastra un 0,4% de su equivalente latinoamericano.

También las inversiones de la potencia oriental se expanden en forma vertiginosa. Subieron de 15.000 millones de dólares (2000) a 200.000 (2012) y llegarían a 400.000 (en 2017). China se está convirtiendo en una gran fuente de crédito. Entre el 2005 y el 2011 concedió préstamos por más de 75.000 millones de dólares, superando los montos otorgados por Estados Unidos o el Banco Mundial⁵.

Aunque esos préstamos se negocian en mejores condiciones, su principal destino son proyectos de minería, energía o commodities, que afianzan la especialización latinoamericana en la provisión de insumos básicos.

China introduce una amenaza comercial a la supremacía estadounidense. Pero al igual que Europa no aspira al control geopolítico de la región. Hay rivalidad económica, sin consecuencias político-militares a la vista.

Incluso llama la atención la aceptación yanqui de la presencia oriental en áreas vedadas. Hay empresas chinas en Panamá y la construcción de un nuevo canal, que atravesaría Nicaragua ha sido adjudicada a constructores de ese origen, sin desatar la reacción del Departamento de Estado. Esa tolerancia ilustra el interés que también tienen las compañías estadounidenses en la ampliación de las transacciones marítimas con Oriente.

LA CONTRAOFENSIVA DEL PACIFICO

La estrategia económica estadounidense gira en torno a los tratados de libre comercio. De los 20 acuerdos de este tipo que ha suscripto en todo el mundo, la mitad se localiza en la región. Con el ALCA aspiraban a forjar un gran mercado sin barreras para las compañías del Norte. Pero ese proyecto fracasó en el 2005 por la resistencia que desplegaron varios países. No se pudo concretar el gran bazar que promovía Washington para manejar las exportaciones desde Alaska a Tierra del Fuego.

Estados Unidos comenzó a suscribir convenios bilaterales para reemplazar el fallido acuerdo hemisférico y ahora ensaya otro paso con la constitución de la Alianza del Pacífico. Motoriza esta iniciativa mediante giras presidenciales y promesas de todo tipo. Ya concretó un bloque con Perú, México, Chile y Colombia, se apresta a sumar a Panamá y Costa Rica y tienta a Uruguay y Paraguay con el status de observadores⁶.

Los tratados buscan incrementar las ventas estadounidenses a mercados que se tornan cautivos, a medida que la apertura arancelaria destruye la competitividad local. También refuerzan el patrón de especialización minero-petrolera de América Latina, para asegurar el abastecimiento de insumos básicos a las empresas yanquis.

El proyecto apunta, además, a la triangulación mundial. Está concebido como un puente con los dos convenios gigantescos que la primera potencia promueve con 28 naciones de la Unión Europea (Tratado de Sociedad Transatlántica de Comercio e inversión, TTIP) y con 11 países asiáticos (Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP). Estos acuerdos se amoldan a las necesidades de las empresas más globalizadas, que fabrican en distintas localizaciones y lucran con la movilidad de capitales y mercancías.

En el plano geopolítico la Alianza del Pacífico busca neutralizar cualquier proyecto de autonomía latinoamericana. Por eso se ha sustituido la suscripción dispersa de los TLC por un plan articulado de bloque regional.

México es el ejemplo más avanzado de esa estrategia. En dos décadas de vigencia del NAFTA, el país se ha transformado en una plataforma de petróleo y maquilas para el mercado estadounidense. Los neoliberales celebran esta asimilación difundiendo inverosímiles imágenes de progreso, que ocultan la desarticulación de la economía azteca⁷.

La industria que México forjó durante la sustitución de importaciones ha quedado desmantelada. Por cada dólar que se exporta a Estados Unidos hay cuarenta centavos de importaciones del comprador. Esta atadura supera a Canadá y presupone un sometimiento absoluto. La formalidad de un tratado tripartito oculta una sociedad entre dos poderosos que subordinan al integrante latino. México vende el 90% de sus productos a su vecino, tiene sus riquezas naturales atadas a ese mercado y drena mano de obra para realizar trabajos descalificados al otro lado de la frontera⁸.

Esta dependencia extingue la autonomía de política exterior que exhibía México en los años 60, cuando mantenía relaciones diplomáticas con Cuba desafiando al resto del continente. Esa actitud ha quedado demolida con el NAFTA, que impera borrando la memoria de la enorme confiscación territorial que Estados Unidos le impuso a su vecino durante el siglo XIX.

La alta burguesía mexicana participa del acuerdo con el Norte ampliando sus propios sus negocios. Ha desarrolla grandes compañías internacionalizadas y comparte con sus pares brasileños el tope del ranking regional. De las 100 principales empresas locales de la región ese binomio aglutina no sólo 85, sino también 35 de las 50 más rentables. El peso de Cemex, Alfa, Modelo, Telmex o Bimbo es tan relevante, como el poder logrado por Slim, que se ha ubicado en la crema de los multimillonarios globales⁹.

Aquí radica la gran diferencia con los pequeños países centroamericanos. Ese pelotón no incluye economías medianas, ni semi-periféricas y cuenta con pocos grupos capitalistas integrados a los grandes negocios. En lugar de gestar un imperio Slim, la insignificante burguesía hondureña recrea la trayectoria de las elites del banano y sus pares de Panamá se limitan a lucrar con la intermediación del canal o el comercio en las zonas francas.

LAS VARIANTES DE LA DERECHA

La mayoría de los gobiernos que participan en el bloque del Pacífico presentan un cariz derechista. Esta correspondencia no es casual. Están subordinados a Estados Unidos, incentivan la militarización y se amoldan a la etapa neoliberal.

Los dos sexenios del PAN (2000-12) y la nueva presidencia del PRI en México son ejemplos de esta congruencia. Peña Nieto combinó viejas prácticas de manipulación electoral con el sostén mediático de Televisa para llegar a la primera magistratura. Se dispone a implementar la agenda de contrarreformas que exige la clase dominante en el plano energético, fiscal y educativo.

Para privatizar PEMEX ya derogó la enmienda constitucional que impide celebrar contratos con empresas privadas. Destruye la compañía nacionalizada que simboliza la gesta del Cardenismo. Con un incremento del IVA buscará financiar la eventual caída de ingresos fiscales que generaría esa entrega. También encarece el transporte público, desarticula el sector eléctrico y avasalla los derechos de la docencia¹⁰.

Colombia es un segundo caso de estrecha asociación entre gobiernos derechistas y adscripciones librecambistas. Aquí el alineamiento político-militar con Estados Unidos fue determinante para el liderazgo reaccionario que encarnó Uribe. Aterrorizó a los campesinos, preservó los privilegios de los latifundistas, facilitó la violencia de los paramilitares y renovó la ideología anticomunista del Pentágono.

Su sucesor Santos persigue los mismos objetivos, pero reinició las fallidas negociaciones de 1982-86 y 1998-2002 con la insurgencia. En una sociedad más urbanizada, con clases dominantes embarcadas en ampliar la frontera de la minería y agro-negocio, el fin de las hostilidades es la llave de nuevas inversiones. Pero los viejos hacendados se oponen y el gobierno juega a dos puntas: mantiene la represión y negocia un acuerdo que convalide la concentración de tierras, perpetrada con desplazamientos y destrucciones comunitarias.

Chile constituye el tercer ejemplo de la misma conexión entre tratados de libre comercio y regímenes derechistas. Allí ambos procesos se recrearon mediante la Constitución Pinochetista, que ratificaron los demócrata-cristianos y socialdemócratas convertidos al credo neoliberal. La Concertación garantizó los privilegios del ejército (10% de las utilidades de la empresa estatal de cobre), un nivel de desigualdad superior al promedio regional y un agobiante sistema de endeudamiento personal, para acceder a la educación superior. El período pos-dictatorial ha estado signado por la represión, la pobreza y la baja sindicalización¹¹.

En su segundo mandato Bachelet promete hacer lo que omitió en su gobierno anterior. Afirma que limitará la privatización de la educación y ampliará la participación estatal en un sistema de pensiones privadas que otorga jubilaciones ínfimas. Pero la enorme abstención que rodeó a su triunfo electoral (59% del padrón), ilustra la desconfianza que existe en la concreción de esas medidas. Cualquier paso estará sujeto al filtro restrictivo de la Constitución.

También Perú ha permanecido alineado con el bloque libre-cambista-derechista. El presidente actual (Ollanta Humala) retoma la trayectoria de gobiernos explícitamente neoliberales (Toledo) o de origen nacionalista (Alan García), que redoblaron la represión para expandir la mega-minería. Sus promesas progresistas se diluyeron al acceder a la presidencia. Apalea movilizaciones sociales, congela salarios y viola derechos laborales. Incorporó oscuros personajes a su gestión y autorizó la presencia masiva de militares estadounidenses. Su comportamiento retrata un caso mayúsculo de travestismo político.

Los condicionamientos políticos que generan los TLC tienen un alcance abrumador en los pequeños países de Centroamérica. Estas repúblicas arrastran una historia de sometimiento al poder estadounidense que se ha renovado con las remesas y la emigración. Los presidentes privatizadores de Panamá, Guatemala o Costa Rica han reforzado esa dependencia hasta extremos inéditos.

GOLPISMO INSTITUCIONAL

La derecha ha logrado reciclar su preeminencia en el bloque pro-norteamericano a través de sucesivos comicios. Estas votaciones no amenazan los privilegios de los acaudalados, ni implican un ejercicio real de la democracia. En los pocos casos de mandatarios electos que atemorizaron a las minorías poderosas volvió a irrumpir el golpismo, esta vez con disfraz institucional. Las asonadas fueron propiciadas por el Parlamento, los medios de comunicación y la embajada estadounidense. Tres casos ilustran esta modalidad.

El presidente Aristide de Haití fue capturado y expatriado en el 2004 y las presidencias posteriores quedaron en manos de personajes permeables a los intereses de las fuerzas de ocupación extranjeras (MINUSTAH). Con esta cobertura las empresas foráneas han lucrado con la tragedia humanitaria que afronta la isla luego del terremoto. Realizaron grandes negocios con la simple remoción de escombros. El peligro de hambruna sobrevuela siempre a un país que en 1972 se autoabastecía de alimentos y ahora importa el 82% de su principal consumo (arroz).

Los gendarmes extranjeros introdujeron, además, una epidemia de cólera que produjo 7.000 muertos. Apañan las violaciones que soportan los haitianos en la frontera con República Dominicana y desprotegen a la población frente a la criminalidad del narcotráfico. Se estima que el 12% de la cocaína ingresada a Estados Unidos pasa por Haití¹².

En Paraguay bastó la introducción de algunos tibios cambios para desatar en el 2012 la reacción macartista contra el presidente Lugo. Armaron una farsa parlamentaria y consumaron en pocos días la acción destituyente. El mandatario que asumió posteriormente (Cartes) está muy involucrado con el narcotráfico y el contrabando.

En Honduras el golpe fue perpetrado para sepultar las reformas y la política externa autónoma de Zelaya. Luego de un record de asesinatos consumaron un fraude, comprando votos, vendiendo credenciales y manipulando actas para impedir el triunfo de la coalición opositora¹³.

La derecha también intentó golpes fallidos contra Chávez (putch petrolero), Morales (ensayo de secesión territorial) y Correa (levantamiento policial). Estos fracasos demostraron los límites que afronta el proyecto reaccionario a escala regional. Por eso sus ideólogos conservadores suelen transmitir más desencanto que satisfacción¹⁴.

Esa frustración aumentó con el primer año del nuevo Papa, que es un importante actor de la política regional. La derecha percibe que no habrá repetición latinoamericana de la cruzada desplegada por Juan Pablo II en Europa Oriental durante los años 80. Francisco tiene olfato político y capta la inexistencia de condiciones para reproducir esa acción. Por eso difunde mensajes alejados de la retórica convencional. Antes de adoptar cualquier estrategia de política exterior debe atenuar el descalabro de corrupción, pedofilia y pérdida de fieles que soporta la Iglesia.

LA AMBIVALENCIA DE BRASIL

La continuada gravitación militar de Estados Unidos, la contraofensiva librecambista del Tratado del Pacífico, la variedad de gobiernos derechistas y complementos golpistas determinan un escenario ajeno a la tesis pos-liberal. En ese segmento se verifica una nítida continuidad del neoliberalismo. Si ese bloque constituyera el único escenario de la región confirmaría la vigencia de un “consenso de commodities”.

Pero la complejidad de Latinoamérica radica en la coexistencia de esa articulación con un segundo eje geopolítico liderado por Brasil. Este segmento alienta el regionalismo capitalista con estrategias político-económicas más autónomas. El país que encabeza esta estrategia alcanzó un PBI de 2,4 billones de dólares en 2011 y se ubica en el tope de las economías latinoamericanas. Cuenta con 14 multinacionales de proyección global y motoriza inversiones externas en función de un plan estratégico (IIRSA) con financiación estatal (BNDES).

Este papel de Brasil tiene raíces en la historia del país que preservó dimensiones continentales. A diferencia de Hispanoamérica, su conformación nacional no estuvo acompañada de fracturas territoriales. En la segunda mitad del siglo XX se convirtió en una economía mediana, con mercados internos más extendidos y cierta diversidad exportadora.

Estas características tipifican un status semiperiférico. El lugar de Brasil en la división internacional del trabajo tiene más parecidos con España que con Nicaragua o Ecuador. Se ubica en un espacio intermedio entre las grandes potencias y la periferia relegada.

El mantenimiento de esta posición exige exhibición de poder. Brasil moderniza su ejército, ensaya intermediaciones en conflictos alejados (Medio Oriente, Irán, África) y ambiciona el mismo asiento permanente en el Consejo de Seguridad que otras sub-potencias. Ninguna otra nación latinoamericana intenta jugar a ese nivel.

Pero al mismo tiempo, Brasil amolda su política exterior al logro de cierta coordinación hegemónica con Estados Unidos. Por un lado, protege militarmente la Amazonía de las 23 bases que maneja el Pentágono en la zona. Y por otra parte, comanda la ocupación de Haití en total sintonía con el Departamento de Estado. Sus empresas participan en el negocio de reconstruir la isla, alientan la creación de zonas francas y disputan privilegios de exportación.

La dualidad de la política exterior brasileña tiene incontables manifestaciones. Dilma evitó participar en la cumbre regional de repudio al atropello yanqui-europeo contra el avión presidencial de Bolivia, pero también canceló una visita de estado con Obama para protestar por el descarado espionaje de la CIA.

Este camino intermedio fue ratificado recientemente con la decisión de sustituir la compra de aviones militares estadounidenses por unidades de Suecia. Se evitó el choque frontal que hubiera implicado la adquisición de modelos rusos o chinos y se optó por un equipamiento escandinavo, que incluye componentes de empresas norteamericanas¹⁵.

El mismo péndulo ha seguido la diplomacia de Itamaraty en la última década. Durante el 2003-2011 predominó el distanciamiento hacia Estados Unidos y en el 2011-2013 prevaleció un gran acercamiento, que en los últimos meses parece concluido.

Brasil oscila sin poder imitar a otras sub-potencias que detentan arsenales atómicos (como Rusia o India) o despliegan efectivos en su radio de influencia (Turquía). Intenta forjar su propio espacio, instalando un colchón que atempere las presiones estadounidenses sin confrontar con la primera potencia. No promueve rupturas con el imperio, ni tampoco acepta la subordinación neocolonial al mandato yanqui.

MERCOSUR Y UNASUR

Brasil promueve con Argentina la creación de un área comercial con gran participación de las empresas extranjeras, pero estructura arancelaria propia. El MERCOSUR pretende actuar como una asociación unificada en las negociaciones con otros bloques.

Pero este proyecto no ha podido avanzar a lo largo de dos décadas. Mientras Estados Unidos impulsa la iniciativa con la Alianza del Pacífico, el MERCOSUR navega sin rumbo. Rehúye iniciativas y sobrevive en el estancamiento.

La asociación no ha concretado ningún paso hacia la coordinación macroeconómica. El divorcio de monedas, tipos de cambios y políticas fiscales entre sus integrantes es mayúsculo. No existen propuestas para reducir las asimetrías entre países, y como la industria retrocede, tampoco hay planes de coordinación fabril o utilización compartida de la renta exportadora.

Los miembros del MERCOSUR comercializan los mismos productos e individualmente priorizan la soja y la mega-minería. Este último sector absorbió, por ejemplo, en el 2012 el 51% de las inversiones externas.

La parálisis actual recrea viejos conflictos entre Argentina y Brasil, en torno a normas arancelarias y restricciones cambiarias. Las inversiones se suspenden (Minera Vale en Argentina) y los proyectos se posponen (ferrocarril). En estas condiciones, Paraguay y Uruguay mantienen abierta la posibilidad de tramitar sus propios TLC, quebrando la cohesión del MERCOSUR¹⁶.

Las indefiniciones de Brasil sofocan a la asociación. Ese país tiene más convenios fuera del área que dentro de Sudamérica y no quiere institucionalizar acuerdos regionales que obstruyan su multilateralismo. Intenta mantener una doble inserción como exportador de productos básicos al resto del mundo y como abastecedor de mercancías elaboradas para sus vecinos. Pero cualquier iniciativa en el primer terreno afecta la expansión del segundo y viceversa.

Una integración productiva sudamericana con fondos regionales de estabilización cambiaria, moneda común y financiación del Banco del Sur, obligaría a Brasil a concentrar inversiones en la zona, en desmedro de su proyección internacional propia. A una escala inferior esta misma tensión entre prioridades regionales y globales se verifica en Argentina, que tiene distribuidas sus exportaciones por todos los continentes.

Las tendencias disolventes se acrecientan, además, a la hora de negociar tratados con otros bloques. La Unión Europea propicia un acuerdo de libre-comercio que privilegia las exportaciones del Viejo Continente, sin atenuar el proteccionismo agrícola que limita las ventas sudamericanas. Los europeos suelen tentar con ofertas unilaterales a funcionarios de todos gobiernos para que acepten un acuerdo a espaldas del resto¹⁷.

El estancamiento del MERCOSUR contrasta con el intenso activismo geopolítico que ha desplegado el bloque sudamericano en los últimos años. Nunca hubo tantas reuniones presidenciales, ni eventos compartidos por los mandatarios de la región. Esta frecuencia contrasta, por ejemplo, con el declive de las Cumbres Iberoamericanas.

La nueva centralidad regional surgió de acciones conjuntas del Grupo Rio (2010), que alumbraron la UNASUR y luego la CELAC (2011-2013). Al asignar la presidencia rotativa de ese organismo a Cuba se concretó un fuerte desafío a la OEA. También frente al golpe que desplazó a Lugo hubo rápidas respuestas. El MERCOSUR suspendió a Paraguay y aceleró el ingreso de Venezuela a la asociación.

Pero especialmente UNASUR es un conglomerado muy heterogéneo y Estados Unidos presiona a través de sus socios. En el organismo participan varios países de la Alianza del Pacífico que albergan marines en su territorio.

El bloque sudamericano carecerá de consistencia mientras Brasil se mantenga a mitad de camino. Busca sostén para sus aspiraciones, mientras frena todas las iniciativas de integración. Pero a la larga resultará imposible liderar un proyecto sin cargar con los costos de su concreción. Estas contradicciones se han reforzado en los últimos años, con los privilegios acordados a la agro-exportación, en competencia con los aliados sudamericanos y en desmedro de la industria.

La opción brasileña por la soja afecta localmente, además, la variedad de cultivos de la era cafetalera e incrementa la tradicional concentración de la tierra. Sólo el 10% de los propietarios controlan el 85% del valor total de la producción agropecuaria y 50 empresas manejan toda la comercialización. La dependencia de los fertilizantes es mayúscula. El país participa del 5% de la producción agrícola mundial, pero consume el 20% de los agroquímicos. En este marco la reforma agraria quedó totalmente detenida y 150.000 familias continúan acampando a la espera de un terreno¹⁸.

Brasil no puede encabezar la integración sudamericana repitiendo el molde de extractivismo con poca manufactura que impera en la región. Su gravitación económica justamente emergió con el esquema opuesto de expansión fabril, durante los años 60 y 70. En las últimas décadas ha retrocedido en todos los planos de la industria. La tasa de inversión (17% del PBI) fue inferior durante el ciclo expansivo reciente (2006-2011) a la media histórica y la fuerte apreciación del tipo de cambio afectó adicionalmente la competitividad.

Brasil abandonó además el cimiento energético de la hidroelectricidad, a favor de una dudosa apuesta por la explotación petrolera. Facilitó también la desnacionalización de la industria con aperturas al capital extranjero. Casi 300 empresas pasaron a control foráneo desde el 2004, con grandes ventajas para las compañías estadounidenses (3,4 veces más firmas que los franceses, alemanes y japoneses)¹⁹.

Las recientes medidas adoptadas por Dilma para apuntalar la industria con subsidios financiados por previsión social no revierten la regresión fabril. Durante la última década se apostó a la expansión del consumo sin correlato en la inversión. Más de 15 millones de brasileños viajaron por primera vez en avión y 42 millones fueron incorporados al sistema bancario. Se amplió el crédito y se recuperó el salario mínimo, pero estas mejoras coyunturales no resuelven el bache estructural en la industria²⁰.

Esta vulnerabilidad se acentúa por la gran afluencia de capitales de corto plazo, que tienden a salir del país con la misma velocidad que ingresan, en función del rendimiento financiero. Por primera vez en una década, el 2013 cerró con un peligroso déficit en los movimientos de capital que siempre atormentaron a la economía brasileña.

LOS VAIVENES DE ARGENTINA

Durante el siglo XX la economía argentina siguió etapas semejantes a Brasil con resultados opuestos. Tuvo preeminencia durante el liberalismo agro-exportador, perdió posiciones en la sustitución de importaciones y decayó brutalmente bajo la valorización financiera. Aún no se puede predecir cuál será el desemboque final del ensayo neo-desarrollista de la última década, pero la clase dominante argentina ya no disputa hegemonía con su socio mayor.

Aunque el entrelazamiento entre ambos países se afianza, el MERCOSUR es timoneado desde Brasilia. Esta supremacía obedece a condicionantes de largo plazo, derivados de las grandes diferencias en recursos naturales, demografía y territorio que existen entre ambos países. El líder cuenta con un espacio territorial cuatro veces superior a su vecino y alberga una población cinco veces mayor.

Brasil mantuvo durante el siglo XIX la unidad de su territorio original, mientras que su vecino padecía ingobernabilidad y fracturas. Pero esta asimetría no impidió la primacía de Argentina hasta la posguerra, ni la paridad entre ambos hasta los años 60. El posterior distanciamiento no puede atribuirse a la conformación histórica de ambas naciones. Obedece a procesos de la última centuria.

Algunos analistas ponen el acento en la obstrucción que impuso el lobby agrario argentino al desarrollo industrial. Otros remarcan el comportamiento rentista de la burguesía, que ha sido muy proclive a la especulación financiera y todos resaltan la herencia cultural de improductividad que legó la oligarquía vacuna.

Pero muchos estudiosos estiman que estos condicionamientos no fueron tan significativos como la ausencia de estabilidad política que singulariza a la Argentina. Esta fragilidad socavó la acción de la burocracia estatal, en contraste con la cohesión y la mayor articulación con la clase capitalista que exhibe ese estamento en Brasil.

Por otra parte, los grupos dominantes de este último país siempre tuvieron más instrumentos para neutralizar las huelgas y rebeliones, que han sido la nota dominante de los trabajadores de la primera nación. Cualquiera sea la explicación acertada de esta variedad de interpretaciones, la brecha entre ambos países ya es un dato definitivo.

Esta separación no elimina el status semiperiférico de la Argentina. El país participa en el selecto grupo de 20 naciones que discuten las prioridades del orden global. Esta presencia obedece a la relevancia que mantiene como exportador de alimentos. Se ubica en el quinto lugar de ese ranking y es un actor de peso en la definición de las regulaciones y los precios mundiales de ese sector.

Pero esta gravitación agro-exportadora ha obstruido al mismo tiempo el intento de recomposición industrial de la última década. El rebote de la gran debacle del 2001 se materializó con un gran repunte del PBI, el empleo y el consumo. Pero al concluir esa recuperación el deterioro de largo plazo ha reemergido.

Argentina afronta nuevamente las tensiones clásicas de su economía: altísima inflación, desajuste cambiario y bache fiscal, aunque sin cargar por ahora, con los niveles de endeudamiento que la empujaron a colapsos periódicos.

Este retorno al estancamiento obedece a la preservación de una economía que no remontó sus desequilibrios estructurales. Se renunció a un desarrollo productivo basado en la apropiación estatal de la renta agro-sojera y la burguesía local volvió a su costumbre de fugar capital y remarcar precios sin invertir. En estas condiciones afloran los límites de una estrategia exclusivamente basada en empujes de la demanda²¹.

CENTROIZQUIERDA CON SORPRESAS

La correspondencia actual entre el MERCOSUR y las administraciones de centro-izquierda confirma la correlación general que existe entre bloques regionales y tipos de gobierno. Pero tal como ocurre con el binomio TLC-derecha, tampoco aquí rigen estrictas sintonías.

El MERCOSUR precedió a los gobiernos actuales y tuvo una larga consolidación durante el cenit neoliberal de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Menen. Pero el regionalismo capitalista que intenta la asociación es más acorde con los gobiernos actuales, que contemporizan con los movimientos sociales y auspician políticas externas más independientes de Estados Unidos. El lulismo y el kirchnerismo constituyen dos variantes de este mismo posicionamiento, pero con grandes diferencias en la acción política.

Durante la última década, el Partido de los Trabajadores (PT) decepcionó en Brasil a quienes esperaban un gobierno afín a los asalariados. El peso de esa organización expresó la influencia alcanzada por un proletariado fuerte y concentrado, pero con escasa experiencia y capacidad para contrarrestar la asimilación al sistema burgués, que impuso el lulismo. El PT quedó integrado a la estructura de las clases dominantes y aseguró la continuidad sin imprevistos, que caracteriza al régimen político de ese país.

Este afianzamiento conservador multiplicó la despolitización, generalizó el consenso pasivo y modificó la base social del gobierno. Los sectores plebeyos de las regiones empobrecidas sustituyen a la clase obrera, las capas medias y la intelectualidad, en el sostén de la actual administración. El gobierno se ha guiado por el principio de otorgar sólo aquellas concesiones que aceptan las clases dominante. Su norma ha sido dar algo a los de abajo, sin quitar nada a los de arriba²².

Esta política genera incontables contradicciones, pero no es neutral. Es una orientación al servicio del capital con algunos rasgos de tibio reformismo. Permitió una década de estabilidad burguesa, socavando la legitimidad del proyecto obrero original y se ha mantenido concertando alianzas con la derecha y haciendo concesiones ideológicas al establishment. El lulismo ha seguido la misma trayectoria de involución que transitaron los partidos socialdemócratas.

Con ese soporte Dilma desarrolló su gestión. Pero afrontó el año pasado la sorpresiva irrupción callejera de jóvenes indignados que impusieron sus demandas. Esta enorme movilización sólo tiene dos antecedentes contemporáneos: la lucha por las directas en 1984 y por el impechment de Collor en 1992.

Las protestas iluminaron la realidad del pueblo brasileño, que sufre desigualdad en gran escala, deterioro del transporte y degradación de la educación pública. El PT quedó desorientado frente a movilizaciones que retrataron su alejamiento de la calles. Ahora la derecha buscará aprovechar este desgaste, para hacer demagogia e intentar un improbable retorno a la presidencia en el 2014.

ESCENARIOS CONTRAPUESTOS

La novedosa oleada de manifestaciones que sacudió a Brasil es un dato corriente de Argentina. El ejercicio excepcional de la política en las calles en el primer país constituye la forma habitual de acción ciudadana en el segundo. Aquí radica la principal causa del carácter divergente que asumieron dos gobiernos del mismo cuño.

Mientras que el lulismo acentuó la desmovilización durante su gestión, las continuidades de la rebelión del 2001 obligaron al kirchnerismo a gobernar con un ojo puesto en la reacción de los oprimidos.

Esta peculiar variante del peronismo se abocó inicialmente a restaurar el sistema político tradicional amenazado por la sublevación popular. Pero recompuso el poder de los privilegiados, otorgando importantes concesiones democráticas y sociales al grueso de la población. A diferencia de Lula -que se manejó en un escenario de escasas reformas y sin ninguna presión desde abajo- los Kirchner actuaron en un tembladeral. Reconstruyeron un estado colapsado, en contraste con un PT que mantuvo casi intacta la estructura transferida por Cardoso.

Esta diferencia determinó también la implementación de políticas económicas distintas. En Argentina se ensayó un esquema neo-desarrollista con creciente regulación estatal, para recomponer un mercado interno devastado. En Brasil la inicial continuidad socio-liberal fue pausadamente sustituida por acotadas medidas de intervención, tendientes a contrarrestar la erosión provocada por la ortodoxia monetarista.

El kirchnersimo encabezó un régimen asentado en el liderazgo presidencial, el arbitraje del poder ejecutivo y la influencia de organismos para-institucionales. Este molde político informal retomó ciertas modalidades neo-populistas del peronismo clásico, en contraposición al institucionalismo negociado que continuó imperando en Brasil. Por dos caminos diferentes, el kirchnerismo y el lulismo han buscado neutralizar el protagonismo de los sindicatos y la clase obrera.

Los dos gobiernos pertenecen a la misma especie de centroizquierda y han recurrido a la misma retórica progresista. Los Kirchner retomaron el proyecto de mixturar el peronismo con la variante socialdemócrata anticipada por el alfonsismo y Lula-Dilma transformaron al PT en un típico partido del orden vigente.

El kirchnerismo afronta ahora un declive, que le ha impedido a Cristina seleccionar al próximo presidente como hizo Lula con Dilma. La derecha se prepara desde el oficialismo o la oposición para liderar el recambio del 2015. Pero temen la repetición del tormentoso traspaso presidencial, que ha sido la norma en Argentina y la excepción en Brasil.

Uruguay ha transitado la década con un gobierno de centro-izquierda, más parecido a su par brasileño que a su vecino del Río de la Plata. El Frente Amplio gestionó algunas mejoras en materia de empleo, salario y pobreza, que resultaron suficientes para asegurar su preeminencia. Pero gobierna con la misma desmovilización del PT, generando el mismo tipo frustraciones, especialmente en el terreno democrático (veto a la despenalización del aborto, persistencia de la ley de amnistía).

El presidente Mugica sustituyó la vieja cultura institucionalista de la clase media por una retórica plebeya, que generó cierta identificación afectiva en una sociedad estancada por la emigración y el envejecimiento. Sostiene su popularidad en una exitosa exhibición de generosidad personal y desinterés.

Su trayectoria guerrillera ha sido utilizada, además, para legitimar la depredación de los recursos naturales, la primacía de la soja y la especulación inmobiliaria en Punta del Este. Los líderes de la coalición oficialista apuestan a un ajuste de figuras para asegurar la continuidad en la elección presidencial del 2014.

INTERROGANTES IRRESUELTOS

El escenario neoliberal uniforme de los años 90 ha quedado sustituido por un contexto geopolítico más diverso. El proyecto de regionalismo capitalista que lidera Brasil altera ese cuadro, a pesar de la gran ambivalencia que caracteriza a la sub-potencia sudamericana. El MERCOSUR se mantiene estancado y Argentina no despunta, pero al compás de los gobiernos centroizquierdistas la UNASUR y la CELAC han logrado un inédito protagonismo.

La tesis pos-liberal resalta estas mutaciones y le asigna un gran impacto progresista. Pero olvida que esta configuración coexiste con un alineamiento neoliberal del Pacífico, que tiene el mismo (o mayor) peso regional. También omite que Brasil y Argentina han acentuado su amoldamiento económico a la exportación primaria.

Esta última adaptación es presentada por la visión opuesta, como una evidencia del “Consenso de commodities”. Pero con esta denominación se diluyen las diferencias y se pierde de vista el posicionamiento de un bloque sudamericano, que no adhiere económicamente a los TLC, no está sometido a la geopolítica del Pentágono y no opera a través de gobiernos derechistas.

La clarificación de estos problemas exige abordar otras dos singularidades latinoamericanas: el papel de la lucha social y la incidencia de los procesos radicales, que analizados en la tercera parte del texto.

25-1-2014

RESUMEN:

Estados Unidos no se desinteresa de América Latina. Con una diplomacia más afable despliega tropas para reorganizar su dominación. Todas las potencias apetecen los recursos naturales de la región. El avance europeo se ha detenido y la presencia china se acrecienta, disputando negocios pero no preeminencia político-militar.

El objetivo del ALCA resurge con el Tratado del Pacífico. El NAFTA ilustra las consecuencias sociales de estos convenios, que la burguesía mexicana utiliza para internacionalizar sus negocios. Existe una estrecha conexión entre esos acuerdos y los gobiernos derechistas, que no se renuevan sólo por medios constitucionales. El golpismo ha reaparecido en los pequeños países y fracasó en sus intentos de mayor alcance.

Brasil encabeza otro bloque con metas más autónomas de regionalismo capitalista. Se ha consolidado como sub-potencia semiperiférica y adopta posturas ambivalentes frente a Estados Unidos. Ese posicionamiento conduce al estancamiento del MERCOSUR. El país se expande en forma multilateral y evita los costos de la integración. Su opción por el agro-negocio limita la intervención geopolítica de UNASUR y CELAC.

Argentina ha quedado relegada y sujeta a imprevisibles vaivenes. Ya afloran los límites de una recuperación que preservó la renta y el comportamiento burgués improductivo. Los presidentes de centroizquierda son afines, pero el Lulismo gobernó desmovilizando y asimilando al PT al sistema. El Kirchnerismo reconstruyó el estado afrontando luchas sociales. Estas condiciones disímiles determinaron políticas económicas distintas. La tesis pos-liberal sobrevalora la gravitación del bloque autónomo sudamericano y la visión opuesta diluye la singularidad de este alineamiento

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