Presentación

El fallo de la justicia norteamericana que obliga a pagar a los fondos buitre puso un freno abrupto a la política del gobierno nacional de volver al ciclo de endeudamiento. Es un fallo que se inscribe en la lógica de la dominación imperial sobre los países periféricos que ha puesto en evidencia que la deuda no está resuelta y por eso ha recuperado centralidad.

Cualquiera de las alternativas actualmente en debate, tanto en el gobierno como en la oposición derechista, será gravosa para el conjunto de la economía nacional y particularmente para las clases trabajadoras.

En este documento, elaborado por varios integrantes de EDI –Economistas de Izquierda- pretendemos aportar un conjunto de elementos de análisis y de iniciativas para construir una salida favorable a los intereses populares.

Partimos de dos conceptualizaciones. Primero: el juez Griesa y los fondos buitre son sólo la expresión más recalcitrante de un mecanismo de endeudamiento propio del capitalismo contemporáneo, consustancial a la política de dominación imperial. Segundo: frente a la política de los pagadores seriales que implementan el gobierno y la oposición derechista es posible desplegar un conjunto de iniciativas para que los trabajadores y el pueblo no carguen con los efectos de esta crisis. La deuda es una responsabilidad exclusiva de las clases dominantes.

En síntesis proponemos: Rechazo a todo pago a los hold outs. Cambiar la jurisdicción de pago y recuperar soberanía jurídica. Revisar la legitimidad de los pagos, mediante la suspensión e investigación de la deuda. Gravar con impuesto extraordinario a los grupos económicos que han fugado capitales y evadido impuestos. Proteger los ingresos del país implantando el Monopolio Estatal del Comercio Exterior Resguardar los recursos financieros y monetarios mediante la Nacionalización de la Banca. Buenos Aires, agosto 10 de 2014

Adhesiones a: eduardo.lucita@yahoo.com.ar

Seis medidas para vencer a los buitres

Desde hace varios días se discute si Argentina ingresó o no en un nuevo default. Al cabo de un mes de intensas negociaciones no hubo arreglo, el gobierno transfirió los fondos para abonar a los bonistas que ingresaron al canje y Griesa mantiene bloqueado el cobro de ese dinero. Si en las próximas semanas no se llega a algún arreglo la inédita situación creada por un deudor que quiere pagar y no lo dejan será catalogada de algún modo.

Los buitres están subiendo la apuesta junto a un juez y un mediador a su entero servicio. Están empeñados en reforzar la extorsión para obtener ganancias millonarias por bonos que compraron a precio vil. Ya lograron un dictamen de cesación de pagos selectiva del país por parte del comité bancario (ISDA) que maneja los seguros contra default (CDS). El pago de esas protecciones se disparó y algunos buitres han comenzado a cobrar esas coberturas. También lograron una definición parecida de las agencias calificadoras de riesgo.

Cualquiera sea su grado de senilidad, Griesa mantiene la suficiente lucidez para adoptar todas las medidas que exigen los especuladores. Autorizó pagos a los bonistas europeos para evitar conflictos colaterales con Citibank o REPSOL y concentra toda su artillería contra Argentina en los tribunales estadounidenses.

Capitalismo al desnudo

La negociación del último mes fracasó por la negativa de los buitres a considerar los pedidos del gobierno argentino. Rechazaron la solicitud de reponer la cautelar que permitía continuar con los pagos a los bonistas que ingresaron al canje. Se negaron a blindar las tratativas hasta enero del 2015 frente a eventuales juicios derivados de la aplicación de la clausula RUFO. Esa disposición obligaría a pagar a todos los bonistas la misma suma otorgada a los buitres detonando un incalculable endeudamiento.

Esta intransigencia también obedece a la propia lógica del negocio-buitre, que se basa en incursionar en riesgosos litigios para cobrar sumas siderales, a partir de inversiones insignificantes. Cuando obtienen sentencias favorables exigen la percepción integra del dinero, sin la menor consideración por las consecuencias de su chantaje. Se lanzaron brutalmente a cobrarle al país, cuando percibieron la disposición del gobierno argentino a pagar fortunas a los litigantes del CIADI, REPSOL y el Club de Paris.

Con sus habituales extorsiones ya le impusieron fuertes cobros a Perú y más recientemente al Congo. Suelen investigar las rutas del dinero manejado por allegados a los gobiernos acosados e intentan acorralarlos con demandas adicionales hasta lograr su rendición. Algunas causas ya iniciadas en tribunales de Nevada anticipan su intención de comenzar esa cacería con Argentina. También volverían a ensayar embargos del tipo fragata Libertad.

Cualquiera de esas aventuras puede desembocar en problemas financieros internacionales de gran envergadura. Las distintas especies de buitres (fondos de alto riesgo, operadores de derivados, especuladores de acciones) suelen empujar periódicamente al sistema bancario a situaciones muy peligrosas. Por esta razón chocan con los gobiernos y organismos internacionales que intentan regular su actividad. Especialmente el FMI está muy descontento con una actividad, que socava las recientes reestructuraciones de deudas europeas que sucedieron al socorro concedido a los bancos.

En los últimos seis años se discutieron incontables propuestas para limitar las acciones financieras de los especuladores y no se aplicó ninguna. Especialmente Estados Unidos veta la instrumentación de estos controles. Los buitres gozan de la misma impunidad que mantienen los cobradores de altas bonificaciones por operaciones riesgosas o los artífices de la evasión en paraísos fiscales.

El conflicto actual con Argentina suscita preocupación en las altas finanzas por haber destapado la ausencia de una norma internacional para gestionar las cesaciones de pagos de economías en quiebra. A diferencia del ámbito privado no existe un principio de remodelación de las deudas públicas defaulteadas, a partir de cierto acuerdo entre el grueso de los acreedores. Un litigante puede sustraerse de los convenios convalidados por la mayoría, como ha ocurrido con el canje argentino que fue aceptado por el 93% de los bonistas.

Aunque las reestructuración más recientes incluyen prevenciones contra esta eventualidad (“clausulas de acción colectiva”), las nuevas enmiendas agudizan la diferenciación entre países. Tampoco son confiables las protecciones acordadas por algunos tribunales europeos a este tipo de convenios. Por esta razón, Stiglitz, el New York Times, cien renombrados economistas estadounidense y algunos funcionarios de Obama están irritados con Griesa. El litigio con Argentina pone en peligro el manejo de todas las deudas conflictivas del mundo.

El gobierno de Cristina todavía aguarda un sólido apoyo de este bloque del establishment en la disputa con los buitres. Supone que este conflicto permitirá avanzar hacia la introducción de alguna modalidad de capitalismo regulado, con mayor control sobre las finanzas.

No toma en cuenta la red de intereses que conecta a los buitres con toda la estructura política y económica de Estados Unidos. Los especuladores no sólo actúan a través de la derecha republicana. También financian un fuerte lobby compuesto por ex funcionarios del demócrata Clinton. A pesar de su molestia con Griesa, diversas instancias judiciales y del gobierno estadounidense convalidaron la sentencia del juez. Todos comparten el objetivo de maltratar a un deudor incomodo como es Argentina, que introdujo el canje y se mantuvo alejado del mercado voluntario de crédito.

La crisis en curso confirma que el capitalismo contemporáneo se reproduce confiscando a los trabajadores, a las familias endeudadas y a los países de la periferia. Otra variante de este sistema más proclive a la producción, la inversión o el consumo sólo existe en la imaginación gubernamental.

En la disputa con los buitres el gobierno recibió mensajes de solidaridad del G 77 más China, la UNCTAD, los países latinoamericanos reunidos en la OEA y de los participantes en las Cumbres del MERCOSUR y del ALBA. En estos momentos del conflicto se torna más evidente la necesidad de medidas prácticas de respaldo. Un sostén efectivo del Banco Sur y un apoyo cambiario de Fondos de Estabilización regional serían imprescindibles. La crisis actual es la oportunidad para motorizar o crear instituciones de protección regional contra las agresiones del capital financiero.
Escenarios internos y externos

En las próximas semanas notaremos hacia dónde se encamina la política del gobierno frente a los buitres. No tenía previsto los fallos adversos y afrontó la sentencia con desconcierto e improvisación, denunciando un día la extorsión de los buitres y sugiriendo al otro el desembolso del dinero.

Este conflicto obstruye la estrategia implementada desde la devaluación de enero para volver al endeudamiento internacional. Con esa finalidad se renegociaron en tiempo récord los litigios pendientes con el CIADI, REPSOL y el Club de Paris. Estos arreglos comprometieron desembolsos superiores a los exigidos por los buitres, para cancelar pasivos muy cuestionados.

Pero la expectativa de lograr créditos externos urgentes para refinanciar la deuda ha quedado bloqueada por la crisis actual. Mientras no haya arreglo con Singer, Griesa y Pollack, el crédito externo continuará escaseando o aparecerá a cuentagotas y a tasas impagables.

Los préstamos sustitutos acordados con China son limitados y atados a muchas condicionalidades. Son líneas contingentes (swaps) por 11.000 millones de dólares en yuanes, que fueron negociados a cambio de fuertes garantías (inmunidad frente a los buitres), a tasas considerables y con sede de litigio en Londres.

El escenario actual altera la decisión del gobierno de continuar actuando como “pagador serial” de la deuda. Aunque la proporción del pasivo en relación al PBI es inferior al nivel corriente de las principales economías, la capacidad de pago del país es muy reducida. En los próximos años hay fuertes vencimientos con bajas reservas y este estrecho margen de acción alienta la búsqueda de financiación internacional.

Nadie sabe cuál será el escenario externo de los próximos meses. Una alternativa del conflicto con los buitres es el comienzo de un limbo judicial, que induzca a demorar todas las decisiones. El propio Griesa mantuvo durante años cajoneado el caso argentino. Si persisten los enredos que genera su tribunal con los intermediarios de los pagos argentinos (Citibank, Eurostar, Bank of New York) podría prevalecer algún tipo de tregua hasta el 2015.

Pero también cabe la posibilidad opuesta de un vendaval externo, si los bonistas del canje se impacientan por no recibir el dinero. En ese caso podrían exigirle al gobierno el pago total e inmediato de la deuda, a través de un procedimiento denominado “aceleración de los bonos”. Esta demanda puede comenzar en cualquiera de las series impagas (par o discount) e involucraría unos 25.000-35.000 millones de dólares.

Mucho más importante será dirimir el tenor del escenario interno. Todos los datos económicos indican una coyuntura adversa en materia de recesión, caída del consumo e inflación. La principal incógnita a dilucidar es el carácter acotado o agudo de la crisis en curso, que se verificará en el comportamiento del dólar blue, los bonos o las reservas. Lo ocurrido en diciembre/enero pasado indica que no es tan sencillo patear la pelota hacia adelante.

El gobierno seguramente consideró las enormes exigencias de prebendas de los bancos nacionales (ADEBA) liderados por el banquero Britto, al bloquear su oferta de intermediación con los buitres. Ese grupo propuso intermediar en la adquisición de los bonos a cambio de una garantía a holds outs (250 millones de dólares) o mediante la compra de todo el paquete (700-800 millones). Los buitres exigieron una suma más cercana a los 1600 millones, pero las tratativas naufragaron por la resistencia del gobierno a aportar indirectamente parte de ese dinero (a través de alguna flexibilización del BCRA). También se negó a formalizar algún compromiso de la compra de los títulos en enero.

Los funcionarios saben por experiencia que los banqueros nacionales pueden convertirse en feroces buitres internos a la hora de cobrar esos títulos. Aceptar su “mediación patriótica” equivalía a crear una RUFO interna. Britto no sólo es un pirata comprometido en viejas privatizaciones de los bancos provinciales, sino que motorizó la brutal corrida cambiaria de diciembre. Esta presión les reportó a los financistas ganancias adicionales a las ya acumuladas durante los últimos tres años. Los bancos constituyen el único sector con récords de beneficios en plena recesión

Es probable que hayan intentado la mediación para proteger la cotización de los bonos que tienen en cartera, pero han buscado además la apertura de otra ventana de negocios. Observaron cómo el gobierno pago millones en comisiones y punitorios al Club de Paris y se tentaron con la obtención de alguna tajada en la disputa con los buitres. Rivalizan con Citibank, JP Morgan, HBSC y Goldman Sachs en el picoteo de alguna porción de los 1600 millones de dólares en discusión.

Una eventual reaparición del escenario crítico de devaluación-inflación en los próximos meses, seguramente mantendría grandes distancias con el derrumbe del 2001. La intensidad de la recesión es inferior, la solvencia de los bancos persiste, los precios internacionales de la soja son menores pero todavía rentables y la deuda pública no tiene aún magnitudes absolutas explosivas.

Sin embargo la erosión del modelo continúa al cabo de tres años de inflación, estancamiento y nula creación de empleo. En la coyuntura actual el consumo se ha contraído, caen las horas extras y contrataciones y aumentan las jubilaciones anticipadas, las suspensiones y los despidos mientras la balanza comercial se deteriora.

El déficit fiscal financiado con emisión se está disparando y a diferencia del 2003-2005, los pagos a los acreedores del exterior ya no ocasionan el principal agujero de la Tesorería. En cualquier caso el margen del gobierno para repetir la política anti-cíclica sin efectos inflacionarios se ha contraído significativamente.

Iniciativas inmediatas

Es indudable que ingresamos en una etapa llena de imprevistos que exige definir cuál es el camino para vencer a los buitres. Lo primero es subrayar el rechazo a cualquier pago a los hold outs, antes y después de enero del 2015. Un juez al servicio de los especuladores no debe imponer sus arbitrariedades, ni tratar a la Argentina como a una colonia. Es obvio que Singer y compañía no tienen derecho a cobrarle un solo dólar al país.

Pero lo más gravoso de cualquier pago vendría después, puesto que los 1600 millones que se embolsarían los buitres constituirían tan sólo la primera cuota de los 12.000-15000 millones, que exigirá una segunda oleada de litigantes. Estos “buitres de los buitres” obtendrían rápidos fallos favorables en Nueva York y alentarían peticiones equivalentes en Inglaterra, Alemania o Italia. Otra porción litigaría en el tribunal del Banco Mundial (CIADI), que ya acumula demandas contra Argentina por 20.000 millones de dólares.

Sólo explicitando claramente esta decisión de no pago a los especuladores cobrará sentido la consigna “Patria o Buitres”. En este caso implicaría hacer efectivamente lo que se proclama, en lugar de confrontar de palabra y negociar en secreto.

Es necesario, en segundo lugar, introducir un cambio radical de jurisdicción en todos los litigios financieros. El país está sometido al chantaje de Griesa porque renunció a la soberanía jurídica y acepta dirimir las controversias sobre la deuda en tribunales extranjeros. Es indispensable recuperar la plena soberanía jurídica nacional.

La disputa con los buitres ha creado una coyuntura internacional favorable para implementar ese traslado, puesto que existe una amplia experiencia en el mundo sobre las nefastas consecuencias de la especulación financiera. Es evidente que Argentina no debe dilapidar fortunas en las comisiones cobradas por los abogados estadounidenses. Todas esas actividades deben ser inmediatamente trasladadas a instituciones públicas del país.

El gobierno argumenta que debe respetar las disposiciones de contratos previos al canje. Pero la renuncia a la jurisdicción argentina continúo durante ese intercambio de títulos en el 2005 al mantener la sede de litigio en Nueva York. Se suele argumentar que “era la única forma de implementar esa negociación” luego del derrumbe del 2001. Pero los bonos emitidos recientemente (REPSOL, Club de Paris) han ratificado la extra-territorialidad jurídica.

La crisis con los buitres ha creado la posibilidad de poner fin a esta situación. Allegados al propio gobierno han difundido esta alternativa, pero en forma acotada y con el objetivo puntual de reemplazar los pagos que no se puedan realizar en el exterior. Este cambio de domicilio es sugerido también por algunos economistas del establishment, para recomponer los puentes con el sistema financiero internacional, mientras se negocia alguna salida con los buitres.

Si el cambio de jurisdicción se adopta con ese criterio el remedio será peor que la enfermedad, puesto que Argentina continuará vaciando sus reservas sin ninguna refinanciación de la deuda. Se mantendría la ciega estrategia de pagadores seriales, transfiriendo recursos a los acreedores con un ingenuo imaginario de desendeudamiento.

El propio gobierno reconoció que en la última década se pagaron 173.000 millones de dólares y se toleraron salidas adiciones de capital por otros 80.000 millones. Es completamente inútil cualquier cambio de jurisdicción a Buenos Aires si persiste esa hemorragia.

La recuperación de la soberanía jurídica debería ir acompañada de una tercera medida esencial: la revisión de la legitimidad de todos los pagos que se efectivicen localmente. Este mecanismo pondría en práctica la investigación de la deuda.

Es muy conocido el carácter fraudulento de gran parte de los pasivos que abona el país. Algunas deudas provienen de la época de la dictadura, otras corresponden a imposiciones del FMI y muchas derivan de la absorción pública de quebrantos bancarios. Algunos pasivos se originaron en la estafa del “mega-canje” y el “blindaje” y otros títulos sirvieron para financiar privatizaciones engañosas o salidas no registradas de capital.

Las investigaciones que se hicieron sobre estas anomalías fueron archivadas, pero los canjes no han borrado las huellas de esos delitos, ni impiden separar los fraudes de los compromisos legítimos. Investigar la deuda es la forma de ilustrar a las nuevas generaciones la infamia financiera que ha padecido el país. Aportaría argumentos contundentes a la batalla actual contra los buitres. Además, la investigación pondría de relieve la inconsistencia de confrontar contra Singer, mientras se abona a libro cerrado al Club de Paris.

El modelo de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) que implementó Ecuador es la mejor manera de encarar esta revisión de la deuda. Permite transformar esa reconsideración en un acontecimiento público de envergadura, con perfiles de CONADEP. Una investigación de la propia justicia anularía la iniciativa al caer en manos de un Oyarbide o al perderse en los laberintos de los tribunales. Las comisiones parlamentarias tienden a desembocar en la misma disolución.

La investigación también demostraría cuáles son los grupos económicos que deben ser gravados por su responsabilidad en evasiones impositivas y desfalcos perpetrados contra el estado. Estos impuestos especiales constituyen una cuarta medida esencial. Los grupos capitalistas no conforman sectores intocables. Un gobierno con autoridad puede controlar y transparentar sus transferencias al exterior y poner la lupa sobre sus recursos dentro del país.

Los millones de dólares expatriados durante la última década surgieron de ganancias y rentas creadas en Argentina. La estimación oficial de 205.000 millones de dólares de capitales argentinos localizados fuera de las fronteras se ha quedado corta frente dos estudios recientes que elevan esa cifra a 379.000 y 440.000 millones.

Este vaciamiento fue tradicionalmente financiado con endeudamiento público. Un peligroso anticipo de repetición de esa pesadilla es el blanqueo en curso para todos los evasores de gran porte. Desde hace meses se renueva un perdón fiscal para quienes sustrajeron fondos. La complicidad con la salida de capitales se extiende ahora a su reingreso.

La puesta en marcha de todo este proceso no implica un default de la deuda, sino la suspensión de los pagos mientras se verifica su legitimidad. No expresa la imposibilidad de hacer frente a los compromisos sino la decisión soberana de revisarlos.

Protección nacional y sostén popular

Los capitalistas pospondrán sus presiones en los próximos meses, si apuestan a una solución negociada después de enero que incluya el retorno oficial al endeudamiento iniciado con el CIADI, REPSOL y el Club de Paris. Por el contario, si esta agenda ortodoxa se frustra los mercados volverán a temblar. El gobierno carece de algún plan para afrontar esta situación. A principio de año optó por la devaluación que exigieron los exportadores y banqueros, renunciando a confrontar con los vaciadores de la economía. La repetición de esta sumisión conduce al ajuste, a los tarifazos y al deterioro de los salarios.

Para transitar por otro sendero hay que proteger los recursos nacionales contra los buitres internos, que utilizan cada crisis externa para incrementar sus riquezas y su poder. Ese reaseguro exige adoptar dos medidas claves: el establecimiento de un monopolio estatal sobre el comercio exterior y la nacionalización de los bancos.

La primera medida implica introducir un inmediato y completo control público para custodiar las divisas generadas por las exportaciones, que en las coyunturas de crisis son retenidas, ocultadas o fugadas por el puñado de compañías que comercializadoras. Sólo el manejo estatal completo y transparente de esta actividad impedirá la presión devaluatoria recurrente que desencadenan esos grupos.

La nacionalización de los bancos supone la transferencia inmediata de todas las operaciones comerciales y financieras en moneda extranjera al sistema público. Esta medida (junto a la implantación de un control de cambios regulado, eficiente y no arbitrario) es necesaria para evitar la fuga al exterior de las divisas o su sustracción del circuito formal de la economía. Los bancos privados se especializan en este tipo de maniobras. Con la devaluación de diciembre pasado hicieron fortunas calentando el dólar paralelo.

Para vencer a los buitres se necesita este programa integral en el plano interno. Sin un estricto control estatal del ingreso y egreso de la divisas no hay forma de proteger las reservas, que resguardan la evolución de los precios y el nivel de actividad.

La batalla contra los buitres exige, finalmente, un sólido sostén en la movilización popular. Las negociaciones con abogados y juristas no definirán el resultado de este conflicto. Pero la población no se comprometerá en esa lucha si al mismo tiempo es víctima del ajuste iniciado en los últimos meses, con la evidente pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. La defensa de los recursos e intereses nacionales no puede condicionar la protesta social.

El gobierno no sólo convalida este recorte de los ingresos populares, sino que podría utilizar la disputa con buitres para disuadir la protesta social. Pospone el aumento del piso y las escalas del impuesto a las ganancias que tributan los trabajadores, aduciendo la prioridad de confrontar con los financistas. Oculta que el dinero destinado a pagar al Club de Paris, a REPSOL o al CIADI podría servir para reabrir las paritarias, aumentar a los docentes o subir el mínimo no imponible.

No cabe duda que existe un gran rechazo popular contra los buitres y una oposición masiva a su chantaje. Es totalmente falsa la analogía que hace la derecha de este conflicto con Malvinas, sugiriendo la preparación de una aventura que concluirá en la derrota del país. La comparación es completamente absurda e intenta crear un clima de inutilidad de cualquier confrontación con el capital financiero. Oculta especialmente los terribles costos sociales de la actitud opuesta de sometimiento.

Gran parte de la oposición derechista elogia a la justicia estadounidense, acepta el fallo de Griesa, propone abonarles a los buitres al contado o concretar un depósito como muestra de buena voluntad. Presiona por un rápido retorno a la agenda de re-endeudamiento e insiste en el viejo cuento de “no aislarnos del mundo”.

También el gobierno considera la posibilidad de acordar con los buitres antes de enero a través de la mediación de cuatro bancos extranjeros, que comprarían el paquete de los holds outs para canjearlos por bonos en el 2015. Esa intermediación de los financistas implicaría algún tipo de prebendas en la colocación futura de empréstitos argentinos.

Al cabo de una década el problema de la deuda vuelve a dominar la agenda de la economía. Se proclamó que esta herencia había quedado resuelta con el canje, pero el conflicto con los buitres desmiente esa ilusión. Este problema sólo comenzará a resolverse cuando Argentina opte por no endeudarse. El país tiene suficientes recursos propios para administrar sus gastos si ordena su ahorro e impide el drenaje de excedentes.

Llegó el momento de asumir este principio.

Buenos Aires, agosto 10 de 2014