El pasado lunes se desarrolló, en Cartagena de Indias, Colombia, la VIII Cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico. El principal tema fue la liberalización comercial entre los países miembros. Así, se avanzó en la desgravación del 92% de los productos que intercambian, dando paso a una consolidación en su política de “libre comercio”. ¿Qué significó este paso?
Una primera conclusión, tras la reunión de Cartagena: podemos afirmar que la Alianza del Pacífico incrementó notablemente su política librecambista, punto nodal de su estrategia comercial. Es que el bloque regional, de acuerdo a la argumentación recurrente de sus miembros, privilegia las variables económicas por sobre “las políticas” -lo que diferenciaría a este organismo de Unasur y Celac, por ejemplo-. Este hecho oculta, claro, una voluntad política determinada: la menor injerencia estatal posible en el manejo de la economía. Se hace política con el argumento de “no hacer política”, como si las variables económicas fueran independientes de estas decisiones.
La grandilocuente liberalización comercial acordada entre los cuatro miembros fundadores (México, Colombia, Chile y Perú), con la eliminación de aranceles del 92% de los bienes y servicios comercializados entre estos países, cosechó diversas reacciones. ¿Qué consecuencias prácticas tendrán los acuerdos suscriptos en Cartagena? Veamos el caso de Colombia, para cuyo presidente -Juan Manuel Santos- la Alianza del Pacífico es la “niña bonita y codiciada” de la integración. La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), liderada por Rafael Mejía, afirmó que las medidas acordadas “perjudican gravemente la estabilidad del sector agropecuario”. A su vez, el gerente de la Asociación Colombiana de Porcicultores (Porcicol), Carlos Maya Calle, expresó que estos acuerdos son “perversos”, al no ofrecer oportunidades para los productores de carne de cerdo, de acuerdo a su consideración. Ambos han analizado que los más beneficiados por estas decisiones serán los grandes empresarios de México y Chile.
Desde su nacimiento, la Alianza del Pacífico realizó ocho cumbres presidenciales en menos de tres años, muy por encima del promedio de reuniones de alto nivel de ALBA, Celac y Unasur en el mismo período. Este es un elemento que no es menor a la hora de analizar el dinamismo que presenta el organismo. ¿Qué factor puede incidir en ello? Sin duda la cohesión ideológica de sus países miembros, conducidos todos por gobiernos conservadores, al menos hasta esta cumbre, donde se despidió Sebastián Piñera. Los gobiernos posneoliberales deberán tomar nota de la constante “proactividad” de este bloque, buscando a su vez dinamizar espacios como ALBA y Celac -que vienen de sendas cumbres, en diciembre y enero, respectivamente- pero también de Unasur, que encuentra en estos momentos una acefalía en su Secretaría General que impide su normal funcionamiento.
Algunas dudas aparecen tras la reunión de Cartagena. ¿Cambiará el nuevo período de gobierno de Bachelet el papel dinamizador que Chile le dió a la Alianza del Pacífico en estos años? Es díficil saberlo, y la implementación previa de los TLC parecieran descartar de plano la posible salida de Chile del organismo. Aún así, la voluntad política de Bachelet será determinante, ya sea para restar o sumar apoyo al bloque, que sigue siendo cuestionado por analistas y dirigentes políticos a lo largo y ancho del continente por su exacerbado librecambismo. ¿Qué papel cumplirá Costa Rica, quien firmó por intermedio de Laura Chinchilla su adhesión al bloque en esta reunión? La segunda vuelta presidencial en ese país, entre Luis Guillermo Solís (PAC) y Johnny Araya (PLN), será clave para no sólo definir los destinos internos, sino también para poder dar cuenta de qué tipo de integración se buscará durante el próximo periodo de gobierno. De seguir el PLN en el gobierno, posiblemente signifique un “alivio” para el resto de los miembros de la Alianza del Pacífico, considerando su cercanía ideológica y política con el resto de los mandatarios de este organismo.
