Finalmente sucedió: el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó el decreto por el cual se destituyó al progresista Gustavo Petro de la alcaldía de Bogotá, con la posterior inhabilitación de 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Cuál fue el delito de Petro, según el fallo del procurador Ordoñez? El intento de imponer un monopolio público de la limpieza de basura en la capital colombiana, según el cual se afectó la libre competencia en el rubro. ¿Se contradijo Santos en relación al papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso? ¿Por qué no se permitió efectuar el referendum público, donde Petro contaba -de acuerdo a las encuestas- con mayoría de apoyo popular? ¿Cuál fue la cobertura de los medios masivos privados continentales sobre esta decisión?
Fue en enero cuando Juan Manuel Santos afirmó que respetaría la decisión de la CIDH sobre el tema Petro. En aquel momento, el actual presidente y candidato a la reelección en mayo próximo había afirmado que "cuando la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) nos preguntó (...): usted qué opina sobre este caso en particular, le respondí: no opino, yo respeto lo que ustedes como Comisión determinen", en una entrevista con Noticias Caracol. Hoy, dos meses después, y tras la firma del decreto que dispone la destitución de Petro, Santos vuelve sobre sus palabras, dejando sin efecto la cautelar de la CIDH en beneficio del ahora alcalde destituido.
Una pregunta principal emerge tras esta decisión: ¿cuáles fueron las motivaciones de Santos para evitar una salida elegante a su favor, que se hubiera consumado en la realización del referéndum para que la población de Bogotá tome la decisión final sobre el caso? Una primer pista puede emerger del resultado de las recientes elecciones legislativas, donde triunfó el Partido de la U de Santos, seguido por Centro Democrático del ex presidente Álvaro Uribe -más allá de una altísima abstención-. Con el fortalecimiento de las opciones conservadoras, en mayor o menor medida, y la dispersión electoral de la izquierda y el progresismo, Santos parecer haber preferido evitar la audacia de dejar en manos de los bogotanos la decisión final, aún a riesgo de quedar asimilado a la decisión de Ordóñez -cercano políticamente a Uribe-. Además, con su firma Santos corta una posible candidatura presidencial de Petro, ya que la inhabilitación corre de acá a 15 años. Este elemento parece haber tenido un peso contundente en la decisión del actual presidente, evitando la generación de un contendiente de peso a corto y mediano plazo.
Un punto aparte merece la (no) cobertura informativa de los grandes medios privados de nuestro continente a esta unilateral decisión. El cerco mediático sobre el tema ha sido grande, similar a lo ocurrido frente a la inhabilitación de la ex senadora y defensora de DDHH Piedad Córdoba, a las recientes detenciones de dirigentes de Marcha Patriótica tras el Paro Agrario del año 2013, y al atentado sufrido semanas atrás por la ahora candidata vicepresidencial Aída Avella -quien irá a elecciones secundando a Clara López, del Polo Democrático, tras la unificación de las fuerzas de izquierda y progresistas-.
¿Por qué se han ocultado las razones que alega Ordoñez para destituir a Petro, relativas a la defensa de la libre competencia?. Haciendo un ejercicio de reflexión hipotético, ¿qué hubiera sucedido, por caso, si un hecho similar se hubiera registrado en el marco de los gobiernos posneoliberales de Venezuela, Argentina, Ecuador, Brasil o Bolivia? La doble vara de algunos grandes medios privados sobre las democracias en nuestro continente es cada vez más evidente: tiene relación directa con el mayor o menor cuestionamiento de los gobiernos a los poderes económicos concentrados en cada país.
